El 15 de mayo de 1953, el presidente Juan Domingo Perón pronunció uno de sus discursos más agresivos.

Ante una multitud de seguidores que llenaba la Plaza de Mayo, bramó: “Hace pocos días dije al pueblo de la República, desde esta misma casa, que era menester que nos pusiéramos a trabajar conscientemente para derribar las causas de la inquietud creada a raíz de la especulación, de la explotación del agio por los malos comerciantes”.

Aquel discurso marcaba el momento más alto de la lucha del gobierno contra los comerciantes que aumentaban los precios.

La reacción era parte de un escenario económico complejo. Los desaciertos de Perón -y las malas cosechas de 1951 y 1952- habían conducido al aumento de la inflación y a una recurrente escasez de productos en los comercios.  Durante los primeros meses de 1952, por ejemplo, el sistema de propaganda lanzó una campaña para promover el reemplazo de pan hecho con harina de trigo por variantes hechas de harinas integrales. El consumir pan negro se convirtió en un símbolo de militancia. Y las filas frente a los comercios para adquirir los productos que escaseaban, una imagen que al gobierno le resultaba insoportable.

Perón ordenó apelar a la Ley 12.591, promulgada el 8 de octubre de 1939, que reprimía a los comerciantes que aplicaran aumentos desproporcionados a productos de primera necesidad. En base a esa normativa, se comunicó un listado de precios máximos para una serie de alimentos y otros productos de uso diario. Pero aquella apuesta condujo a que algunos comerciantes sacaran sus stocks de la venta o dejaran de reponerlos y de ese modo se agudizó la escasez.

Fue entonces que el Partido Justicialista lanzó una campaña contra los que especulaban con el precio de los productos, a los que denominaba “agiotistas”. El gobierno convocó a los ciudadanos a denunciar a los “agiotistas” y el peronismo distribuyó gacetillas entre sus afiliados en las que les recordaba que el estatuto del partido decía que cada militante debía “constituirse en vigía permanente del peronismo, en el lugar donde se encuentre , donde viva o trabaje deberá conducirse enérgicamente de acuerdo a estas normas: ha de denunciar a la autoridad partidaria o policial más cercana de cualquier intento que conduzca a alterar el orden o perturbar la tranquilidad pública”.

Poco importaba en esa campaña que la denuncia fuera hecha ante un funcionario del Estado o ante el superior en el mando dentro del partido. La idea de constituir una red de vigilancia llevó a los peronistas a constituirse de facto en informantes de la evolución de los precios en su zona de residencia.

La campaña contra los “agiotistas” condujo al cierre de numerosos comercios acusados de aumentar los precios. La delación y las denuncias contra empresarios, que sugestivamente eran en su mayoría conocidos por su oposición al gobierno, no tuvieron ninguna resultado positivo sobre la economía ni incidieron en la inflación, que se mantuvo alta por muchos meses más.

Por el contrario, la cruzada contra los “agiotistas” produjo una radicalización de las posiciones que quedaron en evidencia en aquel discurso de Perón mencionado al comienzo. En otro párrafo de su arenga, el presidente dijo “Creo, que según se puede venir observando, vamos a tener que volver a la época de tener que andar con el alambre de fardo en el bolsillo. Esto de la leña que ustedes me aconsejan… ¿Por qué no empiezan ustedes a darla? (…) Con referencia a los especuladores, que el gobierno está decidido a hace cumplir con los precios, aunque tenga que colgarlos a todos”.

En perspectiva, el control de precios y la lucha contra los “agiotistas” tuvo un efecto enormemente dramático, pero no aportó ninguna solución concreta para revertir los desaciertos económicos del peronismo. Y es así que quedó en la historia del partido, como una cruzada épica en la que se recuerdan los hechos, pero no sus resultados.

La diputada catamarqueña por el Frente para la Victoria Marcia Ortiz Correa acaba de presentar un proyecto de Ley para lanzar una nueva campaña contra los “agiostistas”.

Se trata en realidad de un proyecto que fue originalmente presentado en el año 2013, pero que estaba a punto de perder “estado legislativo”. La nueva presentación, de hecho,  lleva el código 0024 D 2015 y ya se pidió su giro a las comisiones de “Legislación Penal" y de “Presupuesto y Hacienda”, ambas dominadas por el oficialismo.

El proyecto de Ortiz Correa consta de algunos artículos de alto contenido político. En su primer apartado pide crear un “Registro Único” para hacer seguimiento de los “delitos de agiotaje tentados o consumados en el territorio de la República Argentina”.

