Hace tiempo que el país viene sufriendo despojos de variada índole. A los ya conocidos en materia de fuga de capitales hacia el exterior, deudas ya pagadas y vueltas a cobrar por el Fondo Monetario Internacional, tarifas abusivas a cambio de una no muy buena contraprestación por parte de las empresas de servicios privatizadas, depredación de los recursos pesqueros y forestales, y el más tremendo de los despojos a la persona humana que es sumir a casi la mitad de la población argentina en la miseria y el hambre, se suma también el de la minería.  Poco se habla y prácticamente nada transmiten los medios de comunicación sobre el tema, y hay que acudir entonces a los medios alternativos, vía internet, o a informes escuchados en emisoras radiales verdaderamente independientes. Así uno puede enterarse, por ejemplo, de las empresas extranjeras que se están llevando el oro de San Juan y algunas provincias del noroeste –incluso contaminando los alrededores ya que para la extracción de ése y otros metales se utilizan venenos y tóxicos como el cianuro y el arsénico- o el virtual saqueo de otros minerales en varios puntos del país.  Todo ello está ocurriendo sin disimulo alguno ante la complaciente mirada, por inacción o por complicidad, de los gobiernos nacional y provinciales. Es que, como todos sabemos desde que Quevedo lo remarcara, “poderoso caballero es Don Dinero”.  Y ahora vienen por el uranio.
    Desde la década de 1960, la Comisión Nacional de Energía Atómica había asumido el riesgo de invertir en estudios mineros y en la formación de recursos humanos, trabajando hasta lograr el autoabastecimiento de uranio, en momentos en que el precio de este mineral parecía no justificarlo.  Hoy, todo ese esfuerzo está siendo aprovechado por numerosas empresas multinacionales, acicateadas por el vertiginoso aumento del precio del uranio, que se triplicó desde el 2003, lo que las ha llevado aceleradamente a inundar a las autoridades nacionales con pedidos de permisos de cateos y exploración de todas las áreas anteriormente trabajadas por la CNEA.  Este creciente interés de las empresas extranjeras por las zonas uraníferas nacionales generó bastante preocupación entre los trabajadores agrupados en la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN), ya que el obsoleto Código de Minería argentino no contempla el carácter estratégico que debería darse a las fuentes de energía para asegurar un futuro de independencia energética del país.
    Frente a esta situación, la APCNEAN viene alertando continuamente a través de diversos informes a las autoridades de la CNEA, pero la respuesta de los responsables de la política minera nuclear es sumamente cuestionable: no sólo hacen oídos sordos a aquellos informes sino que, peor aún, además de abandonar áreas bajo estudio de la entidad en manos de las empresas extranjeras, están entregando a las mismas la información que los técnicos y profesionales locales elaboraron durante décadas.
    Las reservas de uranio han adquirido una importancia relevante a partir del sostenido aumento del barril de petróleo y del metro cúbico de gas, a lo que se suma el rápido decrecimiento de las reservas de combustibles fósiles. En tal sentido, se estima que hacia 2030, o a lo sumo unos años más, el petróleo será un producto muy difícil de hallar en el planeta, de allí que en algunos países se esté experimentando, por el momento sin dejar fluir mucha información al respecto, con diversos elementos alternativos para la movilización de vehículos o para suplantar derivados del petróleo, como los plásticos.
    Dentro de este sombrío futuro, la Argentina puede verse obligada a comprar su propio uranio a precios del mercado mundial, manejados obviamente por intereses transnacionales.  De allí la urgente necesidad de que el gobierno nacional implemente un plan energético a largo plazo que contemple a las diferentes fuentes de energía, y específicamente al uranio, como recursos estratégicos.  Es el Estado el que debe ser el ente regulador y controlador de los recursos energéticos, asegurando su provisión para la generación actual y las futuras, y reafirmando el carácter estratégico que tienen las fuentes de energía para el desarrollo del país.  Para ello se impone, además de una urgente reforma del Código de Minería, una discusión profunda sobre estos temas.  Claro que para ello es necesaria, en primer lugar, la correspondiente decisión política,  que además corte de raíz la entrega de los recursos mineros que se está haciendo en diversos puntos del territorio y, en particular, del uranio.

 Carlos Machado