La lujosa vivienda en la que vivía el ex secretario de Obras Públicas José López sigue aguardando su suerte, ya que el reclamo que hizo la Oficina Anticorrupción (OA) para que se le entregue y destinarla a fines sociales sigue en espera, y un fiscal se pronunció en contra de la solicitud.

La casa es la de Dique Luján en la localidad de Tigre, que según López y su mujer María Amalia Díaz alquilaban, pero que para la Justicia era una pantalla y en verdad ellos eran sus reales dueños.

La propiedad forma parte del enriquecimiento ilícito por el cual se acusa al ex funcionario, sumado a los casi nueve millones de dólares que intentó esconder en un convento de General Rodríguez aquella madrugada de junio de 2016.

La causa está a la espera del inicio del juicio y la tiene el Tribunal Oral Federal 1, integrado por José Michilini, Gabriel Vega y Adrián Grunberg, el mismo que juzgó y sobreseyó al ex vicepresidente Amado Boudou por utilizar papeles truchos en la transferencia de un vehículo.

El Tribunal recibió un pedido de la Oficina Anticorrupción, querellante en la causa, interesada por la vivienda de Dique Luján, Tigre, la cual está embargada y sujeta a la investigación.

Hasta quedar detenido a mediados de 2016, López habitó esa casa junto a su esposa, y sus antiguos dueños habían sido el contador Andrés Galera y el empresario Eduardo Gutiérrez, aunque para la investigación éstos son "testaferros" del ex funcionario.

La vivienda, en la que estuvieron ocultos los bolsos con dinero antes de ser trasladados al convento por López, está valuada según un peritaje en 680 mil dólares.

La misma cuenta con una superficie de dos mil metros cuadrados y tiene un muelle al Río Luján, el cual tenía un costo según la tasación oficial de 10.000 dólares, y una piscina también con un valor similar.

Según declaró el ex secretario, él pagaba 17 mil pesos por el alquiler de la propiedad, pero los tasadores lo fijaron en 3.500 dólares.

Para atribuirle a López la propiedad de la mansión que se adjudicaba a los empresarios Galera y Gutiérrez-, el magistrado tomó en cuenta la semejanza entre las fachadas de sus domicilios en Río Gallegos y en Tigre.

Fue determinante para ello el testimonio del arquitecto Federico Curcio, quien aseguró que diseñó de esa manera la residencia por pedido de la esposa del ex funcionario.

La Oficina Anticorrupción, tal cual lo había plantado en primera instancia, reclamó al Tribunal que entregue la vivienda al Estado para fines sociales.

Pero el fiscal de juicio Miguel Ángel Osorio, quien tendrá a cargo la acusación en el debate, presentó un dictamen en el que se opuso a la entrega de la vivienda, y ahora el planteo deberá ser resuelto por el Tribunal Oral.

En su dictamen, el cual no es vinculante para el Tribunal, señaló que la causa está en pleno curso y que la OA no tiene la facultad de hacer ese tipo de planteo.