Desde que la Corte Suprema de Justicia estadounidense dejó firme el fallo a favor de los fondos buitres, en junio pasado, el Gobierno nacional desanduvo un trabajoso intento de reinserción internacional y volvió a escudarse en una coraza nacionalista.

Ya parecen lejanos los acuerdos con Repsol por la expropiación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), con las empresas que litigaron en el tribunal del Banco Mundial (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, Ciadi), o con el Club de París porque la crisis de la deuda bloqueó el camino encarado para buscar financiamiento internacional e inversiones frente a la escasez de dólares.

El Gobierno argentino se replegó en sus antiguos aliados internacionales en Latinoamérica, Rusia, China y el eje Sur-Sur y dinamitó los puentes que había construido con las potencias.

El nuevo giro diplomático fue explícito durante el paso de Cristina Fernández de Kirchner por la 69 Asamblea Anual de la Organización de las Naciones Unidas (ON) en Nueva York (Estados Unidos), donde les reprochó a las potencias la falta de solidaridad con el país en la pelea contra los holdouts.

En el mismo atril donde ocho años antes Hugo Chávez dijo que había olor a azufre por el paso de George W. Bush, Cristina también cuestionó a Estados Unidos por su abordaje belicista de las viejas y nuevas crisis en Medio Oriente.

Horas después, la jefa de la diplomacia estadounidense para la región, Roberta Jacobson, reconoció que la relación con la Argentina pasa por un momento “difícil”.

La tensión había escalado en las últimas semanas con las declaraciones del responsable interino de la embajada en Buenos Aires, Kevin Sullivan, quien había expresado su deseo de que el país salga del “default” lo antes posible.

En la recepción brindada el jueves pasado a dos nuevos funcionarios de la sede diplomática, Sullivan señaló en charlas informales que quiso hacer un aporte “constructivo”, aunque Washington ya venía retaceando apoyo al país.

Este nuevo contrapunto no tiene nada que envidiarles a otros anteriores como cuando Arturo Valenzuela —uno de los antecesores de Jacobson— pidió seguridad jurídica para las empresas estadounidenses; Guido Antonini Wilson ingresó con su valija llena de dólares o Héctor Timerman incautó un avión militar.

Precisamente esa serie de controversias hizo su aporte para que la Casa Blanca y el Departamento de Estado dieran la espalda a la Argentina en tramos clave de toda esta pulseada, pese a haber reconocido que el triunfo buitre incuba un riesgo sistémico.

Alemania también

El propio Timerman y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, se ocuparon esta misma semana de responder duramente críticas del ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schauble, y también asociaron a ese país con los fondos buitres.

Al igual que en el caso de Estados Unidos, esos cuestionamientos para la primera economía de Europa sólo arrojan simpatías internas aglutinadas por el eslogan “Patria o Buitres”.

Estados Unidos, Alemania y Japón, entre varios otros, votan sistemáticamente en contra de la Argentina.

Es cierto que la Argentina cosechó apoyos del mundo emergente en distintos organismos de Naciones Unidas —el último fue el viernes en el Consejo de Derechos Humanos— pero esos mismos respaldos hubieran sido posibles sin pelearse con nadie.

Otro espaldarazo llegó desde Roma por parte del Papa Francisco, quien recibió a la Presidenta antes de su paso por Nueva York.

“Bergoglio es peronista y argentino y quiere que el país esté en equilibrio”, resumió un excolaborador al analizar la actitud del jefe de la Iglesia Católica, quien también fue blanco de la diplomacia pendular kirchnerista.

Con esas pequeñas batallas simbólicas, el Gobierno parece haberse resignado, al menos por ahora, a la posibilidad de abrir los grifos de la economía y se dedicará a cuidar los dólares.

Las restricciones seguirán como mínimo hasta el inicio de 2015, cuando vence la cláusula Rufo (Rights Upon Future Offers, les permite a los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010 reclamar si es que alguien recibe una oferta mejor que la que en su momento aceptaron ellos) lo cual habilitaría a entablar una negociación con los holdouts sin que corran riesgos los canjes efectuados en 2005 y 2010.

No está claro si habrá negociación a partir de enero o si la consigna “Patria o Buitres” guiará a Cristina hasta el fin de su mandato.

Por lo pronto, el juez estadounidense Thomas Griesa ratificó que el default argentino es “selectivo” al permitir al Citibank el pago de bonos emitidos bajo ley argentina con vencimiento al próximo martes 30 y alentó la idea de ir “tirando” con las menores secuelas posibles.

Pero el lunes podría imponer sanciones económicas al país por incurrir en desacato de su fallo.

Los efectos de esa sentencia original de Griesa se sienten cada vez más en la economía real. La inflación aceleró la expectativa de otra devaluación del peso y llevó al dólar blue o paralelo hasta los 16 pesos. Además, la brecha con el oficial se estiró hasta el 90%, lo cual frena de par en par a la actividad.

Con relativo éxito y mucho debate, el Gobierno prueba antídotos para desalentar la compra de dólares, como el bono que colocó a dos años por 10.000 millones de pesos, el relanzamiento del Plan Procreauto y la evolución del programa Ahora 12 por el cual volvieron las cuotas sin interés para la compra de electrodomésticos, muebles, ropa y calzado.

Al temporal económico se le suma la incertidumbre política. El oficialismo está expectante por la anunciada salida de Jorge Capitanich de la Jefatura de Gabinete.

Para su reemplazo sonaron nombres de todo tipo, como Julián Domínguez, Mariano Recalde y hasta el propio Axel Kicillof. Seguramente esa designación en un puesto clave marcará el rumbo de la economía y la política en el último tramo de Gobierno.

Gabriel Profiti