En medio del revuelo que generó la decisión del Gobierno de desanudar en el Congreso el debate sobre despenalizar o no el aborto en la Argentina y de las repercusiones por la marcha opositora de mediados de la semana pasada, el oficialismo en las últimas horas terminó de acordar con el PJ no kirchnerista el reparto de comisiones clave en el Senado.

Si bien existió en cierto momento una pulseada entre Cambiemos y el bloque de legisladores peronistas que encabeza el dialoguista Miguel Pichetto, el macrismo permitió que el PJ se quedara con posiciones estratégicas, en un intento por robustecer el poder de fuego del senador patagónico dentro de la Cámara alta.

El objetivo de fortalecer a Pichetto y empoderar al grupo de legisladores que le responden persigue como finalidad de máxima evitar posibles "fugas" hacia el kirchnerismo y al mismo tiempo, restringir el margen de maniobras del bloque que lidera Cristina Fernández de Kirchner.

En este contexto, el PJ no K se alzó con la presidencia de la comisión de Asuntos Institucionales, que debería encargarse nada más ni nada menos que de analizar el pedido de desafuero de la ex jefa de Estado que ingresó al Senado hacia fines del año pasado, motorizado por el juez Claudio Bonadio en el marco de la causa por el supuesto encubrimiento de Irán en la investigación por el atentado de 1994 contra la AMIA.

¿Debería estar preocupada Cristina? El radical Luis Naidenoff, presidente del interbloque de senadores de Cambiemos, ya anticipó que se trata de una solicitud judicial que tiene que ser debatida en la Cámara alta.

También por esta comisión debe pasar el postergado proyecto de reforma electoral que pretende aprobar el Gobierno, una iniciativa que, según pudo averiguar la agencia Noticias Argentinas, interesa mucho más al oficialismo por estos días que todo el intríngulis judicial-legislativo en el que pueda estar involucrada Cristina a lo largo del año.

La obsesión por Fuentes

En los pasillos del Senado se comenta además que el macrismo, encabezado por Federico Pinedo, acordó con el PJ de Pichetto el reparto de comisiones clave y le cedió la presidencia de Asuntos Constitucionales con el fin de apartar de ese puesto al kirchnerista Marcelo Fuentes.

El neuquino Fuentes, que preside el grupo de senadores que reportan a Cristina, lideraba esa comisión cuando formaba parte del bloque del PJ-FpV (Partido Justicialista-Frente para la Victoria) y al parecer, Rogelio Frigerio, uno de los principales operadores del Gobierno cuando de "roscas" legislativas se trata, lo tenía entre ceja y ceja.

¿Por qué? Porque el ministro del Interior entendía que había sido Fuentes el responsable de que se trabara en 2016 el proyecto de reforma electoral. Según dijeron fuentes confiables a Noticias Argentinas, Frigerio pretendía que el oficialismo se quedara ahora con Asuntos Institucionales, aunque se conformaba con el objetivo de mínima: deshacerse del neuquino.

En realidad, aquella iniciativa la terminaron volteando hace dos años los gobernadores, azuzados especialmente por el pampeano Carlos Verna y el formoseño Gildo Insfrán, quienes incluso concurrieron al bloque de senadores justicialistas para bajarle el pulgar en persona a la propuesta oficial.

A Pichetto le simpatizaba la propuesta del Gobierno, pero encontró en ese entonces una resistencia interna que no logró sortear. Los mandatarios provinciales, a quienes lógicamente responden los senadores, frenaron el proyecto, a diferencia de lo que ocurrió a fines de 2017 con la reforma previsional que impulsó con éxito el macrismo.

Salvo por Presupuesto, considerada una comisión de gobierno, el PJ embolsó las presidencias más relevantes, incluyendo la de Acuerdos, en la que se resuelven, por ejemplo, nombramientos de cargos judiciales y ascensos militares: el peronismo la retuvo, con Rodolfo Urtubey a la cabeza.

Por su parte, Cristina, que sabe que este año deberá lucirse para mantener con vida el sueño de "volver" al Poder, como añoran los militantes kirchneristas, dispondrá de una silla en Asuntos Constitucionales, probablemente de igual modo que su inesperado aliado en las recientes elecciones de medio término, el puntano Adolfo Rodríguez Saá.

La ex presidenta integrará también las comisiones de Relaciones Exteriores y Presupuesto.

Riesgo de fugas

Antes del revuelo que desató el Gobierno al liberar en el Congreso el debate sobre la posibilidad de despenalizar el aborto en la Argentina -una decisión con la que claramente el macrismo tensa aún más su relación con el papa Francisco-, en el Parlamento nacional el foco de atención estaba centrado en el reparto de comisiones.

En el Gobierno también se estuvo hablando -y se habla- de los insultos que recibe el presidente Mauricio Macri en estadios de fútbol (quizá no motivados sólo por cuestiones deportivas) y lógicamente de la marcha multitudinaria que lideró Hugo Moyano y a la que asistieron trabajadores, dirigentes y militantes gremiales, referentes de la oposición e incluso integrantes destacados del llamado "club del helicóptero", para manifestarse en principio en contra de las políticas oficiales.

Un dato curioso al respecto: después de la movilización comenzó a circular por redes sociales una fotografía que confirmaba la estrecha relación que parece mantener por estos días el moyanismo con Gustavo Vera, ex legislador porteño, líder de la Fundación La Alameda y "amigo del Papa". Apenas horas más tarde de esa presunta "filtración", el Gobierno dispuso avanzar con el delicado tema del aborto en el Congreso.

En medio de esta polvareda mediática, el macrismo terminó de negociar cargos en comisiones del Senado con el pichettismo. En definitiva, cada bloque cuenta con 25 integrantes, mientras que el kirchnerismo suma únicamente ocho.

Según trascendió, para evitar o achicar el riesgo de fugas en un contexto en el que cualquier sangría que pudiera sufrir el PJ muy probablemente beneficiará a Cristina, Pichetto optó por conceder algunos cargos a modo de "contención", es decir, para tratar de mantener conformes y "comprometido con la causa" a eventuales escurridizos.

En esa nómina de posibles "aceitosos", como se los suele mencionar puertas adentro, figuran -entre otros- el formoseño José Mayans, de postura más combativa hacia el Gobierno que Pichetto; y el chaqueño Eduardo Aguilar, a quien le asignaron la comisión de Educación para que haga "buena letra".

También se podría ubicar en esa lista al cordobés Carlos Caserio, que hacia fines del año pasado se paró de manos y prometió "nunca más" tratar proyectos "a libro cerrado" después del meteórico tratamiento en la Cámara alta de la reforma tributaria y del Presupuesto 2018. Se molestó en aquel momento, aunque después se calmó y volvió a encolumnarse.