La Argentina está ingresando en el segmento más temido del delito: los secuestros. Hay un silencio sepulcral sobre varios casos que nunca han salido a la luz, por obvias razones: evitar el efecto imitación. El narcotráfico trae al país una vieja práctica que se conoció en Argentina en los años 70 y 80. Este fenómeno indica que hay instalada en el país, bandas perfectamente organizadas y con estructuras poderosas. El delito muta y las antimedidas estatales son escasas, poco eficientes, desactualizadas y sin organización.

En poco tiempo más, la sociedad argentina deberá enfrentar un nuevo flagelo: el secuestro extorsivo en su más descarnada manifestación. El aumento de la criminalidad en un país como el nuestro, con pocas contramedidas y menos control, es proporcional al cambio metodológico del crimen y todo ello viene con el afianzamiento de las bandas organizadas que logran echar bases a través de delitos que manejan millones de dólares, anualmente, como lo son el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de armas.

La ola criminal que ha llegado de países periféricos con migración acordada como Colombia y México, donde grupos para estatales convienen con los delincuentes (especialmente los primeros mandos o segundos, en el caso de los cárteles), facilitarles la salida hacia países más “amigables”, ha permitido que lleguen en los últimos 15 años a la Argentina y de a poco se ha ido instalando la metodología brutal de los narcotraficantes, especialmente el asesinato público, de manera express, con atentados de resolución rápida y escape asegurado. Esto ha dado lugar a la aparición de los conocidos Killer que se mueven en motos o autos pequeños, denominados “Sicarios”, una creativa forma de matar por la espalda que se generó en la Colombia anterior a Pablo Escobar Gaviria.

Pero la etapa que viene ahora es la de los secuestros, donde el delincuente logra en menos tiempo, mayores beneficios. Para tal fin, quienes más expuesta estará será la clase más acomodada y en la medida en que estos se vayan “blindando” con el paso del tiempo, el secuestro mutará hacia sectores medios y terminarán interfiriendo prácticamente con toda la vida ciudadana. Esto es así aquí y en cualquier país donde la inseguridad no ha podido ni puede ser combatida por los medios convencionales, porque este nuevo delito es de tal sofisticación, en su concepción, que hace imposible a gobiernos como el Argentino, con gran propensión a la improvisación en la materia, articular acciones planificadas, desarrollar políticas y recursos para generar grupos especializados de combate a esta verdadera lacra criminal.

Entre las comprobación de si los bandidos hablan en serio o son simples aprendices de secuestradores, la sociedad va a sufrir importantes bajas, en su mayoría producida por la mala praxis policial o la incapacidad para resolver por parte de Jueces y Fiscales que tras la búsqueda del garantismo al criminal, le quita la garantía a nuestras vidas y familias. El secuestro debe ser tratado como un delito de lesa humanidad y sus autores debieran ser expuestos a las leyes de mayor rigurosidad y sin ningún tipo de excepción. Así como se ha procesado y condenado al aparato del Estado y a los criminales del Proceso, por secuestro y desaparición de personas, al secuestro civil se le deben aplicar las mismas penas, por lo que implica el delito en sí, la vejación de la víctima, la tortura física y/o psicológica a la que la someten, los tormentos que recibe o la muerte con la que en muchos casos terminan estos aberrantes hechos. Un secuestro no es un crimen “al voleo”; casi siempre existe una organización, estructura, una planificación previa y los autores actúan con total premeditación y alevosía.

Para combatir eficazmente el secuestro, hace falta decisión política, fondos, capacitación y por sobre todo, jueces y fiscales probos con vocación de servicio, no solo por impartir justicia en un nivel de equidad, sino sin colgar detrás de la puerta la ética, la valentía, la honestidad intelectual, el sano criterio y el juramento de defender a la sociedad de este tremendo flagelo.

Rubén Lasagno
OPI Santa Cruz