La depreciación del real en los últimos meses y la aceleración de la inflación volvieron el tipo de cambio real multilateral al valor de julio de 2013, uno de los niveles más bajos de la última década. Así, como era esperable, la devaluación de enero tuvo efectos muy transitorios sobre la competitividad cambiaria. En tiempos donde los flujos de capitales varían a gran velocidad, el tipo de cambio como estrategia de competitividad se vuelve poco eficaz.

La solución es en gran medida invertir en infraestructura y aumentar la productividad. El problema, como señala la CEPAL, es que Argentina invirtió muy lejos de lo requerido durante los últimos años.

Si bien la inversión en infraestructura medida como porcentaje del PIB se encuentra apenas por debajo del promedio de la región, los datos recientes muestran una tendencia declinante. Mientras en 2010 se invertía el 3,6% del PIB en sectores como transporte, telecomunicaciones, agua y energía, en 2012 ese porcentaje se redujo a 2,9%. En otros términos, la inversión en infraestructura cayó USD 3.200 M. De acuerdo a la CEPAL, para cerrar la brecha entre la demanda y oferta de infraestructura durante los próximos diez años la región debería invertir por año 6,2% del PIB en el sector. En el caso de Argentina, el peso del atraso es muy grande: debería invertir anualmente, a valores de hoy, USD 32.280 M, más que la cantidad actual de Reservas Internacionales.

La menor inversión en infraestructura es causada por menores partidas destinadas al sector transporte, el de mayor peso dentro de este tipo de gastos. Mayores inversiones en transporte permiten reducir los costos de producción y aumentar así la productividad. En Argentina ello no es trivial, dada la extensión de nuestro territorio; muchas veces el alto valor de los fletes alejan a sus habitantes y empresas de los circuitos comerciales, y sobre todo de exportación, limitando el desarrollo económico de ciertas regiones.

Se sabe que Buenos Aires y C.A.B.A genera más del 50% del PIB en apenas 8% del territorio nacional. Así, por cada km2 generan 880.000 dólares al PIB nacional, cinco veces más que el resto de la región pampeana. A medida que nos alejamos el aporte disminuye más que proporcionalmente. Cada km2 en la región de Cuyo aporta 94.000 dólares al producto, mientras en el NEA y NOA esa cifra se reduce a 70.000 y 59.000 dólares respectivamente. La región más austral y extensa de la Argentina, la Patagonia, es también la menos productiva en términos  territoriales; cada km2 aporta apenas 29.700 dólares.

Sin embargo, si el análisis se realiza en base a la cantidad de habitantes por región, la Patagonia es la que más contribuye al PIB. Principalmente por la baja densidad poblacional, aunque contiene casi el 50% del territorio nacional solamente alberga al 5% de los argentinos.

En el resto del territorio, y a pesar que por ejemplo en Buenos Aires habitan 60 personas por km2 mientras en Cuyo apenas 9, el aporte de cada ciudadano al PIB sigue un orden similar al del análisis territorial. La diferencia se da en el último lugar, ya que el NEA es donde el aporte al PIB por habitante es menor.

La alta concentración productiva genera costos para las las finanzas públicas; fiel reflejo es el peso determinante de la coparticipación en algunas provincias para poder solventar sus gastos corrientes. La desarticulación territorial replica a su vez la concentración económica al interior de las provincias. Los principales desarrollos productivos se realizan en los pocos sectores que logran integrar el circuito comercial nacional; pero, en muchos casos, no llegan a absorber toda la oferta de mano de obra. En consecuencia, el empleo estatal se vuelve determinante para dinamizar el mercado interno.

No es casualidad que según datos de la Encuesta Permanente de Hogares, en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, apenas el 13% del sostén de hogar se desempeñe en el Estado, menos de la mitad que en la Patagonia (28%) y bastante por debajo del NOA y NEA (25%).

La inversión en infraestructura no sólo aumenta la productividad de las exportaciones relajando la restricción externa y reduciendo la probabilidad de fuertes devaluaciones, sino que además permite también una mayor integración del territorio; la inclusión social también depende, entonces, de la inversión.