Una escandalosa situación vuelve a poner bajo la mira al Consejo de la Magistratura por presunta administración fraudulenta con fondos públicos en la adjudicación de obras para el Poder Judicial que están paralizadas y sobre las cuales se desembolsaron millones de pesos.

La investigación, que está en manos del juez federal Rodolfo Canicoba Corral y del fiscal Ramiro González, es por una denuncia que hizo el abogado Ricardo Monner Sans en base a información anónima, pero con aportes concretos sobre obras y nombres de personas involucradas.

No es la primera sospecha en ese sentido, ya que hubo otras denuncias sobre irregularidades en el manejo de fondos del Estado destinados a obras públicas y por las que está bajo sospecha la Dirección de Infraestructura del Consejo así como su anterior administrador, Germán Krieger.

De hecho, Canicoba Corral ya tuvo bajo la lupa la construcción de un "edificio inteligente" sobre la calle Uruguay 772 y que está frenado hace años, mientras que su par Daniel Rafecas investigó el alquiler de lugares por los que se pagaron millones de pesos y nunca se utilizaron.

En esta nueva causa, el fiscal González pidió investigar a Krieger; al abogado Luis Alberto Devoto, quien fuera titular de la Dirección General de Administración y Financiera de la Administración General y al contador Diego Martino de la Comisión de Preadjudicaciones.

El pedido incluye también al ex subdirector del área de Infraestructura Hugo Cayetano Lazzarini; al ex subdirector adjunto Carlos Jorge Susini Burmester; y al ex prosecretario letrado de la Secretaría General del Consejo Gabriel Saliva.

Krieger es un hombre que fue desplazado como administrador tras una avanzada del kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura y a quien todos sindicaban como hombre de confianza del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, a través de su contador y secretario general administrativo del máximo Tribunal, Héctor Marchi.

El 26 de enero pasado, Monner Sans presentó una denuncia sobre administración irregular de fondos públicos destinados a la realización de obras para el Poder Judicial y aseguró que hubo "prácticas corruptas".

Según información recibida por el abogado y que aportó en la Justicia, el expediente 60/14 surgió a partir de la presentación de técnicos de la Dirección General de Infraestructura Judicial (DGIJ) ante Krieger.

En ese informe se hace referencia presiones a las que se habría sometido a profesionales para firmar certificados de obras que en verdad estaban paralizadas y también que se habrían desatendido advertencias sobre incumplimientos y demoras en los contratos de obra pública.

Una de las obras bajo la lupa es la del Centro Judicial de la Ciudad de Resistencia, en Chaco, otorgada a una empresa que no reuniría antecedentes necesarios para llevarla a cabo: sólo tiene un avance del 30 por ciento pero ya se pagó por el 60 por ciento del total.

La denuncia también hace referencia al expediente 10-25191/15 por el cual se informa a Juan Cubría, hijo de la jueza federal y actual administrador del Consejo de la Magistratura, sobre el estado de las obras para el Poder Judicial.

Al respecto, según cita la denuncia, se informó que cuatro obras están paralizadas y otras cuatro tienen demoras significativas.

Para González, "se deberá determinar la posible comisión del delito de administración fraudulenta, peculado y/o malversación de caudales públicos en el que habrían incurrido las personas".

El fiscal pidió varias medidas de prueba, entre ellas la citación a testimonial a varios arquitectos, auditores y que se requiera documentación al Consejo de la Magistratura.