El juez federal Norberto Oyarbide decidió iniciar el trámite de jubilación debido a que el cambio de Gobierno lo dejó debilitado, ya que fue advertido de que iban a motorizarse las denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura.

No bien Mauricio Macri se convirtió en Presidente, el magistrado comenzó el camino para irse pacíficamente, tras varios años de sobrevivir a las denuncias y los escándalos que lo rodearon.

Oyarbide es el juez que procesó al líder del PRO por las escuchas telefónicas ilegales en 2012, cuando era jefe de Gobierno porteño, pero los años pasaron y el viento ahora cambió de rumbo.

El Juzgado donde está esa causa se encuentra a cargo de Sebastián Casanello y Macri se convirtió recientemente en Presidente: días atrás el fiscal Jorge Di Lello consideró que no hay pruebas en contra del mandatario y pidió su sobreseimiento.

Oyarbide recibió el aviso por interlocutores del nuevo Gobierno respecto a que iban a ser impulsados los expedientes en su contra en el Consejo de la Magistratura luego de estar paralizados por años.

Ahora que el juez decidió iniciar el trámite jubilatorio ante la Cámara Federal —que luego pasará a la órbita del Ministerio de Justicia— la intención es acelerar los pasos para que se vaya cuanto antes, pudo saber agencia NA.

Incluso, una fuente de la cartera conducida por Germán Garavano explicó que si bien el trámite puede demorarse hasta un año se intentará agilizarlo para que se complete en apenas unos meses.

Pero Oyarbide no es el único juez que quedó en la cuerda floja: según fuentes consultadas por esta agencia, también su colega Rodolfo Canicoba Corral es otro de los cuestionados.

Según aseguran sus pares en Comodoro Py, Canicoba Corral asumió en el último tiempo un protagonismo inusitado, por el cual se lo vinculó al kirchnerismo, y adoptó el rol de interlocutor con sus colegas.

Oyarbide acumuló en su historial 62 denuncias, la mayoría de las cuales fueron archivadas en el Consejo de la Magistratura con el voto del kirchnerismo, y una decena de ellas están aún en trámite.

Desde 1994, es juez y siempre logró eludir las causas en su contra, incluida aquella que lo tuvo en jaque por el escándalo del prostíbulo Spartacus, la cual desestimó el Senado el 11 de septiembre de 2001, el mismo día en que se atentaba contra las Torres Gemelas en Estados Unidos.

Al menos cuatro expedientes contra Oyarbide estaban pendientes de resolución por el plenario del Consejo de la Magistratura y ahí el macrismo iba a apostar sus fichas: algunas de esas causas son por sus intervenciones en distintas causas, así como por el uso de su anillo, del cual en algún momento se sospechó que estaba valuado en más de 200 mil dólares.

Pero también tenía otras siete denuncias en trámite, mucho menos más avanzadas, entre ellas por haber investigado el desvío de fondos estatales al plan "Sueños Compartidos" de Madres de Plaza de Mayo y por la causa de lavado de dinero en el fútbol: en ambos expedientes Oyarbide fue separado por la Cámara Federal al decretar nulidades.

También el juez tiene pendiente una acusación por el escándalo de la financiera Propyme, cuyo dueño, Guillermo Greppi, denunció que los policías le exigieron un soborno a cambio de frenar un allanamiento.

Esa causa, incluso, volvió a poner bajo la mira los lazos de Oyarbide con el kirchnerismo, puesto que fue el propio juez quien reconoció que frenó el operativo luego de recibir un llamado del entonces subsecretario legal y técnico, Carlos Liuzzi, alertando sobre el pedido extorsivo.

Otras denuncias en su contra fueron hechas por sus superiores jerárquicos, la Cámara Federal: una es por la causa de la "mafia de los medicamentos" y también por presuntas irregularidades que cometió en una investigación por trata de personas.

En 2012 Oyarbide lideró un pésimo ranking al haber sido el magistrado que más denuncias recibió ese año en el Consejo de la Magistratura, pero logró sobrevivir, y hoy el cambio de Gobierno selló su suerte.