Desde el trágico suceso que se llevó la vida de dos personas en una escuela de Moreno, el sindicato docente ha presionado para que no abran las escuelas de ese distrito, aun cuando se tratara de establecimientos en condiciones de funcionar.

Lo dicho ocurre en un establecimiento que abriría el próximo Lunes 12, dado que ya se encuentra en condiciones de funcionar. Se trata de la Escuela Primaria 77 “Mariano Moreno”, cuya directora convocó a la “Comunidad Educativa” a una reunión que se realizó el pasado viernes 9 de noviembre.

En dicha reunión, la directora Laura Iacovetta, expuso sobre las condiciones edilicias, y convocó a los padres a debatir y pronunciarse sobre la apertura o no de la escuela, el próximo lunes.

Como puede verse en la cuenta de Facebook del propio establecimiento educativo, frente a la consulta de un padre, respecto de qué había decidido la directora, la propia funcionaria contestó, con una redacción un tanto deficiente: “…Yo no decido, la reunión de hoy decidían en votación los padres. Por las obras q posee la escuela y las q no. Yo les informé lo sé realizó hasta el momento. Los padres votaron por no abrir la escuela, pero igualmente los alumnos seguirán con sus actividades en la continuidad pedagógica.”

Por continuidad pedagógica se refiere la directora a ciertas tareas que las escuelas de Moreno, no habilitadas para funcionar, envían por distintos medios a los alumnos para que realicen en sus casas.

Uno de los padres consultados sostuvo que muchos de los que fueron a votar ni siquiera eran padres de la escuela, y que los que sí lo eran, tampoco tenían autoridad para decidir si su hija concurriría o no a clases: “Que decidan sobre los hijos de ellos, no sobre los hijos de los demás”.

Es evidente que la conducta de la autoridad escolar, y probablemente la de sus superiores, podría estar encuadrada en el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público. Por sí o por no, quien debe decidir si una escuela pública funciona es el estado. Delegar esa decisión en una asamblea carente de legalidad y legitimidad, constituye un despropósito que pone al sistema educativo en situación de total anarquía. Esta ausencia de autoridad provoca, además, severas disputas entre padres, y el infaltable aprovechamiento político por parte de sindicalistas y punteros de la peor calaña.

Como podrá advertirse, persiste la vieja tradición de muchos funcionarios de lavarse las manos y correr al cajero a fin de mes. Mezclada con nuevas modalidades hipócritas de muchos gremios docentes, que mientras excluyen a los niños de las aulas, te explican las ventajas del lenguaje “inclusivo”.