Justo cuando varios indicadores clave de la economía comenzaban a mostrar señales concretas de recuperación, una fuerte reacción de la sociedad contra el incremento de tarifas tomó por sorpresa al Gobierno, y a punto estuvo de darle una satisfacción a la oposición, cuando casi logra forzar una sesión especial para tratar de frenar los ajustes.

Hay fastidio en amplios sectores sociales por el fuerte impacto que el alza del agua, el gas, los combustibles y la electricidad, en ese orden, vienen teniendo sobre los presupuestos familiares y el funcionamiento de comercios y pequeñas industrias.

El problema para la alianza gobernante es que el ajuste se siente de lleno en su base electoral, las clases medias que le dieron el voto cansadas del estilo impune de gobierno del kirchnerismo, que pareció confiar en que todo le sería perdonado mientras conservara la capacidad de ganar la calle.

Esa capacidad de movilización basada en un núcleo duro de adherentes explicaría cómo más de dos años después de gobierno de Mauricio Macri el kirchnerismo, aliado con la izquierda y sectores gremiales, es capaz de movilizaciones ruidosas y multitudinarias.

¿Lo serán también cuando llegue la hora de los votos? Difícil saberlo, pero sí preocupa a la Casa Rosada el creciente mal humor social ante la decisión del Ejecutivo de avanzar en un recorte de déficit fiscal que obliga a las familias a pagar fortunas por las tarifas.

El kirchnerismo congeló los precios de la energía y del transporte durante doce años, y esto generó distorsiones de todo tipo: la sensación de que calefaccionar un hogar era casi gratis en un país que había perdido la soberanía energética y debía importar.

Será difícil para Cambiemos explicar que es todo lo contrario, que hay naciones, como Italia, donde las familias destinan hasta tres meses de ingresos para pagar la energía anual que consumen.

También otras, como el propio Estados Unidos, donde sus habitantes cuidan hasta el más mínimo detalle en la construcción de sus casas para evitar fugas de energía y así ahorrar unos cuantos dólares tanto en calefacción durante el invierno como en refrigeración durante el verano.

Son sociedades que se fueron haciendo cada vez más eficientes, a contramano de la Argentina, un país ineficiente por naturaleza, donde el Estado pocas veces se preocupó por educar y explicar el valor que tiene la energía.

Se pagará durante décadas la demagogia de la mayoría de los últimos gobiernos, que convencieron a los argentinos de que todo nos sobra, cuando en realidad casi todo nos falta.

Un análisis sobre el comportamiento del consumo llamó la atención del gobierno: a pesar de las fuertes subas de tarifas, hay sectores que consumen más que antes.

Otro dato sorprendente es una comparación con el comportamiento de los consumidores en Uruguay y Chile, donde en forma relativa las tarifas de gas son "160% más caras", según la Casa Rosada.

A pesar de eso, el consumo en Buenos Aires es 70% superior al de ambas ciudades sudamericanas.

Macri se queja y dice que en la Argentina el consumo de energía aumenta a pesar de la suba de tarifas.

El costo político que está pagando por intentar ese cambio cultural en el consumo es notorio, y se agrava porque a su gobierno le cuesta demostrar que gobierna para todos y no sólo para los sectores más acomodados de la sociedad.

Casos como las cuentas offshore, los millones que funcionarios mantienen a resguardo en el exterior o el hecho de que las primeras medidas del gobierno hayan buscado beneficiar al campo o la minería, por citar algunos casos, no han hecho más que darle pasto a las fieras de la oposición.

Reforma laboral, el conflicto que viene

Mientras sigue vivo el conflicto por las tarifas, el Gobierno intentará avanzar con un tema que terminará por enemistarlo con los grandes gremios: enviará al Congreso en mayo, en varios bloques, la reforma laboral.

Comenzará con el blanqueo, porque lo considera el principal problema de la economía, con unos 4,5 millones de trabajadores informales.

El proyecto prevé una amnistía para el empleador en los impuestos previsionales impagos, con la condición de que declare el vínculo laboral.

Respecto de los años previos trabajados en negro, el proyecto propondrá que el Estado le reconozca al trabajador cinco años de aportes hacia atrás, a los efectos jubilatorios.

Desde el momento en que sea regularizado, el trabajador pasará a cobrar el salario de convenio, tendrá obra social, aportes jubilatorios que le garantizarán la cobertura del PAMI cuando se jubile, y ART.

El otro capítulo de la reforma que se enviará es la creación del Instituto de Formación Profesional, con un nuevo régimen de pasantías dentro del convenio colectivo de trabajo de cada actividad.

A esto se sumará una iniciativa para la creación de la Agencia Tecnológica de Salud, vinculada a la supervisión y homologación de las prestaciones por parte de las obras sociales y prepagas.

El cuarto capítulo de la reforma será una ley de prevención de accidentes de trabajo, complementaria de la actual ley de ART.

Alertados por esta decisión, miembros clave de la CGT, como Pablo Moyano, de los camioneros, ya anticiparon su rechazo y la decisión de dar pelea.

Será un nuevo enfrentamiento entre la oposición y el gobierno que animará el complejo escenario político en el segundo semestre.