Si bien el Gobierno intenta mantener bajo control la interna que se produjo entre el ministro de Justicia, German Garavano, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estos esfuerzos terminan por ser infructuosos.
Un asesor radical de Garavano repudió la “doctrina Bullrich” a favor del “gatillo fácil”, por lo cual, comprometió más al titular del Ministerio de Justicia frente al presidente Mauricio Macri, que a Bullrich, que fue a quien apuntó principalmente.
El asesor Ricardo Gil Lavedra, coordinador general de Justicia 2020, abrió una grieta dentro del oficialismo de turno al controvertir el cambio de doctrina en tema seguridad, impulsado por el Poder Ejecutivo sobre la base del apoyo que recibió Chocobar, es dable recordar que el Gobierno etiquetó el accionar de este policía como plausible.
Lavedra comparó la doctrina Bullrich con la Ley Nº 23.521, al mencionar que esta iniciativa “tiene algún parentesco con la Ley de Obediencia Debida que tanto se discutió en democracia”.
Vale mencionar que la Ley mencionada, fue una disposición legal dictada en Argentina el 4 de junio de 1987 durante el Gobierno de Raúl Alfonsín, y estableció una presunción de que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas cuyo grado estuvieran por debajo de coronel (mientras no se hubiesen apropiado de menores y/o de inmuebles de desaparecidos) durante el Terrorismo de Estado y la dictadura militar, no eran punibles por haber actuado en virtud de la denominada “Obediencia Debida”.
En una columna en el diario La Nación, el asesor de Garavano, invalidó los fundamentos de Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Marcos Peña, al mencionar que “presumir de modo absoluto que la policía siempre está en lo correcto es abiertamente inconstitucional”.
“La policía debe actuar dentro de sus instituciones, no se debe salir de sus funciones. Establecer que en todos los casos actúan legítimamente no se conduce con la Constitución” aseguró el dirigente radical sobre la base del “cambio de doctrina” de seguridad, además rememoró: “Los argentinos hemos experimentado y padecido la llamada política de mano dura o de demagogia punitiva, sabemos a lo que conducen”.
También, Lavedra aseveró que “la fuerza utilizada no puede ser discrecional ni ilimitada”, y agregó que “el Estado, a quien representa el policía, debe usar la fuerza de modo racional y proporcional al mal que se procura evitar”.
En tanto, coincidiendo con la crítica de la activista de Derechos Humanos Graciela Fernández Meijide, el radical cuestionó la forma en que el Gobierno ejerce presión sobre el Juez Enrique Velázquez, que es quien procesó y embargó al policía Chocobar: “no corresponde a ningún otro poder del Estado valorar las constancias del expediente y la eventual responsabilidad del imputado. El genuino respeto a la independencia de los jueces es evitar influir en las decisiones de los jueces, dejar que libremente decidan lo que entiendan que por derecho corresponda de acuerdo con los hechos de la causa” se puede leer en diario La Nación.
Por último, fue en contra del intento de la ministra Bullrich de reinstalar el plan de la mano dura y lo definió como una forma de hacer “marketing político”, asegurando que este cambio de doctrina “lejos de disminuir los niveles delictuales, generan más violencia y riesgos para los habitantes. No se debe recurrir a la ilusión del marketing político; es necesario enfrentar la inseguridad con políticas publicas integrales, estables y serias”.