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Pareciera que el Estado Nacional, aún con la oposición mafiosa de gremios estatales, ha iniciado una etapa de revisión sin precedentes de contrataciones ilícitas de empleados públicos.
Más allá de la implementación de esta política y de los resultados que la misma arroje, el sólo intento de terminar con este vicio ya es un gran avance. Sobre todo, si nos atenemos a lo actuado, en sentido contrario, por todas las administraciones precedentes.
En efecto, estamos ante una práctica persistente de la cultura política argentina: la incorporación de empleados públicos que no concurren a trabajar, que concurren a hacer de cuenta que trabajan o que no están capacitados para cumplir con la tarea asignada.
Tanto la falta de sistemas de acceso al empleo público que se funden en la idoneidad profesional y moral, como la creación de modalidades de acceso paralelas, cuando existen sistemas de ingreso y promoción basados en el mérito que casi no se utilizan, redundan en la precariedad laboral, y en la desmoralización y postergación de los empleados que sí gozan de capacidad, honestidad y vocación.
Lo dicho trae como consecuencia previsible una ineficiente prestación de los servicios que brinda el Estado y, de más está decirlo, la injustificada creencia, en amplios sectores de la sociedad, de que la ineficiencia estatal exime al contribuyente de pagar sus impuestos.
Pero además, quienes ingresan al Estado por medio del favor y no del mérito, quedan expuestos a un sensible deterioro de su ciudadanía. El trabajador precario o el trabajador que ingresó injustamente a la función pública, se ve menoscabado en su capacidad para cuestionar, para denunciar los ilícitos que pasan frente a sus narices, y para exigir condiciones que hagan posible una tarea eficiente. En suma, podemos afirmar que, en estas condiciones, el trabajador estatal se olvida forzosamente de la sociedad para la que, en definitiva, debe trabajar, y se pone al servicio del silencio, condición que no es suficiente pero que sí es necesaria, para que se desarrollen todo tipo de irregularidades y corrupciones.
La política que en este sentido ha iniciado el gobierno nacional toca muchos intereses mafiosos, de manera tal que sólo puede llegar a buen puerto con un decidido respaldo de toda la sociedad. Para ello, el gobierno no debe entenderla como un mero recorte de gastos, sino como el punto de partida de un conjunto de decisiones que jerarquicen al trabajador estatal y que traigan, como consecuencia, una sensible mejora en la calidad de las prestaciones que recibimos del Estado.