Hace pocas horas, en el Boletín Oficial se publicó una renovación del “plan de acción” de la Oficina Anticorrupción (OA) con la vista gorda puesta en las Declaraciones Juradas (DDJJ) y los conflictos de intereses, entre otros tópicos de relevancia que datan del año 2001.

En el apartado “Control de Declaraciones Juradas, conflicto de intereses, obsequios y otros deberes éticos” de la normativa de la OA, se plantea el menester de “redefinición del universo de sujetos obligados a presentar DDJJ”. Además de recalcar el propósito de “reformulación y modernización de los procedimientos de gestión y administración del sistema”.

También se destaca lo que refiere a los conflictos de intereses, en el “Diseño de políticas de integridad y transparencia en la Administración Pública Nacional” entre otros ítems, aparece el “diseño de procedimiento de análisis de conflictos de intereses previo al proceso de designación de funcionarios de alta jerarquía”.

Básicamente, lo que se intenta explicar, es la intención que tiene la OA de “controlar la implementación del decreto de prevención de conflictos de intereses en contrataciones”.

El llamado “plan de acción” también toma consideración sobre el “Posicionamiento de la agenta anticorrupción”; “posicionamiento de las políticas de integridad y anticorrupción del Estado Argentino a nivel Internacional”; “investigación para la prevención de corrupción”; y “transparencia e integridad en sectores de riesgo”.

Según supo mencionar la titular de la OA, Laura Alonso, mediante un comunicado, “Este plan quinquenal es producto del debate interno de la propia OA y de las nuevas realidades y demandas que han surgido dentro de la administración pública y la sociedad. Solo en 2001, la OA produjo un plan similar”.

Alonso agregó también que la idea es “informar a la ciudadanía y a muchos actores nacionales e internacionales que siguen nuestra actividad sobre las prioridades y acciones que profundizaremos e iniciaremos”.

El último plan de la OA redactado, data de marzo del año 2001, y precisaba doce “cuestiones estratégicas”. Entre ellas aparecen: la “elaboración de normas” y “analizar, diseñar y desarrollar políticas de transparencia”.

La decisión de renovar el “plan de acción” dentro de la Oficina Anticorrupción, en parte tiene que ver con los últimos escándalos donde se dieron a conocer funcionarios con empresas off shore radicadas en paraísos fiscales y por la clara falta de transparencia en sus declaraciones juradas.

Parece ser que dentro del Gobierno está de moda guardar el dinero fuera del país ya que se estima que el 43% de los bienes del Gabinete de Macri se encuentran en otra parte del mundo.

Fue el mismo jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien, al ser consultado por los funcionarios que tienen plata en el exterior, esquivó la pregunta respondiendo “se les pidió integridad y honestidad en sus cargos”.

Se pueden mencionar demasiados casos, como por ejemplo el del ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien declaro tener 88 millones de pesos en el extranjero; el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien menciono poseer 85 millones afuera del país; incluso Gustavo Arribas quien dijo ostentar la acaudalada suma de 108 millones de pesos en el exterior.

Así como Aranguren, Dujovne y Arribas, existe una larga lista de funcionarios, en la que también se encuentra inscripto el nuevo titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, que se manejan de igual forma, lo cual resulta irrisorio, siendo que el oficialismo busca atraer inversiones a la Argentina.

¿Cómo se puede esperar que se invierta en la Argentina si los mismos funcionarios tienen, en algunos casos, hasta el total de sus activos fuera del País?, no se puede predicar sin el ejemplo.

Muchos dirán que tienen sus activos fuera del país mucho antes de ser funcionarios, sin embargo nadie pudo responder a una pregunta muy sencilla: ¿Por qué no la trajeron devuelta una vez en sus cargos?

Aunque quiza, la incógnita mas importante sería: ¿Cuánta plata no declarada poseen estos funcionarios?

Es difícil saberlo, más teniendo en cuenta el ya sabido favoritismo político de la titular de la OA, Laura Alonso, quien siempre se muestra inclinada hacia el macrismo.

Sin embargo, se supo que Dujovne “se olvidó” declarar 12 millones de pesos, ya que en el exterior se dio a conocer que tenía 97 millones de pesos, también tenemos el caso del ministro de finanzas, Luis Caputo, quien no solo omitió mencionar ser dueño de varias empresas offshore sino que, además, se supo que no declaró una gran parte de su patrimonio.

En la normativa de la OA se menciona la Ley Nº 25.188 que incorporó al Código Penal el artículo 268, que establece: “Sera reprimido con prisión de quince días a dos años e inhabilitación especial perpetua el que, en razón de su cargo, estuviere obligado por Ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo, al igual que quien maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas deban contener de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables”.

Lo que desemboca en otra pregunta, ¿Por qué Caputo y Dujovne no están en prisión en este momento?

Tribuna de Periodistas intentó en varias oportunidades y con distintos funcionarios darle una respuesta lógica a cada una de las incógnitas planteadas en este artículo, sin embargo nadie quiso hacerse cargo,.

Tal como dice un viejo refrán: el que calla, otorga.