El inicio del procedimiento para excluir a De Vido de la Cámara de Diputados, ha dejado de lado la discusión sobre los fueros parlamentarios que se había iniciado hace algunos días. La Cámara de Diputados parece estar avanzando por el camino correcto, es decir, por la exclusión del multiprocesado legislador, en lugar de ir por la quita de fueros que, en las actuales condiciones, sería inconstitucional.

La quita de fueros importa una suspensión del diputado en sus funciones, para ponerlo a disposición de la Justicia y por requerimiento de la Justicia, mientras que la exclusión es definitiva, y procede sólo por iniciativa de la Cámara.

No obstante ello, un par de diputados vinculados a Lousteau, aún persisten en la idea de quitarle los  fueros a De Vido, pretendiendo pasar por encima de la letra de la Constitución, pese a que no hay juez alguno que la pida. Pero estos diputados no son los únicos que han usado este tema con finalidades electorales.

En efecto, también se ha dado una discusión sobre los fueros parlamentarios, su supuesta inutilidad, y las improcedentes y demagógicas “renuncias” a la protección que de ellos emana, por parte de algunos legisladores massistas.

Todo lo dicho, torna necesario hacer algunas aclaraciones al respecto.

La Constitución Nacional prohíbe los “fueros personales”, por lo tanto, si existen fueros, su razón es funcional. En efecto, la razón de ser de los fueros es la protección de la función legislativa para el correcto y autónomo desempeño de cada cuerpo: Senado y Cámara de Diputados, y de sus integrantes. Y es, por tanto, el cuerpo legislativo que corresponda, según el caso, quien está habilitado para decidir sobre el desafuero de un senador o de un diputado.

Respecto de este punto, ha habido diferencias entre los distintos juristas, pero lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo, en el caso “Jarovslasky” (1989) que es “facultad privativa de cada una de las Cámaras que componen el Congreso de la Nación el desafuero de sus miembros (art. 62 de la Constitución Nacional)”.

En este contexto, el desafuero por renuncia que algunos proponen es improcedente, en tanto que nunca puede surgir de una decisión individual. Y, menos aún, la quita de fueros puede obedecer a una razón preventiva, ya que, según la Constitución, debe existir un requerimiento previo de la Justicia, en el marco de una causa y respecto de un diputado o senador.

Tampoco es posible una quita de fueros sin requerimiento judicial previo. Si la Justicia no lo pide, no puede existir desafuero.  

Otra cuestión que está en el debate es la de la necesidad o inutilidad de fueros en los tiempos que corren. En efecto, los fueros parlamentarios nacen en las monarquías constitucionales para proteger a los legisladores del excesivo poder que aún conservaban los reyes, evitándoles persecuciones en razón de sus posiciones políticas. Ahora bien, en el marco de un sistema fuertemente presidencialista como el nuestro, usualmente maltratado por gobernantes con tendencias autoritarias, ningún resguardo sobre la función legislativa pareciera fuera de época.

Una vez que se esfume el humo preelectoral nacido de la demagogia, quizá el Congreso de la Nación se decida a modificar la ley de fueros en dos aspectos centrales que actualmente limitan las posibilidades de la Justicia de avanzar con las causas iniciadas sobre legisladores.

Una de estas limitaciones es el deber de los jueces de pedir autorización al Poder Legislativo antes de allanar el domicilio o la oficina de un legislador, o antes de interceptarle la correspondencia o efectuarle una intervención telefónica. Pareciera que este pedido de autorización no hace más que poner sobre aviso al investigado para que eluda la acción investigativa, logrando frustrar el resultado de la medida judicial.

La otra iniciativa con la que se debiera avanzar está relacionada con las declaraciones indagatorias requeridas respecto de legisladores. La interpretación más aceptada de las normas que rigen esta cuestión es que, si un Juez cita a indagatoria a un legislador y este no concurre, el magistrado debe pedir su desafuero para poder hacerlo comparecer mediante el uso de la fuerza pública. Ahora bien, si no se consigue la mayoría para el desafuero, la investigación sigue su curso, pero nunca se podrá elevar a juicio oral, hasta que no se consiga la mayoría parlamentaria que permita el traslado del legislador a los estrados judiciales. Existe una forma muy sencilla de destrabar esta cuestión, que es una norma que considere la no comparecencia del legislador citado como negativa a declarar. Y así poder continuar con el curso normal de las actuaciones.

De este modo los fueros quedarían reducidos a las funciones esenciales de protección que prescribe la Constitución Nacional, a saber: impedir el juzgamiento de legisladores en razón de sus opiniones, e impedir medidas de arresto en causas judiciales, a menos que, por el dictado de una prisión preventiva o por sentencia firme, el cuerpo legislativo al que pertenece el legislador disponga su desafuero, previa petición de un magistrado.  

Con las sencillas modificaciones legislativas que aquí se describen, algunas de las cuales ya tienen trámite parlamentario, la existencia de fueros podría ser perfectamente compatible con procesos que gocen de celeridad y de medidas probatorias eficaces.

Finalmente, los detractores de los fueros parlamentarios debieran saber que su eliminación sólo procede por la vía de una reforma constitucional, y que todo otro atajo que propongan (llámese renuncia o desafuero sin requerimiento judicial) es una burla a la ciudadanía.