Durante los últimos meses, la asociación civil Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional elaboró un informe que hoy presenta, sobre el funcionamiento del área anticorrupción correspondiente a la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; una repartición escondida en el organigrama del estado local, que muy pocos conocen.

Según en el informe presentado por "Ciudadanos Libres", el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires incumple, al menos, tres aspectos esenciales de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

En efecto, la Autoridad de Aplicación Ley Ética Pública Nº 4.895 (versión porteña de la Oficina Anticorrupción que opera en el orden nacional) carece hoy de toda independencia, respecto del gobierno de turno.

Ahora bien, a diferencia de lo que ocurre con el ente que conduce Laura Alonso, cuyo diseño institucional no garantiza su independencia, el organismo anticorrupción local sí cuenta con requisitos legales que limitan la injerencia del poder político, a saber: la designación por concurso del funcionario a cargo, con un mandato de cuatro años, dentro del cual, la remoción sólo puede ocurrir en caso de inconductas.

Sucede que, pese a lo que las normas establecen, el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta designó al titular del órgano anticorrupción, Fernando Javier Rivas, sin concurso previo, a dedo, y con carácter “transitorio”, tal como lo sostiene el Decreto 241/2017.

Sin lugar a dudas, estamos ante un servidor público atado de pies y manos, a la hora de perseguir a aquellos funcionarios que incumplen las normas de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

Lo dicho no es una mera suposición derivada de la debilidad institucional que padece la Autoridad de Aplicación Ley Ética Pública Nº 4.895, sino que surge, también, de la información analizada en el informe de "Ciudadanos Libres".

En efecto, el área anticorrupción de la Ciudad de Buenos Aires elude con excusas inadmisibles su deber legal de difundir en la página web oficial las declaraciones juradas presentadas por los funcionarios y los listados de servidores públicos que incumplen dichas presentaciones.

Asimismo, la obligación de presentar las declaraciones juradas se transforma, en los hechos, en una mera opción para los servidores públicos, ya que los funcionarios incumplidores ni siquiera son intimados a presentarlas por el órgano anticorrupción. De este modo, la Autoridad de Aplicación Ley Ética Pública Nº 4.895 incumple con otro deber legal -la intimación-, que es el paso previo ineludible para activar las medidas sancionatorias.

Finalmente, otro grave incumplimiento legal que condiciona el desarrollo de la ética pública en los futuros funcionarios y en los futuros ciudadanos, es la falta de coordinación entre el órgano anticorrupción y el Ministerio de Educación, para lograr el dictado de los contenidos específicos de la ética pública en todos los niveles educativos.

Si bien la designación a dedo de Fernando Javier Rivas data de mediados del año pasado, lo cierto es que la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública Nº 4.895 fue sancionada hace más de cuatro años, sin que a la fecha se haya logrado el cumplimiento de las funciones esenciales de la repartición, ni la difusión de su existencia en medios de comunicación y redes sociales, para que los porteños conozcan cómo ejercer el control ciudadano sobre sus funcionarios.