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La última decisión del gobierno de Cristina Kirchner de enviar un proyecto de ley al Congreso para modificar las condiciones de pago de los bonos confirma dos cosas. En primer lugar que no había intención de cumplir con el fallo del Juez Griesa en el 2015, luego del vencimiento de la cláusula RUFO. De hecho, esta cláusula se usó como excusa para justificar no acatar un fallo firme de una corte de justicia elegida por Argentina. La explicación es más simple que teorías de negociaciones secretas. El Kirchnerismo no quiere pagar, punto. A veces la ideología supera la pura racionalidad económica. En segundo lugar, que Argentina se está encaminando no sólo hacia un default ‘económico’ o ‘financiero”’ sino también hacia un default ‘institucional’.
Las consecuencias del default económico posiblemente sean un agravamiento general del ya delicado cuadró económico del país. Para un gobierno que tan fácil le resulta apartarse de la transparencia, el ‘Griesafault’ puede ser usado como excusa para justificar los magros resultados económicos de modelo K, profundizado por el Ministro Kicillof y su equipo. Créditos (externos) al sector privado se verán reducidos, sino eliminados. Las provincias, también con una importante falta de disciplina fiscal, se verán imposibilitadas de emitir bonos para financiar su déficit, o deberán hacerlo a tasas muy altas. En un cuadro de default, los prestamistas institucionales no utilizan el crédito de sus depositantes para financiar países en default. El mundo es mucho más grande que Argentina y alternativas no les faltan. Son, justamente, los fondos ‘buitre’ (como se dice desde el gobierno), quienes prestan a países en serios problemas. Aquellos prestamistas que se salen de las convenciones internacionales. Si bien es cierto que se habla del nuevo default, Argentina no terminó de arreglar con sus acreedores luego del 2001. Por eso había un juicio abierto y por eso Argentina tenía limitado el acceso a créditos internacionales. De hecho, el gobierno de los Kirchner se financió con fondos de Venezuela a tasas ‘buitre’.
Pero este proyecto de ley también implica un default institucional. Esto es un aspecto novedoso respecto a defaults anteriores. Si bien este default es menos explosivo que el del 2001, el daño institucional, cuyas consecuencias son de largo plazo, pueden ser más graves. Dado que, para ofrecer seguridad jurídica, Argentina voluntariamente aceptó someterse a legislación internacional en la emisión de deuda, rechazar el fallo de Griesa implica renunciar a ofrecer un marco jurídico que de la confianza en el país que su dirigencia política no sabe o no puede dar. En definitiva, lo que Argentina (gobernada por el Kirchnerismo) le está diciendo al mundo es que el país paga sus deudas si quiere, como quiere, y donde quiere. La semántica y el relato política pueden adornar pero no cambiar este mensaje. Si Argentina rechaza la legislación NY, ¿por qué no va a rechazar las otras jurisdicciones internacionales donde a emitido deuda? ¿Y desde cuando la justicia Argentina ofrece mayor seguridad a los acreedores que las cortes internacionales bajo la cual se suelen emitir títulos de deuda (cuántos otros países emiten sus bonos bajo legislación Argentina?)
El problema del deterioro institucional es que las instituciones no pueden ni construirse ni repararse como se puede hacer con un auto en una fábrica o planta. Los problemas económicos e institucionales que el Kirchnerismo está dejando de herencia no se arreglan con buenos modales políticos, se arreglan con decisiones firmes, difíciles, pero necesarias. El gobierno hace un cálculo equivocado al creer que de cambiar la jurisdicción de pago tiene poco que perder.
El riesgo país, el riesgo de lidiar con un país con una dirigencia política como la de Argentina, puede verse afectado por un largo plazo que no justifica no acatar el fallo de una justicia a la que la que el país se sometió voluntariamente. Por ahorrarse el 1% de la recaudación anual, el costo financiero en Argentina puede ser mayor al necesario por varios años. Cuando el dueño de un comercio se vea sin acceso a crédito o deba afrontar altas tasas teniendo que cerrar o despedir personal, va a estar pagando el costo de mantener un 1% de clientelismo político.
