La operación realizada por el macrismo alcanzó su propósito en el caso por los aportantes apócrifos de las campañas de Cambiemos para limpiar la posibilidad de cualquier tipo de condena contra la Gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal: la Cámara Federal, con el voto del cuestionado Martín Irurzun, resolvió que la causa deje de estar bajo la órbita del juez federal Sebastián Casanello y pase a la justicia electoral platense que encabeza el magistrado de historial amarillo Adolfo Gabino Ziulu.

Bajo el fundamento de faltantes de delitos federales, la decisión que tomó la Justicia responde a las presiones de Cambiemos, en el sentido de que la causa se trascriba al ámbito de la justicia electoral, ya que Casanello apuntaba hacia la investigación en el expediente por delitos de falsedad ideológica, asociación ilícita y lavado de activos, que podían culminar en condenas contra Vidal —quien dicho sea de paso, está pensando en desdoblar las elecciones bonaerenses— y funcionarios de peso del macrismo bonaerense.

"No conmueve lo expuesto la circunstancia de que una parte de las personas incluidas sean beneficiarias de distintos programas de asistencia social, pues la hipótesis en punto a que la información pudo haber sido obtenida de los registros de la ANSES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y/o el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no alcanza, por si misma y por la naturaleza descentralizada de los organismos involucrados, para sostener la competencia excluyente de la sede capitalina", argumentó Irurzun.

Hace sólo una semana, Irurzun, quien consigno su firma a favor a Vidal, se reunió con uno de los máximos operadores judiciales del Gobierno, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, quien además, casualmente, es abogado de la familia Macri y diputado del Parlasur por Cambiemos.

Para Casanello, en la causa de "aportantes truchos", existen delitos de naturaleza federal, pero el juez electoral de La Plata reclamó que la causa pase a su jurisdicción. En esa controversia, terminó ganando Cambiemos con la determinación de la Cámara Federal que exhortó al magistrado de Comodoro Py inhibirse y que la causa pase al Juzgado Electoral.

Con este antecedente, está en riesgo el único expediente en que se investiga la cuestión penal del caso de los aportantes truchos de Vidal. Se trata del que lleva el juez Ernesto Kreplak, que trabaja desde La Plata la comisión de posibles delitos como robo de identidad y financiamiento ilegal, entre varias figuras delictivas posibles.

Pan y queso

Hace solo un mes atrás, las jornadas judiciales para Vidal  no parecían tener un fin elocuente respecto del caso por los aportantes apócrifos de Cambiemos. Es dable mencionar que en dos de las distintas investigaciones que se tramitan, un juez y una fiscal se negaron a que el tema quedara centralizado en las manos de Adolfo Gabino Ziulu, un magistrado cargado de decisiones favorables al Gobierno en quien el oficialismo siempre pensó para centrar todo el caso y de esa manera que sólo se observe el caso como delito electoral y no se trabaje sobre los ilícitos penales.

Para entonces,  Casanello había rechazado el planteo de Carlos Stornelli, el fiscal federal que trabajaba para Mauricio Macri en Boca Juniors, de enviar la causa a la justicia electoral de La Plata que encabeza Ziulu, ademas, la fiscal Ana Russo dictaminó en contra del pedido de inhibitoria planteado por el mismo Ziulu, que subroga la competencia electoral. Este último caso debió ser resuelto por Ernesto Kreplak, y todo indicaba que, en ambos casos, seguirían adelante con investigaciones paralelas.

La operatoria del macrismo nació el 1 de agosto de este corriente 2018, momento en el que  el procurador general de la Nación interino elegido por el Presidente, Eduardo Casal, curiosamente dispuso que la investigación por los aportes irregulares en las campañas del 2015 y 2017 de Cambiemos tenía que llevarse en el fuero civil.

Aquella mirada fue aprovechada por los abogados del PRO, que realizaron ese reclamo en los fueros federales que tenían denuncias y estaban trabajando sobre el tema.

Se sumó a la iniciativa del Gobierno la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, que en cada nota en la que fue consultada por el escándalo que ensucia a Vidal, se desligó de trabajar sobre el tema debido a la resolución de Casal, e indicaba que su cartera no posee competencia al respecto.

Justamente, las decisiones de la fiscal Russo y el juez Casanello se entendían como un revés a la operación del macrismo para que las causas queden en manos de Ziulu, ya que entendieron que ellos debían continuar con sus investigaciones para descubrir si existió delito o no.

Russo dictaminó que el pedido de inhibitoria de competencia, planteado por Ziulu, —portador de numerosas decisiones, como en el caso tarifazos, cercanas al oficialismo— no debía prosperar, ya que la parte penal y la vinculada a lo contable del caso, pueden investigarse en paralelo sin que tengan por qué afectarse derechos de las partes.

El dictamen de la fiscal fue presentado ante Kreplak, que era lo que quería evitar el macrismo “vidalista” a través de la maniobra descripta, que es encapsular el caso como faltas electorales menores.

En su escrito, Russo sostuvo que "la investigación de infracciones electorales reposa sobre hechos distintos de los delitos denunciados, por lo que nada obsta a que ambas investigaciones marchen en paralelo” agregando que “esas conductas exceden el marco de competencia electoral, para dar lugar a delitos tipificados en el Código Penal, amén que, luego de concluido el procedimiento que prevé a la ley 26.215, aparezcan nuevos ilícitos de tipo penal”.

Dicho sea de paso, mientras Kreplak trabaja sobre la parte penal del caso, su colega en lo contencioso administrativo que subroga el juzgado electoral, es decir Ziulu, escruta los movimientos económicos de la alianza Cambiemos, o sea los ingresos, egresos y gastos de campaña, sin auscultar el origen de los fondos.

En caso de detectar irregularidades en el origen del dinero, el marco normativo indica que es Ziulu quien debe declinar competencia y radicar la denuncia en la rama Penal del fuero Federal de La Plata, es decir, enviar esa arista de la investigación a Kreplak.

Este dictamen de Russo fue en el mismo sentido que lo sostenido desde Comodoro Py por Casanello, quien rechazó el planteo del fiscal Stornelli -el mismo que trabajaba en la seguridad de Boca bajo la presidencia de Macri que ahora tiene el caso de los cuadernos de Centeno- y decidió que el escándalo por los aportantes truchos de Cambiemos siga siendo investigado por los presuntos delitos penales de lavado de dinero, usurpación de identidad, falsedad ideológica, falsificación de documento público y posibles dádivas.

Curiosamente, Stornelli negó su competencia electoral, y de paso, le pidió a Casanello que envíe la causa a Ziulu, otra vez en línea con la operatoria buscada por el Gobierno desde el inicio de la causa con la disposición del procurador interino Casal.

De esa forma, ya no se investigaría ni el origen del dinero que se le indilgó de forma apócrifa a personas que no aportaron dinero, ni tampoco los posibles delitos penales cometidos, y el escándalo quedaría solo encuadrado en meras faltas al Código Electoral sin responsables penales.