El dato es tan preocupante como real: solo el 8 por ciento de las causas por corrupción en las últimas décadas llegaron a juicio oral. Se trata de la instancia que define si un acusado es culpable o inocente. Ello surge de un relevamiento hecho por el Consejo de la Magistratura.

Así, menos de 100 casos de corrupción llegaron a juicio oral sobre los 1.151 expedientes concluidos que revisaron los auditores del Consejo, según los datos presentados por el presidente del organismo, Miguel Piedecasas.

El informe de 434 páginas contaba con el detalle, caso por caso, del trámite de los expedientes desde 1996 hasta 2016 en cada uno de los 12 juzgados de Comodoro Py.

Por las largas demoras en el trámite de los casos, quedaron expuestos bajo la lupa los jueces federales Rodolfo Canicoba Corral, Norberto Oyarbide, Luis Rodríguez y Ariel Lijo por el trámite de estos expedientes.

El promedio por juzgado para resolver un caso es de dos años y cuatro meses-.

Ese promedio incluye también datos de una gran cantidad de denuncias que apenas prosperan y terminan con un rápido sobreseimiento de los imputados.

Más allá del bajo promedio que arrojó la auditoría, el Consejo también señaló que el 12% de los expedientes demoraron, por lo menos, más de seis años.

La auditoría -impulsada por el Colegio de Abogados de la Ciudad- reflejó que el trabajo se multiplicó en los juzgados desde el segundo mandato de Cristina Kirchner en adelante.

En 2011 se impulsaron 54 casos, pero el número se multiplicó en los siguientes años: en 2014, por ejemplo, las denuncias ascendieron hasta 268.

El juzgado federal porteño N° 6 (el que más demoró), que instruye Canicoba Corral, registró 13 causas de corrupción que tardaron más de 10 años en resolverse.

Y otros cinco casos que demoraron entre seis y diez años para tener una resolución.

El exjuez Oyarbide registró diez prescripciones, es decir, el 15% de sus causas en trámite al momento de su renuncia en 2016 estuvieron atravesadas por este beneficio.

El juzgado N° 9, a cargo de Luis Rodríguez desde 2012, también fue señalado por la demora de ocho expedientes, que tardaron más de diez años en resolverse.

Ese juzgado había sido ocupado antes por los jueces Juan José Galeano y Octavio Aráoz de Lamadrid.