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Tras la entrevista que le hizo en el día de ayer, el periodista Luis Novaresio a la expresidenta, Cristina Kirchner, me veo en la obligación de desmentir al menos una parte de las mentiras que dijo la exjefa de Estado, minimizando y lavándose las manos en ciertos asuntos de irresponsabilidad durante su mandato como presidenta.
Este jueves, la cámara federal porteña confirmo el procesamiento en contra de la exmandataria como la supuesta jefa de una asociación ilícita que direcciono desde el Estado las concesiones de obra pública a favor de las empresas del empresario detenido Lázaro Báez.
Esta decisión fue tomada por la sala 1 del tribunal de apelaciones que, además, confirmo el procesamiento que pea sobre el propio Báez y sobre exfuncionarios como el entonces ministro de planificación Julio de Vido, y el exsecretario de obras públicas, José López.
Los camaristas Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia también confirmaron los embargos por 10.000 millones de pesos que pesaban sobre los procesados, a partir del fallo que emitió en diciembre del pasado año el juez federal Julián Ercolini.
Bruglia, en el fallo de 151 páginas, sostuvo que los expedientes de obra pública en los que intervinieron las empresas de Lázaro Báez, donde las obras eran solventadas con recursos del Estado nacional, estuvieron signados por numerosas irregularidades.
Para el magistrado que do demostrada una evidente maniobra, con múltiples abusos y anomalías en la contratación, que aparecen reiteradas dentro de un prolongado lapso temporal (coincidente con una misma administración de gobierno) y signada por la gestión de un único ministro del área encargada de la implementación y el control de la obra pública.
En diciembre del anterior año, Ercolini proceso también al exdirector de Vialidad Nacional, Nelson Pierotti, el excoordinador de la cartera de planificación y el exsubsecretario de coordinación de obras públicas, Carlos Santiago Kirchner, (primo del expresidente Néstor Kirchner) entre otros.
El Juez Federal antes nombrado, consideró que los procesados conformaron una “asociación ilícita” que habría funcionado al menos, entre el 8 de mayo del 2003 y el 9 de diciembre del 2015 y que defraudo al Estado al direccionar las concesiones de obra pública a favor de Austral Construcciones, firma del empresario Báez.
Para el magistrado se habría verificado que los procesos licitatorios en cuestión fueron asignados a las empresas de Lázaro Báez por sumas mayores en promedio al 15 por ciento del presupuesto original.
