“No siempre uno puede ser leal. Nuestro pasado, por lo común, es una vergüenza, y no puede uno ser leal con el pasado a costa de ser desleal con el presente”. Adolfo Bioy Casares.

Alrededor de la figura del “imputado colaborador” o “arrepentido”, en particular a raíz del estruendoso fallo del Juez Claudio Bonadio, se ha desatado una polémica imbécil; a pesar de no poner en duda la efectividad de la institución, se discute la legalidad de la misma calificándola como una extralimitación de magistrados y fiscales, una “tiranía de los jueces”, en pos de la obtención de las pruebas necesarias para combatir al delito.

Me pregunto qué se podría haber hecho en la “causa de los cuadernos”: ¿El Fiscal Carlos Stornelli hubiera debido esperar hasta obtener algún recibo del pago de una coima o un documento escrito que la describiera?, ¿o a que algún espontáneo se presentara a pedir perdón por sus pecados y confesar haber violado las normas del Código Penal? No resulta vano recordar que, en la Argentina reciente, para el Poder Judicial no sirvieron como prueba las confesiones de la propia Skanska en la causa de extensión de los gasoductos y de British Petroleum ante la SEC norteamericana por el caso de Cerro Dragón, o los miles de mails descubiertos en la computadora de Manuel Vázquez, testaferro de Ricardo Jaime, que pintaban en vivos colores el proceder de esa banda de delincuentes.

En Italia, en Brasil y hasta en los Estados Unidos quedó demostrado que esa voluntad colaborativa sólo se obtiene cuando las cárceles comienzan a poblarse de imputados, en especial cuando se trata de personas –altos funcionarios y los más importantes empresarios, sindicalistas y banqueros- no acostumbrados siquiera a pensar en la posibilidad de ir presos y tener que pasar muchas noches en recintos “tumberos”; la mera probabilidad de reducir sus seguras y prolongadas condenas resulta un factor esencial para desatar las lenguas remisas.

Antes de cambiar de tema, me pregunto qué hará Bonadio, que seguirá investigando y procesando a otros partícipes de la asociación ilícita que tan quirúrgicamente describió, con los hijos transformados en cómplices por sus padres, se trate de Máximo y Florencia Kirchner, de Martín, Leandro, Luciana y Melinda Báez, de Romina y Natalia Mercado o de algunos más. La detención de todos ellos resultaría un gran aliciente para que algunos comiencen a contar la verdad, sobre todo acerca de la ubicación de los dineros mal habidos, que tan difícil parece encontrar.

La otra discusión absurda es la que se relaciona con los mal aplicados fueros parlamentarios, que constituyen a los senadores y diputados en ciudadanos de una casta brahmánica superior, como si estuviéramos en la India, rodeados de privilegios y costosísimos asesores, en una sociedad cuya Constitución teóricamente garantiza la igualdad ante la ley.

El Senador Miguel Pichetto se ha convertido en el temporario garante del H° Aguntadero, y exige para otorgar a la Justicia la posibilidad de detener a algún colega una condena firme. Para quienes no están al tanto de los tiempos procesales requeridos para arribar a ella, un Tribunal Oral demora más de un año para emitir su sentencia; ésta debe ser revisada por la Cámara de Casación, que agrega otros dos años al trámite; y, finalmente, la causa llega a la Corte Suprema, que legalmente carece de plazos para expedirse.

De todas maneras me parece que, a medida en que se acerquen los tiempos electorales, esa posición aparentemente irreductible (¿en defensa propia?) comenzará a bornear lentamente: el peronismo “racional”, al que representa, no querrá quedar tan pegado como hasta ahora a Cristina Fernández, ya objeto de seis procesamientos, que deberá comparecer en distintos juicios orales en plena campaña. Aún cuando volviera a correr con los colores de Unión Ciudadana, su sola presencia impactará sobre la imagen del Partido Justicialista. Por lo demás, de no dejar de protegerla el Senado, Cristina será candidata y podrá ser la contendiente de Cambiemos en el ballotage, anulando la posibilidad de otro peronista de llegar a disputarlo; además, perderá en la competencia y obligará al PJ a seguir peregrinando en el desierto, en peores condiciones y al menos por otros cuatro años.

La tercera discusión absurda es la del presupuesto nacional; esa calificación está justificada: la política demuestra que no está dispuesta a hacer ningún ajuste en su elefanteásico gasto. Cambiemos, que necesita la aprobación de esa ley pero está condicionado por tener minoría en ambas cámaras, requiere de la voluntad y de los votos de los gobernadores, que no quieren resignar ingreso alguno. Por ello, continúa modificando el proyecto siempre en el mismo sentido: más impuestos a la producción, a las exportaciones, a los bienes y a los salarios y jubilaciones; o sea, más presión sobre una economía real cada vez más reducida por la recesión.

Muchos argentinos se están comenzando a preguntar si no valdría la pena crear un nuevo partido político que, sin presentar candidatos propios a cargos ejecutivos y aliado a Cambiemos, llevara en su plataforma electoral una clara posición a favor de la austeridad pública, el respeto estricto a la ley, la limitación del Estado a sus funciones específicas (salud, educación, seguridad y defensa), la reducción de impuestos y en contra del despilfarro, se trate de la nación, de las provincias o de las municipalidades.

Volveré sobre este tema próximamente, para presentar el proyecto de un verdadero programa de acción, pero adelanto algunas ideas: los diputados y senadores tendrán un salario (incluyendo todos los conceptos no remunerativos y los viáticos) igual al de los jueces de Primera Instancia, y sus asesores deberán trabajar exclusivamente ad honorem; se agruparán las provincias en regiones, de modo tal que se suprimirán gobernaciones y legislaturas, y la Provincia de Buenos Aires será dividida en dos, etc..

Me parece que una formación de ese tipo seguramente recibiría la inmediata adhesión de los nueve millones de ciudadanos que hoy soportan sobre sus espaldas a los diecisiete millones que viven y reciben emolumentos del Estado y, además, deben aguantar la violenta actividad de esos mismos beneficiarios, arreados como ganado a manifestaciones cuyos reclamos demostradamente ignoran, muchos de ellos recién llegados al país. El apoyo de este nuevo partido, le daría a Cambiemos el cuerpo y la fortaleza necesaria en el ámbito legislativo para evitar que continúe siendo víctima de la extorsión del mismo populismo clientelista que nos ha llevado a la situación terminal que hoy vivimos.

La última en esta enumeración de estupideces es la que se vincula a la dolarización total de nuestra economía. Quienes proponen este camino para terminar con la inflación, como hicieran Ecuador y varios países menores, parecen olvidar que, aunque nuestro peso desapareciera, no sucedería lo mismo con nuestra falta de competitividad, con el déficit comercial ni con el gasto público. Entonces, ¿de dónde saldrían los dólares necesarios para financiar esos conceptos? Hasta que no reconvirtamos nuestra industria, reduzcamos sensiblemente nuestros siderales costos internos, y nos transformemos en exportadores de alta calidad y elevados precios, una solución así no tendría sentido alguno y, si lo lográramos, resultará innecesario renunciar a un componente tan importante de la soberanía económica como es la moneda propia.