Los empresarios del hotel Tower Inn & Suites de San Rafael, Mendoza, decidieron acogerse a los beneficios de la Ley provincial 5775, que autoriza a los hoteleros a incorporar casinos y salas de juego a sus establecimientos bajo determinadas condiciones, y hace 22 meses iniciaron un proyecto que significa 3,5 millones de dólares de inversión y alrededor de 150 puestos de trabajo en una región golpeada por la caída de la producción agroindustrial en los 90’s que ve en el turismo una luz al final de túnel mientras reacomoda su esquema productivo.

Pero no contaron con el hecho de que la empresa de Cristóbal López, empresario “K”, ya estaba instalada en esta ciudad gracias a una concesión insólita que le permitió quedarse con el único local del Estado provincial que hoy funciona en la órbita privada pagando una miseria en concepto de canon.

El pasado 27 de setiembre llegó al hotel Tower de San Rafael una notificación de la Asesoría Legal y Técnica de la Gobernación de Mendoza  adjuntando la pieza administrativa 1352 –F- 05 en la que se deja constancia del dictamen de esta dependencia sobre una acción de “lesividad” iniciada por el diputado provincial Miguel Serralta (PJ) que pone en peligro la inversión autorizada por el gobierno provincial.

El Tower, construido sobre un edificio reciclado de diez pisos en el sector noroeste de la ciudad de San Rafael fue el resultado de la asociación de las familias Bianchi y Andreani (nada que ver con el correo) para reciclar una construcción de la década del 60 que había quedado paralizada por el fallecimiento de uno de sus más firmes impulsores. Al cabo de casi tres décadas en las que esa mole de cemento se convirtió en un monumento a la frustración de los sanrafaelinos, la unión de ambas familias reflotó el proyecto y lo llevó a buen fin.

Ahora bien: Serralta no es legislador del IV Distrito ni tiene que ver con San Rafael. ¿A qué obedece entonces su súbito interés  por la eventual transgresión administrativa de los empresarios del Tower?

Cabe aclarar, en primer lugar, que si uno recurre al archivo del diario Los Andes y tipea el apellido del legislador en el buscador de notas advertirá rápidamente que sólo aparece vinculado a noticias relacionadas con hechos de corrupción. El último y más notorio de los cuales fue la licitación que permitió al gobierno de Julio Cobos adquirir 146 colectivos nuevos para luego cederlos a los empresarios del transporte de pasajeros de la ciudad de Mendoza que hace años no pagan un peso de impuestos.

Corresponde acotar, además, que el titular de la empresa que gerencia el hotel Tower, Claudio Andreani, es el referente político del neuquino Jorge Sobisch en Mendoza, no sólo por ser oriundo de Neuquén donde fue diputado provincial a los 25 años, sino además por convicción y tradición familiar y esto, para los “pingüinos” es un pecado imperdonable.

Serralta es, en cambio, kirchnerista de la segunda o tercera ola, adláter de la gente de Juan Carlos “Chueco” Mazzón y ocasional operador de los temas que le interesan a sus huestes.

¿Cuál es su argumento para objetar el casino que se anexa al hotel Tower? Pues que no se trata de una “obra nueva” como establece la ley sino que al haber reciclado un edificio a medio construir quedaría excluido de los beneficios citados.

Además del Tower de San Rafael, otros dos hoteles pidieron (y obtuvieron) sus permisos para anexar salas de juego: el Huentala y el ubicado en el shopping, ambos de la ciudad de Mendoza. Ninguno de los dos, hilando fino, se podría considerar una construcción “nueva” y, sin embargo, no fueron objetados por el perspicaz diputado Serralta ni el celoso asesor de Gobierno César Mosso Giannini, un sobreviviente peronista en los gobiernos radicales por obra y gracia de sus amigos “K”. Obviamente, tantos favores en algún momento deben corresponderse.

