El papelón por las cosechadoras entrerrianas no será el único dolor de cabeza para el oficialismo.

Luego de que la semana pasada, la Justicia decretara la quiebra de Grandes Máquinas, la empresa de la familia Senor, que debía fabricar las unidades que se exportarían a Angola, hay otro caso que compromete a Cristina Fernández y al gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri.

Además de un caso de emprendimiento fracasado, la quiebra de esa empresa es también una presunta maniobra defraudatoria y de desvío de fondos públicos que se investiga en la Justicia.

Grandes Máquinas es una empresa cordobesa radicada en Entre Ríos. De los talleres instalados en Concepción del Uruguay salió la única cosechadora construida, y luego abandonada. La noticia compromete al gobernador Urribarri, ya que fue él quien convenció a la Presidenta la idea de promocionar la construcción y exportación de estas cosechadoras.

La deuda más importante de esta empresa es con el Estado entrerriano a través del Finver, que le reclama 6.052.707 pesos por subsidios que le dio entre 2009 y 2012 para montar la fábrica de cosechadoras.

También la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) exige el pago de 778.000 pesos y la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) reclama una deuda de 250.000 pesos. Además, el Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay presentó documentos por 56.000 pesos en concepto de alquileres impagos por el galpón que utilizaba la empresa en la zona del puerto de la ciudad del sur entrerriano.

Otro caso a punto de explotar

El caso anterior no es el único que incomoda a Cristina y Urribarri. En la foto de esta nota se los puede ver a ambos en la reapertura del frigorífico San José, en julio de 2012.

Según explica el periodista de investigación Matías Longoni, quien hace un año adelantó la situación de las cosechadoras, en esa imagen se los puede ver a ambos en la planta de faena (Ex Vizental), que había sido cerrada por JBS, un grupo brasileño, en 2010.

Fue en 2012 cuando Urribarri promovió su estatización, la cual se hizo por ley, y se creó una nueva empresa, 85% propiedad del estado provincial y 15% de un grupo local de ganaderos.

El costo de la reapertura del frigorífico San José fue de al menos $90 millones. La mayoría del dinero se giró a través de créditos del Bicentenario. Sin embargo, nunca se cumplieron los objetivos planeados ni se inyectaron correctamente los recursos necesarios para mantener la productividad.

Así es que, a pesar de semejante inyección de capital, el frigorífico está cerrado hace dos meses y peligran 120 puestos de trabajo. Pero más curioso es que, ahora, Urribarri quiere  vender el frigorífico a un  grupo privado. La pregunta que surge es: ¿Y los 90 millones de pesos? ¿Para qué se usaron?

Otro escándalo en puerta.