Las denominadas “organizaciones de derechos humanos”, desde hace ya muchos años, parecen haber perdido el rumbo. Y con él, su prestigio.

Convertidas durante la era K en una secta partidaria del kirchnerismo, lograron confundirse con el estado y obtener prebendas para sus miembros. Salvando honrosas excepciones, como la de la Sra. Graciela Fernández Meijide, quienes se lanzaron desde estas organizaciones a la política  han demostrado un autoritarismo inexplicable, en dirigentes que dicen defender los derechos humanos.

Sin rumbo ni objetivos lícitos, la organización que conduce Hebe de Bonafini dilapidó fondos públicos incursionando en la construcción fallida de viviendas populares y en el sostenimiento de una pseudouniversidad que debió ser estatizada para evitar su propia destrucción.

Pero quizá sea el apoyo al General Milani, por parte de Estela de Carlotto y de la propia Hebe, la prueba más consistente de esa traición a la razón de ser de este tipo de organizaciones.

La llegada de Cambiemos, sin lugar a dudas, importó la pérdida de ciertas prebendas por parte de la secta de los derechos humanos, aunque han conservado cierto poder destructivo que hoy aplican a gusto y de modo autoritario.

Durante el gobierno de Cambiemos, estos grupos se han aferrado al número de 30.000 desaparecidos como si fuese un dogma, y se han dado el lujo de escrachar y agredir a quien pensara diferente. Un ministro de la Ciudad de Buenos Aires debió renunciar frente a esta presión, por sostener que el número de víctimas no llegaba a 30.000, y pocos integrantes del gobierno se solidarizaron con él.

Cuando desde la ONG que preside el autor de esta nota se solicitó la difusión pública del número de víctimas de la etapa más negra de nuestra historia, la primera reacción de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, a cargo de Claudio Avruj, fue no responder. Meses después, luego de una denuncia ante la Oficina Anticorrupción, y luego de la intervención del Ministerio del Interior, la información fue suministrada.

Ante la entrega de los datos, la reacción de la Sra. de Carlotto y de otros miembros de la secta de los derechos humanos fue acusar de defender la dictadura, tanto al gobierno, como a quienes habíamos efectuado la solicitud.

El Ministerio de Justicia, del cual depende la Secretaría a cargo de Avruj, inexplicablemente, acusó el golpe. En efecto, cuando desde la misma ONG se solicitó información sobre las indemnizaciones abonadas respecto de víctimas de terrorismo de estado, la respuesta negativa no se hizo esperar. Con una argumentación de una extrema pobreza jurídica, y a partir de una extensiva interpretación de la ley de protección de datos personales, se sostuvo que brindar dicha información afectaba datos sensibles, como la pertenencia política o gremial de las víctimas.

¿Por qué se le está vedando a la ciudadanía ejercer un control que permita separar la paja del trigo entre aquellos que son merecedores de las indemnizaciones y aquellos que no? La falta de información que pregona la secta de los derechos humanos sólo beneficia a quieres pudieran haber delinquido y perjudica a aquellos que, por falta de esclarecimiento, quedan manchados por una inmerecida sospecha.

Otro capítulo de la actitud pasiva del oficialismo, frente a la irracionalidad de las organizaciones de derechos humanos, fue la sanción de una ley, en la Provincia de Buenos Aires, que obliga a mencionar la expresión “30.000 desaparecidos” en actos o publicaciones oficiales. La norma, de neto corte fascista, no fue vetada por la Gobernadora Vidal, y más aún, el titular del área provincial de DDHH la defendió públicamente.

Por otro lado, el caso “Milagro Sala” ha sido una muestra de la capacidad de daño con proyección internacional, que aún detenta la secta de los derechos humanos. Los pronunciamientos del “Grupo de Trabajo ONU” y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de Milagro Sala tomaron al oficialismo sin una postura firme al respecto.

Así, mientras el gobernador Morales se pronunció contra la prisión domiciliaria que propuso la CIDH, el Ministro de Justicia, Germán Garavano, poco menos que festejó las decisiones de los jueces jujeños que, haciéndose eco de recomendaciones no vinculantes de organismos internacionales, aceptaron la prisión domiciliaria de Sala.

No conforme con esto, la secta de los derechos humanos responsabiliza no sólo a la Gendarmería Nacional, sino también a los funcionarios políticos, de la desaparición del joven Santiago Maldonado, agitando la cuestión para desprestigiar internacionalmente al gobierno, y sosteniendo que los funcionarios oficialistas saben dónde está el joven desaparecido.

En este punto, y frente a esta acusación, el gobierno debiera modificar su actitud. La extrema condescendencia ya se ha tornado en una complicidad inútil y lesiva de principios republicanos, que Cambiemos ha sabido sostener en muchas otras áreas de la actividad estatal. La secta de los derechos humanos responde al kirchnerismo y a otros sectores afines al caos institucional. Considera al gobierno su enemigo, por lo que sus fines destructivos no serán aplacados con concesiones. Peor aún, la falta de una política confrontativa, que exponga los vínculos espurios de la secta de los derechos humanos con algunos sectores del estado, sólo deteriora la imagen del gobierno.