A veinte días de iniciada la campaña electoral legislativa, más allá que en lo formal debería iniciarse el próximo 14 de julio, el oficialista Cambiemos logró hasta el momento hacer prevalecer en la opinión pública los asuntos de corrupción y "mafias" vinculados el kirchnerismo, por sobre la discusión acerca de la compleja situación económica.

El discurso del presidente Mauricio Macri respecto de las "mafias" encontró su eco no sólo en el allanamiento del predio La Salada -instalado en Lomas de Zamora, tierra del kirchnerista Martín Insaurralde- y la detención de su zar Jorge Castillo, sino también en la intervención judicial del sindicato de canillitas del también dirigente gremial kirchnerista Omar Plaini.

Sin embargo, lo que sacudió esta semana a las huestes de Cristina Fernández fue el pedido del fiscal federal Carlos Stornelli de llamado a indagatoria, desafuero, y detención del diputado nacional y ex ministro kirchnerista de Planificación, Julio De Vido, por supuesto fraude y malversación de 26.000 millones de pesos por el proyecto de reflotar el tren "Eva Perón", en la mina de carbón en la localidad santacruceña de Río Turbio.

"Vamos a apoyar el pedido del fiscal, esperemos conseguir el apoyo de otros diputados. Somos todos iguales ante la ley", agregó en diálogo con Cadena 3.

En efecto, el oficialismo fantasea con la posibilidad de quitarles los fueros a De Vido y que su detención sea vista por toda la sociedad; más aún, por todos los futuros votantes.

Para lograrlo, necesitaría -además de los propios y del apoyo de los diputados de Sergio Massa, de Margarita Stolbizer y del bloque Justicialista de Diego Bossio- que algunos diputados del Frente para la Victoria que responden más a sus gobernadores que a Cristina Fernández y a La Cámpora, se ausenten cuando el asunto sea tratado en el recinto.

Obviamente antes, el juez Luis Rodríguez deberá avalar o rechazar el pedido del fiscal Stornelli.

El caso De Vido se suma al mal debut que tuvo la cabeza de la lista de precandidatos a diputados nacionales por el frente Unidad Ciudadana, Fernanda Vallejos. La ex presidenta la ubicó allí, secundada por el ex presidente del Conicet Roberto Salvarezza, con la idea de "mostrar caras nuevas" en la nómina.

No obstante, en su primera intervención Vallejos aseguró que el multiprocesado ex vicepresidente Amado Boudou "es un perseguido político como Yrigoyen, Perón, Evita, Néstor y Cristina Kirchner". Como consecuencia de esa declaración poco feliz, la orden del cristinismo fue que la precandidata a diputada evitara las notas y se dedicara más a comunicar por las redes sociales.

La campaña ha tomado un matiz de cierta "clandestinidad" en las actividades de los precandidatos, mucho de los cuales en verdad ya son candidatos porque no competirán contra nadie en las PASO de agosto: Cristina Kirchner hace visitas repentinas y sin prensa; Elisa Carrió hace lo mismo.

El presidente Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal bajaron línea a sus postulantes para que no confronten con la ex mandataria; el kirchnerismo adoctrina a los suyos para no contestarle a Florencio Randazzo, sólo a Macri. No obstante, las prácticas poco claras persisten pese a los discursos de "cambio": el gobierno nacional y el bonaerense se muestran con sus precandidatos, en claros actos proselitistas, pese a que la campaña debería empezar el 14.