En las últimas horas, la conocida organización Greenpeace denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que miembros de la ONG recibieron amenazas de parte de "personas de estrecho vínculo con el gobierno nacional", puntualmente, del empresario Alejandro Braun Peña, primo del jefe de Gabinete, Marcos Peña.

En la presentación, realizada el 28 de mayo último, Greenpeace le pidió un "monitoreo" al organismo internacional y que le solicite informes al Gobierno para que "clarifique sus vínculos con las afrentas sufridas y su relación con los agresores".

La entidad también reclamó que se requiera a las autoridades nacionales "medidas destinadas a proteger el ejercicio de los defensores y defensoras de derechos humanos que forman parte de la organización".

Según señaló la agrupación ambiental, las amenazas empezaron en enero pasado, luego de que denunciaran públicamente la destrucción de bosques nativos realizada por Braun Peña en su finca Cuchuy, de 550 hectáreas, en Salta.

Greenpeace destacó que 8 de marzo último, en una reunión de mediación, el empresario amenazó con gastar "2 o 3 palos verdes" para perjudicarlos personalmente y a la organización.

Según señaló la denuncia, Braun Peña reprochó a los representantes de la organización Martín Prieto, Hernán Giardini y Natalia Machain que la campaña había difundido su imagen cuando él había dedicado mucho tiempo en convertirse en "uno de los empresarios más ricos del país pero también para estar en las sombras y ser uno de los más desconocidos".

"Tengan en cuenta que por suerte estamos en otra época del país. Él no es Yabrán, sino, imagínense. Es un empleado serio que apuesta por el país", afirmó el abogado del empresario, tal cual publicó Greenpeace en su página oficial.

Además, aseguró que días después de ese episodio informaron a funcionarios de la Casa Rosada lo ocurrido.

En la denuncia también se incluyó al diputado nacional del PRO Juan Carlos Villalonga, a quien Greenpeace acusó de montar una campaña difamatoria en redes sociales a través de "trolls".

La organización mantiene su reclamo en Salta por el cumplimiento de la Ley de Bosques y de la resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente, que declaró ilegales los permisos de desmonte en 32 fincas salteñas que poseen bosques protegidos por la normativa nacional y de la resolución 019 del Ministerio de Producción, que resolvió "suspender la ejecución de las autorizaciones de re-categorización de Uso Predial y Cambio de Uso del Suelo".