Alex Vegas no encuentra consuelo después de la muerte de su hijo, Alex Yohan Vegas Azuaje, de 16 años. Un adolescente que había dejado los estudios y había comenzado a repartir productos de limpieza para mantener a su pequeña hija de tres meses. A las seis de la mañana del 10 de marzo de 2017, cinco o seis miembros de la Policía Nacional Bolivariana irrumpieron por la fuerza en su casa del barrio Cerro Grande de El Valle, en Caracas. Vegas me contó entre lágrimas que llevaron a la familia a la comisaría, excepto a su hijo. Al regresar, a eso de las 15, encontraron un charco de sangre y marcas de disparos.

Era el presagio de lo peor. La muerte había llamado a la puerta de un barrio humilde de la capital de Venezuela, donde entre 2015 y junio de 2017 hubo 8.292 ejecuciones extrajudiciales, según los datos de la Fiscalía General de la República que recoge Amnistía Internacional (AI) en su informe Esto no es vida: seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela. Uno de los asesinos de Alex llevaba una máscara. La de una calavera. Ese mismo día, me dijo Vegas, otras nueve personas murieron en el barrio. Lo supo cuando arribó al Hospital Doctor Leopoldo Manrique Terrero, donde habían trasladado el cadáver de su hijo.

Un tiro a quemarropa. En el corazón. “Matan a la gente a diestra y siniestra y después dicen que son enfrentamientos armados”, continuó Vegas. Los cuerpos de seguridad utilizan como excusa la llamada Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP). El uso de tácticas militares contra la población más vulnerable y excluida de Venezuela incluye torturas y otros vejámenes e inclusive robos. Nada “garantiza que estos hechos no se repetirán ni supone reparación alguna a las víctimas”, concluye AI.

La impunidad campea a sus anchas en el régimen de Nicolás Maduro. Seis de cada 10 asesinados eran varones de entre 12 y 44 años. En su mayoría, con armas de fuego en zonas urbanas y rurales en las cuales proliferan actividades ilícitas. En 2016, el índice de homicidios batió récords en Venezuela: 21.700. El avasallamiento de los derechos humanos se refleja también en la falta de alimentos, de atención sanitaria y de seguridad; las detenciones arbitrarias por motivos políticos, y la sujeción de civiles a la competencia de tribunales militares, así como en el éxodo masivo de venezolanos por razones económicas o amenazas.

En un país con un millón por ciento de inflación estimado para finales de 2018, Maduro cuenta con tres sostenes: China, Rusia e Irán. A la vuelta de su reciente viaje a Pekín, donde tuvo el honor reservado a pocos de visitar el mausoleo de Mao Zedong, fundador del régimen comunista, después de ceder parte del patrimonio petrolero venezolano a cambio de un crédito de 5.000 millones de dólares, se dio el lujo de comer carne y fumar un cigarro en el carísimo restaurante Nusr-Et Steakhouse, de Estambul, donde fue atendido a cuerpo de rey por el chef Nusret Görkçe. La indignación tronó en las redes sociales.

Maduro hincó el diente en algo que resulta casi imposible de conseguir y de comprar en su país, sometido al Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica. En 2017, el 61 por ciento de los venezolanos pasó a vivir en la pobreza extrema y perdió más de 10 kilos de peso, según la Encuesta sobre Condiciones de Vida (Encovi) que realizan cada año las principales universidades del país. Otra forma de morir en uno de los países más violentos del planeta, con una tasa de homicidios de 89 por cada 100.000 habitantes. Más que en El Salvador y que en Brasil. La más alta después de Siria, en guerra desde 2011.