En el año 1992, el entonces Presidente Carlos Saúl Menem dictó el Decreto Nº 232/92 por el cual dispuso la desclasificación de toda la información vinculada a criminales nazis. Y, asimismo, ordenó que todo organismo del Estado Nacional que mantuviera, en ese entonces, dichos documentos reservados por “razones de estado”, debería ponerlos a disposición del Archivo General de la Nación, en un lapso no superior a treinta días desde la fecha del decreto.
Una consulta efectuada recientemente al Archivo General de la Nación, da cuenta de que dicho decreto no se habría cumplido cabalmente. En efecto, sólo obran, en dicho registro, dos legajos identificados con los números 3771 y 3772, con documentos posteriores al año 1957.
En efecto, la documentación existente en el Archivo General de la Nación corresponde a los años 1957 a 1985 y trata, fundamentalmente, de la persecución de nazis realizada legalmente por el Estado argentino. Falta, en consecuencia, la documentación anterior. Aquella vinculada a la actitud de nuestro país respecto del ingreso y protección de nazis en nuestro territorio.
Con motivo de la visita del Primer Ministro de Israel, el Presidente de la Nación, Mauricio Macri hizo entrega al citado mandatario de “documentación digital relacionada con el Holocausto que consta de casi 140 mil imágenes producidas por la Cancillería argentina entre 1939 y 1950”. De dicha documentación podría obtenerse información de relevancia sobre la actitud de nuestro país, durante la etapa del gobierno de facto que integró Perón, y durante su posterior presidencia, obtenida en comicios legítimos.
Ahora bien, dicha documentación no ha sido publicada localmente, ni se la puede obtener en el archivo público donde –según el decreto de Menem- la debería encontrar cualquier interesado.
Es por ello que la ONG Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional Asociación Civil, representada por el autor de esta nota, requirió el 6 del corriente, al Poder Ejecutivo, la misma información que se le entregara recientemente al Primer Ministro Israelí.
Quizá aprovechando el impulso de transparencia que debiera traer consigo la ya vigente ley de acceso a la información pública, estemos ante una oportunidad inmejorable para que el Estado Nacional publique, en una página oficial, todos los contenidos que hoy se encuentran ocultos.