Y solicita, además, que ese registro funcione bajo la órbita del Consejo de la Magistratura, un ente diseñado en principio para designar o remover jueces, pero que quizás resulte interesante para la legisladora por tratarse de un cuerpo en donde el oficialismo aún hace pesar su influencia como mayoría.

En el artículo 2° se pide la intervención de los Tribunales Federales como competencia para a aplicación de sanciones, pero pone bajo la autoridad del “Registro Único” la potestad de centralizar toda la información sobre los comerciantes acusados del delito de “agiotaje”.

En los fundamentos del proyecto, queda plasmada la personalidad y los objetivos de su autora. Comienza con una referencia al “extremado perjuicio que se origina como consecuencia de la ilegal cotización paralela del dólar estadounidense, sea cual fuere la denominación que se le atribuya por los sectores de la especulación punible, que invariablemente persiguen la obtención de usurarias y desproporcionadas ganancias al alto costo nacional de padecer graves desequilibrios en orden a nuestra política económica del estado, instalando transitoria o permanentemente profundas incertidumbres y daño a las actividades productivas, comerciales e industriales en sus más variados sectores tanto así también en el universo de transacciones individuales, implicando una marcada desorientación colectiva tanto como una generalizada obsesión por desprenderse de la moneda nacional de curso legal a través de un inducido temor a su devaluación sobre la base de un fingido proceso inflacionario (…) todo recostado sobre la reprochable y permisiva indiferencia o inacción judicial que obedece a una inadmisible comisión por omisión al deber de aplicación de la legislación vigente…” .

El texto recorre varios temas y enhebra situaciones pasadas y presentes para dramatizar al extremo el riesgo que, a sus entender, representan los comerciantes. En los fundamentos del proyecto de Ley, se expone una visión de la inflación como el resultado de una inmensa conspiración para justificar subas de precios que, de paso sea dicho, para la legisladora no obedecen a otro factor que a la voracidad de lucro de los formadores de precios.

Es por eso que reclama la aplicación del Código Penal y penas de prisión de 1 a 4 años más un adicional de multas e inhabilitación para ejercer el comercio contra aquellos que el Registro Único identifique como “agiostistas”.

Ortiz Correa dice, en el texto,  que “se trata de una cuestión esencial que debemos preservar frente a los arteros avances desestabilizadores provocados por sectores de la especulación nefasta que no trepidan en producir sistemáticos boicots, socavando los legítimos intereses de la República y llegando a poner en riesgo a las propias instituciones de la Nación”.

Y, en concordancia con el tiempo de tensiones que se vive entre el Poder Ejecutivo y algunos integrantes del Poder Judicial, subraya que “los jueces que no cumplan deben ser sometidos a juri de enjuiciamiento para su remoción, por lo que es aconsejable y necesario crear un Registro Único que obre bajo la órbita del Consejo Nacional de la Magistratura”.

Y luego agrega que ese ente deberá hacer un seguimiento de los jueces díscolos con la persecución de “agiostistas”, ya que “…no son pocos los magistrados y funcionarios judiciales temerosos o indecentes que evitan investigar y ajusticiar a individuos de alto nivel económico o de reconocida influencia” (SIC).

Pasaron 62 años desde aquel discurso de Perón y del fracaso de la campaña contra los “agiostistas”.

Las pecheras de los militantes kirchneristas dedicados a controlar los precios ya no se ven y el programa “Precios Cuidados”, lanzado por el ex Secretario de Comercio Guillermo Moreno (continuado por su sucesor, Augusto Costa), mostró resultados que distan de ser exitosos, habida cuenta que la inflación real de la Argentina sigue siendo una de las más altas del mundo y que sus listados han tenido recargo en ciertos productos que superan incluso el índice oficial de aumentos de precios.

Sin tomar en cuenta los escasos resultados obtenidos en 1952 tras la campaña iniciada por Perón contra las subas de precios apelando a la vigilancia de los afiliados, la legisladora del Frente para la Victoria propone regresar en el tiempo para volver al castigo. Otra vez, fracasada la persuasión, se pide aplicar la mano dura contra el comercio. El alambre de fardo siempre está a mano para unir propuestas que, pese a estar separadas por 62 años de diferencia, se asemejan en mucho por las circunstancias en las que fueron formuladas.

En sintonia con la publicaion de @EliminandoV de ayer pic.twitter.com/bMV6dnE58Y

— Marcos Pavesi (@Marcos_Pavesi) March 8, 2015