Las elecciones nacionales en el Sindicato de Obreros del Caucho, Anexos y Afines (SOCAYA) continúan sin una resolución y desde una de las listas denunciaron una “mano interviniente” por parte del Ministerio de Trabajo en el proceso electoral y en la designación de autoridades nuevas.

Los primeros problemas iniciaron en el transcurso del proceso electoral realizado en julio del 2017, en la que se encontraban batallando la lista oficialista Celeste y Blanca contra la opositora representada por el color verde.

En el momento de hacerse la presentación formal, la lista verde no logró reunir la cantidad de integrantes, al mismo tiempo que fueron detectados inscriptos “no afiliados con documentación falsa”.

Dichas irregularidades fueron descubiertas gracias a la junta electoral, brindándoles la posibilidad de reiterar la presentación de la lista, lo cual sucedió en dos oportunidades, y en ambas se detectaron anomalías.

Quien conformó la mayor parte de la lista opositora fue la fábrica más grande del rubro, ubicada en Coronel Suarez, la cual ostenta más de 2 mil empleados.

En los días 18 y 19 de julio pasado, el proceso electoral se topó con un solo inconveniente en una urna de la provincia de San Luis, al finalizar las elecciones comenzó el recuento de votos y se dieron a conocer los primeros resultados parciales, allí el problema.

El fastidio para la lista verde arribó desde Coronel Suarez, donde los votos no llegaban a alcanzar la mitad de los empleados participantes en la votación, es decir, desde esa fábrica, el sufragio no llegaba a 1000. Tras esta anormalidad, rápidamente comenzó la impugnación de urnas para menguar distancias. El colofón lo brindó la junta electoral, quien respondió todas las impugnaciones realizadas y declaró la victoria de la lista celeste y blanca.

Una vez ingresado el tema en la cartera conducida por Jorge Triaca, las complicaciones se incrementaron sobre la base de la demora de la resolución que confirmaría a los vencedores en el gremio.

Es dable destacar que el día en que las autoridades de la lista celeste y blanca debían asumir el mandato en el sindicato, emerge una cedula del Ministerio de Trabajo donde les exhortaban no tomar el timón del barco hasta que se lograran resolver las impugnaciones.

Luego se llevó a cabo un allanamiento en el sindicato por parte de la Policía Federal a razón de una denuncia realizada por el apoderado de la lista verde, donde se retiene todo lo resguardado en la junta electoral, entre esas cosas, se encontraban las actas del escrutinio, las cuales estaban guardadas, lacradas y firmadas por todos los fiscales.

Cinco días más tarde de este suceso, desde la cartera de Trabajo se requiere la totalidad de la documentación, a lo que la junta electoral responde que el material se encontraba en el juzgado de Daniel Rafecas.

El 18 de diciembre último, luego del paro de la Confederación General de Trabajo, el secretario general del SOCAYA, envía una resolución adversa poniendo al corriente que habían aceptado todas las impugnaciones y que la lista celeste y blanca no había enviado toda la documentación requerida cuando existía un escrito presentado en Trabajo alertando la situación post allanamiento.

La respuesta fue recurrir a dicha decisión y exhortar a que les extiendan el mandato hasta que se logre resolver el meollo de la cuestión.

La resolución, finalmente, fue ignorada y por medio de una nueva denuncia realizada por el apoderado de la lista verde, la Justicia Federal interviene el sindicato, mediante Gendarmería, desplazando a la autoridades el día 4 de enero de este corriente 2018.

Según una denuncia realizada por la lista celeste y blanca, la lista verde está involucrada a interventores de otras instituciones, como por ejemplo del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).

Por dicha razón, desde la otrora lista oficialista aseveran que se trata de “una intervención encubierta” al declarar que “hay gente del Ministerio de Trabajo trabajando en nuestro sindicato”.

El menoscabo sufrido por los afiliados al SOCAYA, es proveniente de la dura situación que atraviesa la obra social y la sede sindical, según manifiestan los trabajadores, se encuentran en condiciones perjudiciales a raíz de la pérdida de un bono que era otorgado a principio de año.

Otro problema sucedió en la empresa Dash, donde fueron desvinculados más de 1300 empleados sin intervención alguna por parte del sindicato.