Performance, holdouts, stay, pari passu, RUFO, default. Entre anglicismos, latín y siglas, la Argentina recorre otro tramo de su largo camino de padecimientos con la deuda externa, en una batalla que amenaza con causar más inestabilidad económica pero también algunos réditos políticos para Cristina Kirchner.

La promesa de Néstor Kirchner de dejar un país previsible y ordenado en sus cuentas externas, formulada el día del discurso de su asunción presidencial, parece flaquear cuando restan horas para que la Argentina sea declarada otra vez en default.

El Gobierno exhibió argumentos atendibles para incumplir el lamentable fallo del juez Thomas Griesa, quien ordenó pagar la totalidad de lo reclamado por los fondos especulativos, que compraron bonos en default y luego litigaron en las cortes estadounidenses hasta que todas las instancias le dieron razón.

Pese a que la cuestión es muy técnica, tanto Cristina Kirchner como el ministro Axel Kicillof señalaron que así como el juez Griesa interpretó a su modo la cláusula pari passu —que pone en términos de igualdad a todos los tenedores de bonos— para beneficiar a los buitres; otro juez podría considerar que la Argentina violó otra cláusula clave si acepta pagar a los holdouts lo que pide el veterano magistrado de Nueva York.

Se trata de la ya célebre cláusula RUFO -por su sigla en inglés- que habilita a bonistas reestructurados reclamar el valor original de sus bonos -tras haber aceptado una quita altísima en los canjes de 2005 y 2010- si otros tenedores consiguen una mejor retribución antes del 31 de diciembre de 2014.

Por eso la Argentina reclama insistentemente que el magistrado otorgue un "stay" -cautelar- que permita pagar los vencimientos de aquellos que entraron al canje -bonistas performance- y pasar el 31 de diciembre para evitar la RUFO.

Al mismo tiempo pretende mejorar su postura para negociar con los fondos buitre y el resto de los holdouts, los que, sumados, tienen bonos por 15.000 millones de dólares.

Consecuencias

A juzgar por lo que la mayoría de los economistas prevé, un eventual default el próximo miércoles 31 de julio aumentaría el clima de inestabilidad económica y prolongaría el freno de la actividad, aunque no cambiaría radicalmente el escenario actual.

Las provincias lograron superar la primera mitad del año con menos zozobra que la esperada, incluido el pago del aguinaldo al sector público, pero la continuidad del pleito buitre las dejaría sin financiamiento externo y con panorama complejo hacia fin de año, alertó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

Además, algunos especialistas alertan sobre las acciones que podrían iniciar aquellos que ingresaron a los canjes y se vean imposibilitados de cobrar los servicios bloqueados por Griesa.

No obstante el escenario adverso, quedará flotando en el horizonte la posibilidad de que un acuerdo con los litigantes se pueda alcanzar a partir de enero.

El no acatamiento del fallo en las actuales condiciones ya había sido recomendado por el estudio que patrocina a la Argentina en el caso, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, que aconsejó —en un memo— la caída de los canjes vigentes y una nueva reestructuración total bajo jurisdicción argentina.

También, voceros oficiales dejaron trascender que podría haber dos caminos en caso de que no haya una solución al tema antes del próximo miércoles: pedirle a la Justicia argentina que revise la jurisdicción del canje y recurrir a la Corte Internacional de La Haya contra las decisiones de la Justicia estadounidense.

Pero más allá de la estrategia oficial y de las consecuencias económicas, el pleito contra los "buitres" acaparó la agenda política de los últimos días y volvió a otorgarle a la Presidenta una centralidad que iba a perder inexorablemente con el lanzamiento anticipado de la campaña electoral para 2015.

Los principales precandidatos propiciaron un acuerdo inmediato con los fondos especulativos y ahora están en una posición incómoda, siendo espectadores y comentaristas del problema.

No es que este período proselitista se haya retrasado, porque la mayoría de los precandidatos ya recorre el país, sino que quedó opacado y acaparado por el conflicto entre el país y un grupo de "malos" solo vistos en fotos con canas y jorobas.

La forma en que lleva adelante el gobierno el litigio con los fondos buitre registró en las últimas semanas un incremento en el nivel de aceptación de parte de la población, según una encuesta realizada por la consultora Poliarquía.

De acuerdo con el relevamiento, el 47% de las personas encuestadas evalúa "positivamente" la actuación del gobierno frente al tema, mientras que el 21% lo califica de manera "regular" y el 25% de manera "negativa".

El relevamiento lleva la firma del director de la consultora Alejandro Catterberg, quien dijo que el apoyo que recibe la posición del gobierno por parte de la gente "no debe sorprender".

"Pelearse con fondos buitre, sus millonarios dueños y jueces norteamericanos caricaturizados como conservadores intransigentes es el sueño de todo líder populista de un país con una sociedad proclive al estatismo, con tendencias anticapitalistas y poca tradición de respeto a las reglas", señaló.

Con cabildos abiertos y movilizaciones, el ultrakirchnerismo se prepara para llevar a la calle la pulseada, como ocurrió en el conflicto con el campo, mientras Cristina Kirchner buscará seguir poniéndolo en la marquesina internacional.

En el plano diplomático, la Argentina recibió respaldos, medias palmadas e indiferencia pero la tensión creciente puso también en la mira al propio juez. Así lo reflejó esta semana un artículo del New York Times que llegó a preguntarse si Griesa estaba en condiciones de lidiar con un caso tan sensible.

 Gabriel Profiti