Antes, aprovechando los beneficios de la ley, el Park Hyatt de Mendoza y el Piscis de Las Leñas montaron sendas salas de juego en sus instalaciones. En realidad, el autor del proyecto, el justicialista Egidio Donati Hinojosa, lo elaboró pensando en primer lugar en estos dos establecimientos y abrió el juego (eufemísticamente) para los que se quisieran plegar más tarde.

Pero no contó con la astucia de la gente de Cristóbal López que prefirió obtener una concesión amañada primero para después presionar al gobierno con esta objeción de modo de lograr lo que en realidad quieren: que los dejen seguir con la concesión, pero en un inmueble distinto al de Emilio Civil 70 a fin de ejercer indefinidamente esa prebenda. ¿Es coherente, no?

El argumento será: “está bien, nosotros no ponemos piedras a futuras inversiones, pero asegúrennos la concesión de por vida y admitan que nos mudemos a un lugar menos ‘popular’ con Casino Club San Rafael.

A favor de Casino “K” y Cristóbal López se definió rápidamente el grupo Uno Multimedios de la familia Vila que viene haciendo buenos negocios con la caja del gobierno nacional desde que renegaron, por cuestiones de imagen, de la amistad de José Luis Manzano. En una de sus ediciones recientes, el diario Uno de Mendoza se pronuncia editorialmente con reservas hacia los hoteles – casino haciendo una serie de consideraciones sobre los efectos perniciosos del juego vinculado al turismo, dando muestra de un súbito afán por santificar la permanencia de quienes llegan a Mendoza alejándolos de las tentaciones de las apuestas. Claro que la actitud del grupo no es la misma en Rosario, por ejemplo, donde Cristóbal López está a punto (si no lo ha hecho ya) de hacer buenos negocios con la anuencia de Jorge Obeid tras la última visita de Néstor Kirchner.

Ahora, la Fiscalía de Estado de Mendoza (insólitamente ágil en este caso) y la Asesoría de Gobierno le pedirán a la Suprema  Corte de Justicia de la provincia que declare la nulidad del decreto que autorizó al Tower a contar con la sala de juegos en San Rafael 

La Asesoría de Gobierno y la Fiscalía de Estado coinciden en que se revea el decreto que habilitó la construcción de un casino en el hotel cuatro estrellas Tower Inn & Suites de San Rafael. Ambos órganos consideran que este trámite fue “dictado conteniendo vicios graves”.

En las piezas administrativas se advierte que “ha quedado debidamente acreditada la existencia de falencias en la tramitación del pedido de acogimiento al beneficio de la ley 5.775 y su decreto reglamentario”. Aquí se hace referencia al permiso de habilitación del casino dentro del hotel sanrafaelino, que se consiguió en diciembre del 2003.

La legislación, que data de octubre de 1991, especifica que se permitirá la instalación de salas de juego de banca –sea en un hotel de cuatro o cinco estrellas– siempre que se trate de un “emprendimiento nuevo” construido a partir de la sanción de esa norma. 

Lo que se objeta es que esta obra comenzó a levantarse en la década del ’70 como edificio para departamentos. Mucho tiempo después se retomaron los trabajos y la estructura edilicia se inauguró en el 2001 con características hoteleras, según aseguró el empresario Claudio Andreani, uno de los dueños de la firma.

El diputado Miguel Serralta (PJ) fue quien presentó un recurso para que se iniciara la investigación de este casino, en la que participó Sin, Giannini, el fiscal adjunto Joaquín de Rosas y el instructor sumariante de la fiscalía Hugo Ferrero.

Todos llegaron a la misma conclusión. Pero como se trata de un acto que no puede ser revocado en sede administrativa, se solicita “declarar la lesividad del decreto demandando la nulidad judicial”.

Según Andreani, “sstos planteos son extemporáneos. No pensamos renunciar a nuestro derecho a este emprendimiento, en el que ya llevamos 3,5 millones de dólares invertidos”. El proyecto se encuentra avanzado en 70%. 

Además de los empresarios fueron anoticiados de la resolución la Municipalidad de San Rafael y el Instituto de Juegos y Casinos de Mendoza.