La separación entre la Iglesia y el Estado es un concepto legal y político por el cual las instituciones del Estado y religiosas (Iglesia) se mantienen separadas y la Iglesia no interviene en los asuntos públicos; teniendo cada parte una autonomía para tratar los temas relacionados con sus esferas de influencia. Es una de las medidas por las cuales se busca el establecimiento de un Estado laico o aconfesional, así como parte del proceso de secularización de una sociedad. La separación de la iglesia y el estado está relacionada con la extensión de la libertad de culto a todos los ciudadanos; y, se condiciona a partir de este derecho la relación entre el Estado y la Iglesia. Ocurre sobre todo aquellos estados con religión de Estado u oficial que favorecen legal y/o informalmente una religión en detrimento de las demás por medio del patronato regio u otras acciones similares.

La separación entre Iglesia (sea esta anglicana, católica, luterana, presbiteriana) y Estado es una idea que comienza a surgir a partir del humanismo, durante el Renacimiento. Se consolida con la Ilustración, por medio de la corriente filosófica racionalista, llegando a ser una política oficial durante la Revolución francesa, la Independencia estadounidense y las revoluciones burguesas que buscan deshacer la llamada "alianza entre el Trono y el Altar".

Actualmente, la separación entre la Iglesia y el Estado se encuentra plasmada en la mayor parte de las constituciones nacionales, mediante el establecimiento de un Estado laico. De hecho la tendencia en el mundo desde la edad moderna es hacia una secularización del Estado.

Relación Iglesia Estado con relación dominante

Decir que la iglesia está separada del estado significa que el estado no hace ninguna evaluación de las ideas de sus ciudadanos, sean ideas religiosas o de otro tipo. La preocupación del estado debe ser sólo con las acciones de los hombres, en particular con las acciones que dañan los derechos individuales. El estado ni persigue ni tolera ni fomenta ningún tipo de ideas – porque es indiferente a las ideas como tal.

Desde la perspectiva opuesta, decir que el estado está separado de la iglesia significa que un ciudadano – incluyendo cualquier facción de ellos, tal como una comunidad religiosa – es incapaz de utilizar el poder coercitivo del estado para penalizar o apoyar ideas, religiosas o de otro tipo. Si un ciudadano quiere obstaculizar o apoyar una idea, tiene que exponer y defender su posición ante los otros, no promulgar una ley.

Repúblicas islámicas

En algunos países de cultura islámica no se reconoce tal separación y la legislación o sharia emana directamente del Corán y la Sunna (suma de tradiciones sobre actos y dichos del profeta Mahoma), que es una fuente del derecho, así como del estado o la política, que son frecuentemente asociadas a la fe con lazos indivisibles por algunos gobiernos teocráticos fundamentalistas, en especial en la versión chiita de estas creencias.

Iglesia católica

La consolidación del absolutismo en los países católicos y la asunción de las ideas regalistas dio lugar al máximo desarrollo de las teorías defensoras del Derecho divino de los reyes, lo que supuso que el monarca se atribuyera una serie de iura maiestatica circa sacra que le facultaban a intervenir en los asuntos eclesiásticos, como por ejemplo en España y en su Imperio colonial, donde existía el regio patronato, el pase regio o el Recurso de fuerza. Sin embargo, en monarca nunca llegó a convertirse en líder espiritual de sus súbditos, pues reconocía al Papa como máxima autoridad religiosa; a diferencia de aquellos países protestantes donde se crearon Iglesias nacionales.

Tras las revoluciones burguesas del siglo XIX, se regularon las relaciones de los Estados con la Iglesia Católica a través de concordatos, que reglamentaron por ejemplo, la enseñanza privada, la financiación de la iglesia, o aquellos ámbitos en que la iglesia actuaba en la vida civil (matrimonios, divorcios, beneficencia, entierros, enseñanza, ceremonial...).

Iglesias cristianas nacionales

En Europa hay en la actualidad algunas iglesias o confesiones religiosas dependientes del estado, como la Iglesia de Noruega, la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia de Groenlandia, la Iglesia de Suecia, la Iglesia del Pueblo Danés, la Iglesia ortodoxa turca o la Iglesia Ortodoxa de Grecia.

En Gran Bretaña existen algunas leyes relativas a la religión del monarca: la Ley de Instauración (Act of Settlement) y la Ley de Matrimonios Reales, que entre otras cosas prohíben que el soberano se case con una persona católica; o el Juramento de Coronación, que obliga a preservar la religión protestante.

En la Argentina la libertad de culto está garantizada por el artículo 14 de la Constitución Nacional, aunque el Estado reconoce un carácter preeminente a la Iglesia católica que cuenta con un estatus jurídico diferenciado respecto al del resto de iglesias y confesiones. Según la Constitución argentina (artículo 2), el Estado Nacional debe sostenerla y según el Código Civil, es jurídicamente asimilable a un ente de derecho público no estatal. Este régimen diferenciado, sin embargo, no implica elevar al catolicismo al estatus de religión oficial de la República. La Santa Sede y la Argentina tienen firmado un concordato que regula las relaciones entre el Estado y la Iglesia católica.

En nuestro país, lo religioso -sus instituciones, sus actores, sus lenguajes y sus símbolos- históricamente ha estado presente en la política. Recordemos la participación de clérigos en la Revolución de Mayo, en la declaración de la independencia de 1816 y en la sanción de la Constitución Nacional de 1853, o la consagración del ejército a la Virgen por Manuel Belgrano. La Iglesia Católica, institución religiosa predominante, se fue constituyendo como una de las principales fuentes de legitimidad de los procesos políticos. Sea por la cultura católica en que buena parte de la dirigencia política ha sido socializada, o por la firme percepción del rédito extrapolítico que los propios actores suponen que el vínculo con las autoridades religiosas proporciona, lo cierto que la separación estado con la iglesia no forma parte de la agenda política de nuestros tiempos.