Luego de que las autoridades económicas desistieran de publicar la medición de la pobreza se agravó la polémica sobre cuántos son los pobres que reduce la visibilidad de las regresivas consecuencias que tiene asociado el despilfarro del gasto público.

La pobreza en la Argentina se mide en función de la Canasta Básica Total (CBT). Con esta metodología se consideran pobres a las personas cuyos ingresos del hogar son inferiores al costo de la CBT.

Dado que a partir del año 2007 se empezó a manipular los índices de inflación, los precios con los que se valora la CBT quedaron subestimados. Esto llevó a subestimar también la cantidad de pobres. Por eso para el INDEC en la primera mitad del año 2013 la pobreza afectaba a solo al 4,7% de la población.

Sin embargo, una forma alternativa de medir la marginalidad social es considerar pobre a la gente cuyo ingreso no supera el 60% de la mediana de ingresos de la población. Este indicador es usado en los países avanzados porque se asume que es el más apropiado para medir inclusión desde el punto de vista de los progresos que obtienen los sectores más postergados respecto al resto de la población.

Según el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) procesando datos de las encuestas de hogares del INDEC se puede medir la evolución de la pobreza bajo esta metodología y compararlos con datos de gasto público difundidos por el Fondo Monetario Internacional.

Así, se observa que entre los años 2004 y 2013:

· La pobreza medida según el método del 60% de la mediana de ingresos de la población pasó del 31% al 26% de la población, o sea bajó 5 puntos porcentuales.

· El gasto público total del gobierno nacional, provincial y municipal medido en términos reales pasó de $735 mil millones a $1.200 miles de millones, o sea creció un 64% por encima de la inflación.

· Esto implica que por cada $100 mil millones de aumento del gasto público real, la pobreza se redujo a razón de apenas un punto porcentual.

“Estos datos muestran que la reducción de la pobreza ha sido muy modesta, especialmente cuando se la contrasta con el intenso aumento del gasto público que hubo en los tres niveles de gobierno en la década”, resalta Idesa en su último informe.

“Se trata de una evidencia sólida de que el aumento del tamaño del Estado no generó inclusión. Dicho de otra manera, los pobres sufren el aumento de los impuestos, pero se benefician muy poco del aumento del gasto público”, agrega.

El ejemplo más ilustrativo de regresividad en el uso del gasto público son los subsidios económicos. En el año 2013 se asignaron $134 mil millones a subsidiar empresas públicas y privadas. Los subsidios equivalen a más de $1.000 por mes por cada pobre urbano de la Argentina.

Pero en lugar de utilizarlos en políticas públicas que asistan a los pobres, los subsidios fluyen hacia los segmentos medios y altos, especialmente los que viven en Buenos Aires, a través de tarifas de servicios públicos que no cubren los costos. Más regresivos aún resultan los subsidios cuando terminan beneficiando a contratistas y empleados del Estado, como ocurre con los subsidios a Aerolíneas Argentinas.