A partir del conflicto suscitado entre funcionarios nacionales, como el Jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en relación a si resulta lícito que el Dr. Fayt suscriba acordadas de la Corte en su domicilio particular, en vez de hacerlo en la Sala de Acuerdos del máximo tribunal, diversos medios periodísticos pusieron la lupa sobre el Poder Ejecutivo.

Concretamente, existe la sospecha de que la Presidente de la Nación no cumple con la celebración de los Acuerdos Generales de Ministros que exige la Constitución Nacional para el dictado de decretos de necesidad y urgencia. Todo ello, no obstante que los Señores Ministros han rubricado los decretos mencionados, como si hubiesen participado del procedimiento deliberativo previo que exige la Constitución Nacional. Al respecto, la carta magna establece que el Poder Ejecutivo “podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros.” (art. 99, inc. 3, CN).

A fin de aclarar esta circunstancia, el día 27 de mayo de 2015, Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional Asociación Civil, presentó una solicitud de información pública a la Presidente de la Nación, a fin de conocer si se había cumplido con el requisito constitucional de convocar a Acuerdos Generales de Ministros, previo al dictado de los decretos de necesidad y urgencia correspondientes a las presidencias de la actual mandataria.

El cuestionario constaba de tres ítems:

1) Si desde el inicio de la primera presidencia de la Sra. Cristina Fernández y hasta la fecha en que se brinden las respuestas solicitadas, se realizaron Acuerdos Generales de Ministros previstos en el art. 99, inc. 3 de la Constitución Nacional;

2) En caso de ser afirmativa la respuesta a la consulta anterior, indique fecha, horario y lugar físico (con indicación de domicilio completo) en que dichos Acuerdos Generales de Ministros se realizaron;

3) Identificados cada uno de los Acuerdos Generales de Ministros con indicación de fecha, horario y lugar, indique qué funcionarios asistieron a cada uno de los Acuerdos Generales de Ministros individualizados en la respuesta a la consulta anterior, destacando, en cada caso, el horario de ingreso y egreso de cada funcionario a los lugares físicos donde se celebraron cada uno de los Acuerdos Generales de Ministros.

La Presidencia de la Nación, a través de su Subsecretario General, eludió responder y remitió la solicitud de información pública a la Jefatura de Gabinete, “en atención a la naturaleza del requerimiento”.

Por su parte, el Sr. Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, si bien respondió afirmativamente al primer ítem, se negó a contestar los otros dos restantes, aduciendo que “dicha información forma parte del ejercicio de las funciones del Poder Ejecutivo Nacional.”

En definitiva, considera el Sr. Jefe de Gabinete, sin decirlo directamente, que quien debe contestar a esa pregunta es la Sra. Presidente de la Nación. Pero, en Presidencia, ya se habían negado a contestar, indicando que era el Jefe de Gabinete quien debía hacerlo.

La realidad es que la Jefatura de Gabinete también debiera estar en conocimiento de la totalidad de los datos solicitados, en tanto que el Jefe de Gabinete participa de los Acuerdos Generales de Ministros y, además, según la Constitución Nacional, es quien “personalmente”, somete los decretos de necesidad y urgencia a consideración de la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación.

Conclusión

Se contestó al primer ítem, afirmando que el Ejecutivo cumplió con la Constitución Nacional y realizó los  Acuerdos Generales de Ministros, exigidos con carácter previo al dictado de los decretos de necesidad y urgencia. Sin embargo, sin brindar explicación razonable, se eludió responder a los dos ítems subsiguientes, que estaban destinados a acreditar, con hechos concretos, que los Acuerdos Generales de Ministros, efectivamente, se habían realizado.

La ONG Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional accionará judicialmente para obtener las respuestas omitidas. Sin embargo, el silencio del Poder Ejecutivo y de la Jefatura de Gabinete, respecto de las circunstancias de tiempo y lugar, en que la Presidente, el Jefe de Gabinete y los Ministros habrían celebrado los Acuerdos Generales de Ministros, incrementan las dudas en relación a la efectiva celebración de los mismos.