Es imposible no emocionarse con las palabras de Estela de Carlotto. Una abuela que luego de 36 años encontró a su nieto. La titular de Abuelas sabía que había nacido en cautiverio. Durante años, los perversos servicios de inteligencia —muchos de sus integrantes reciclados en nacionales y populares— hicieron correr falsas historias sobre la hija de Carlotto como también de los hijos de Hebe de Bonafini. Aún hoy, muchos argentinos reproducen tales mentiras. La recuperación de Ignacio Hurban es un hecho histórico. A la emoción no se la discute. Ahora bien, la utilización política y la tergiversación de la historia, sí merecen debatirse e incluso cuestionar.

Aplaudo que Estela haya dicho que es un triunfo de todos, de la sociedad y que es una abuela más. Es el discurso que la colocó en un lugar de referente por amplios sectores de la sociedad. Esa trayectoria sólo se empañó cuando se encegueció con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y prejuzgó sobre los hijos de Ernestina Herrera de Noble o se sumó a la división maniquea de la historia, entre buenos y malos impuesta por el relato.

Anteayer, uno de los peores días para el kirchnerismo, en el que el vicepresidente Amado Boudou estaba por sumar un nuevo procesamiento judicial, la estrategia del gobierno frente a los fondos buitres se volvía a dar la cabeza contra la pared, la jueza federal María Servini de Cubría ordenaba allanar la sede de la Asociación del Fútbol Argentino, la noticia del nieto recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo le venía como anillo al dedo al gobierno para tapar el sol con la mano, al menos por unas horas. ¿El hecho no existió? Nadie duda de eso. Pero como periodista y analizando los antecedentes que tiene este gobierno en adueñarse de las alegrías que deberían ser de todos y en modificar la historia de cualquier manera, creo que el kirchnerismo comenzó a montar un nuevo capítulo a su “épica” trayectoria de la que hacía mención el director, guionista y productor, Juan José Campanella el lunes pasado.

En los medios de comunicación —críticos, oficialistas, paraestatales, liberales— los voceros del kirchnerismo salieron en cadena nacional a festejar el hallazgo de un nieto con las “incuestionables” políticas de derechos humanos que Néstor Kirchner habría puesto en marcha a partir del 25 de mayo del 2003. “Es una política de estado”, aludiendo a la recuperación de nietos, decía el diputado nacional Juan Cabandié que frivolizó su propia historia chapeando a una agente de tránsito con su pasado en el que “se bancó la dictadura”. Lo hizo para evitar pagar una multa. La frivolidad política no es sólo un defecto de Martín Insaurralde. Hace dos años le pregunté sobre los hijos de Ernestina y los manejos espurios de la Fundación de Bonafini al ex diputado nacional Juan Carlos Dante Gullo. El histórico dirigente me contestó: “Estamos buscando nietos, ¿entendés? Nietos. Yo tengo a mi madre desaparecida. Entonces no se puede cuestionar esas cosas”. Cuando le recordé que no era yo el que compartía la mesa con un “cómplice de la dictadura” como Héctor Magnetto, Gullo le echó la culpa a los “tiempos” de la política.  

En medio del canto de sirenas del relato oficial, en las redes sociales, decenas de fanáticos me exigían dejar de dar malas noticias y que me rectificara de haber titulado a mi libro anterior. “El negocio de los derechos humanos” es una espina que, más de uno, tiene clavada. Como si fuese el flautista de Hamelin, uno de los referentes del Partido Justicialista en la ciudad, repasaba en televisión los “logros” del proyecto nacional y popular en materia de derechos humanos. Vale recordar que ese partido político, impulsaba la amnistía a los militares. Cristina fue uno de los millones de argentinos que votó esa propuesta. Y para algún desmemoriado habría que decir que el Banco Nacional de Datos Genéticos fue creado en 1987. En 1992, durante el gobierno de otro justicialista —mal que les pese a muchos— Estela de Carlotto disfrutó de un te con macitas en Olivos junto con Carlos Saúl Menem. Por ese entonces, el ex presidente había firmado los indultos a los militares y a los líderes de las organizaciones guerrilleras. Carlotto le entregó un petitorio a Menem con varios puntos, entre los que se incluían la colaboración del gobierno en la búsqueda de los nietos, la creación de un organismo específico —lo que sería la CONADI— y la difusión de sus tareas. Menem aceptó sin chistar. Todos se sacaron fotos sonrientes, junto con otras 50 personas, entre ellos, varios periodistas influyentes de esa época. Lo acompañaban Claudia Bello y el polémico Ministro del Interior, José Luis Manzano, actual empresario de medios cercano al kirchnerismo. El dato demuestra que no sólo este gobierno quiso y entabló relaciones con los referentes más importantes de los organismos de derechos humanos. Por otra parte, confirma que la política de derechos humanos, con sus idas y vueltas, no comenzó con el kirchnerismo. Para los lectores menores de 30 años, en la Argentina se realizó un histórico juicio a las Juntas Militares. A la actual Presidenta no se le conoció participación alguna en el hecho. Pero, es posible, que durante el 2015, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, encuentre la participación secreta de los Kirchner como ideólogos del juicio.

¿Qué es una política de estado en materia de derechos humanos? En la práctica sería algo así como hablar de política ferroviaria y tapar la corrupción y la tragedia del 22 de febrero del 2012. Es como llenarse la boca con los pueblos originarios y abrazarse con Gildo Insfrán. O confiar en que la Presidenta se hizo millonaria, de la noche a la mañana, porque es una abogada exitosa que participó en dos o tres juicios en su vida. El relato tiene una extraña manera de calificar a los derechos humanos. El mismo día en que se adueñaba de la felicidad que significa encontrar un nieto más, se ordenaba extraer pruebas de ADN a un hijo del gobernador tucumano, José Alperovich.

La memoria, verdad y justicia para saber quién asesinó a Paulina Lebbos en febrero del 2006, es más lenta que la tortuga Manuelita. El encubrimiento por parte del poder político y judicial tucumano que ha denunciado su padre, Alberto, en ocho años, no tuvo eco en Casa Rosada ni provocó que nadie se pusiese colorado. Hasta hace poco, la senadora y esposa de Alperovich, Beatriz Rojkés, era la tercera en la línea sucesoria de la Presidenta. El 9 de julio del 2013, Lebbos intentó dejarle una carta a la Presidenta. No pudo. El gas pimienta de la policía local le nubló la vista. Es la mirada maniquea de los derechos humanos que esboza el relato oficial. Derechos humanos que convirtió en una sociedad anónima y en negocio privado expresado en el trunco programa de construcción de viviendas, Sueños Compartidos.

Las causas nobles y justas trascienden a los gobiernos. La Presidenta es capaz de creer que San Martín cruzó los Andes gracias a ellos, que los goles de Messi surgieron de su ingenio y que el mundo se nos cae encima porque no se bancan que tengamos un modelo económico y productivo exitoso. Algún trasnochado, avalado por el oficialismo, confundirá la histórica noticia de anteayer con un supuesto mérito de este gobierno. Cuando baje la espuma de las olas del mar, la Argentina seguirá igual. Con inflación, inseguridad, recesión económica, una sociedad intolerante y dividida, y con un gobierno que está escribiendo sus últimas páginas para reinventarse fuera del poder y la caja estatal. Serán tiempos de contrahegemonía y de resistencia “revolucionaria”.

Luis Gasulla es autor de "El negocio de los derechos humanos"