La Convención Nacional de la Unión Cívica Radical comenzará a definir, este fin de semana, si concurre a las P.A.S.O. junto al Pro y a la Coalición Cívica. El partido que históricamente ha demostrado mayor apego a las instituciones republicanas, pareciera encaminarse a un acuerdo con la centroderecha, un sector político que causa rechazo en las filas radicales.

En este contexto, muchos correligionarios, y no pocos kirchneristas, invocan a Raúl Alfonsín y su adhesión a la socialdemocracia. Pretenden, a través de ese recuerdo, deslegitimar la posibilidad de un acuerdo con el Pro, exhibiéndolo como una traición ideológica.

Sin embargo, quienes así argumentan, olvidan o esconden parte de la Historia.

Nuestro país, lamentablemente, ha debido refundarse institucionalmente en reiteradas oportunidades. La última gran refundación fue en el año 1983, cuando Alfonsín ganó las elecciones, no sólo con votos radicales, sino también, con votos de distintos matices ideológicos, incluyendo la centroderecha no peronista. A partir de ahí, se inició una exitosa reconstrucción institucional que comenzó a declinar con la llegada de Carlos Menem al poder. La ampliación de la Corte y la consecuente mayoría automática en el máximo tribunal, el uso abusivo de los decretos de necesidad y urgencia, la utilización del Estado con fines privados, la falta de austeridad de los gobernantes, el copamiento de la Justicia Federal con los famosos jueces de la servilleta, fueron algunos de los males que aquejaron a nuestra institucionalidad. Así, por ese camino, el menemismo se propuso reformar la Constitución Nacional de manera ilícita, para garantizar la reelección de Carlos Menem.

¿Qué hizo Raúl Alfonsín entonces? Advirtiendo que el PJ se proponía votar la necesidad de la reforma, sin la mayoría calificada que exigía la propia Constitución, previno el caos que hubiese derivado de una carta magna ilegítima y generó el Pacto de Olivos.

En definitiva, Raúl Alfonsín pactó nada menos que una reforma constitucional con la derecha peronista que destruyó el Estado, que fue corrupta, que generó la peor desocupación de la Historia Argentina y que atropelló a las instituciones republicanas para alcanzar sus fines. Sin embargo, las consecuencias de ese acuerdo –analizadas hoy, por alguien que, en aquel entonces, se opuso al Pacto de Olivos- fueron altamente favorables para el funcionamiento del sistema republicano.

En efecto, sin la introducción del tercer senador por la minoría, que permitió el Pacto de Olivos, el kirchnerismo gozaría hoy de mayoría calificada en el Senado, con todo lo que ello implica a la hora de adoptarse decisiones cuya trascendencia justifica el voto positivo de los dos tercios de la Cámara Alta. Tampoco existiría la limitación constitucional a los decretos de necesidad y urgencia, y la Ciudad de Buenos Aires estaría gobernada hoy por un delegado K, sin intervención alguna de la ciudadanía en su designación.

Aclarado esto, la primera pregunta es: ¿Hay una situación de peligro institucional que justifique un acuerdo que deje de lado la cuestión ideológica y haga foco en el adecuado funcionamiento de la república? Todo indica que sí: Un fiscal muerto, fiscales y jueces perseguidos por el poder de turno; otros jueces y fiscales alineados al kirchnerismo, injerencia de las FFAA en asuntos internos con elevada aplicación de fondos para inteligencia sobre opositores; sospechosa desaparición de armamento de los cuarteles, política internacional inclinada hacia naciones autoritarias, publicidad oficial ilícita, corrupción desenfrenada, hostigamiento a periodistas y opositores; y ausencia de estadísticas creíbles, conforman un campo minado institucional que deberá desactivar el próximo gobierno.

Ahora bien, la segunda pregunta es: ¿Tiene el radicalismo la capacidad de imponerle a Macri una agenda institucional que el PRO no exhibe cuando gobierna la Ciudad de Buenos Aires? Porque es evidente que el macrismo utiliza fondos estatales con fines partidarios, y no diferencia estado de partido cuando hace publicidad oficial. Si bien no es ilegal, tampoco es sano para una república el abuso del derecho a veto, que Macri ha utilizado hasta el hartazgo, como Jefe de Gobierno, contra decisiones del Poder Legislativo. El Pro violó la Constitución de la Ciudad cuando puso en vigencia el aumento del subte, sin que la Legislatura aprobara su primer acuerdo de traspaso con el Estado Nacional, y ha privilegiado negocios privados como el juego, que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires exige que sea estatal. Y, además, recientemente, protagonizó un verdadero papelón, eliminando la boleta única, una vez iniciado el cronograma electoral porteño, para favorecer a Rodríguez Larreta.

Difícil la situación del radicalismo. Pues de acordar con Macri, será acusado de traicionar su ideología, y de no hacerlo, será acusado de traicionar a las instituciones.

Las dudas sobrevuelan como en aquellos días del Pacto de Olivos. Y la única certeza parece ser la necesidad de un acuerdo que nos devuelva la democracia republicana.