Decía Félix Luna en su monumental obra “Perón y Su Tiempo” que hasta la llegada del peronismo, la escuela pública “había sido siempre en nuestro país un territorio neutral, donde no se ejercía ningún tipo de discriminación política, racial o religiosa; la uniformidad del delantal blanco impuesta por el presidente Yrigoyen había respondido a la preocupación de que ni siquiera existiera un aspecto diferenciado en los alumnos según su vestimenta de modo que todos se sintieran iguales.” Ahora bien, continúa el citado historiador, “El régimen peronista, rompiendo esta tradición, intentó convertir a las escuelas primarias en centros de adoctrinamiento. Si no lo logró, fue por la torpeza de los procedimientos empleados, la pasiva resistencia de muchos maestros y maestras, y los contraataques domésticos que en los hogares de la contra intentaban borrar de la mente de los chicos lo que se les insuflaba en las aulas. De todos modos, la instrumentación política de la escuela primaria fue una monstruosidad que ningún argumento puede justificar.”

En la actualidad, a excepción de lo que ocurre en algunos feudos provinciales, este adoctrinamiento no necesariamente proviene de la cúspide del poder político o estatal, sino de autoridades educativas intermedias remanentes del kirchnerismo, cooperadoras escolares de clara filiación K y, fundamentalmente, de gremios docentes que añoran los tiempos de Néstor y Cristina.

Sin embargo, y contra lo que podría pensarse, el hecho de que el adoctrinamiento provenga de organizaciones ajenas al gobierno, no facilita las cosas a la hora de denunciar estos comportamientos abusivos. Muchos padres evitan denunciar o manifestarse contra el adoctrinamiento en las escuelas, por temor a represalias contra sus hijos. La realidad es que los gobiernos debieran establecer canales de denuncia anónima vía web (con aporte de pruebas tales como fotos, videos, grabaciones) a fin de iniciar investigaciones que detecten y pongan fin ese accionar sectario y fascista en las escuelas. El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, posee un número telefónico de denuncias, pero aún en ese caso el denunciante debe brindar su nombre y apellido.

La bajada de línea en las escuelas, por parte de docentes, es profundamente discriminatoria. Porque el pensamiento único, sostenido y difundido desde el lugar de poder que otorga la docencia, importa una clara política de exclusión de las familias que no acuerdan con las ideas que pretenden imponerse, ni con la práctica misma del adoctrinamiento, sin importar cuales sean tales ideas.

Esta bajada de línea se realiza mediante discursos en actos escolares en los que se llegan a cuestionar políticas de gobierno, o mediante la adhesión de algunos docentes a campañas organizadas por partidos políticos, sindicatos u organizaciones con clara filiación partidaria (Ej: la Operación “Maldonado”) e inclusive, mediante el aprovechamiento, con fines partidarios, de dificultades edilicias u otras deficiencias que suelen presentar las escuelas. Así, el adoctrinamiento consiste en imponer una forma de pensar, mediante distintas técnicas, a niños que, lejos de recibir las conclusiones a las que arriban algunos adultos, deberían incorporar conocimientos para poder arribar, algún día, a sus propias conclusiones en materia política. En definitiva, el adoctrinamiento cercena la autonomía de los futuros ciudadanos, restringiéndoles la posibilidad de pensar, más allá de las fronteras ideológicas que se les coloca a una edad temprana.

Otra consecuencia del adoctrinamiento es la pérdida de autoridad de los docentes. Porque eso es lo que ocurre cuando los padres se ven en la obligación de explicar a sus hijos que su maestra abusa miserablemente de ellos con fines políticos. Y esta pérdida de autoridad no afecta tanto al docente (cuando está ocupado y preocupado en adoctrinar) sino a la calidad de la educación misma.

Por otra parte, estas prácticas nefastas de adoctrinamiento impactan, también, en la calidad de  los nuevos ciudadanos y en la cultura política. En efecto, de aquellos que en la primaria recibieron como ejemplo que la escuela puede ser apropiada por una facción política para el cumplimiento de sus fines sectarios, no puede esperarse otra cosa, cuando llegan al secundario, más que tomas de colegios, como las que hemos visto durante la última década. No debemos olvidar que la escuela pública es la primera y más importante presencia del estado en la vida de los niños. De este modo, el ejemplo que los niños reciban de la escuela pública será determinante en la construcción o reconstrucción del estado que realicen esos mismos niños, cuando asuman  sus derechos ciudadanos, ya sea gobernando, reclamando o simplemente votando.

Más aún, la utilización con fines políticos de un establecimiento público o de una función pública, por parte de un agente público (como lo es un docente) importa la vulneración de normas de ética pública que rigen, en general, para todo tipo de funcionarios. E importa, también, la violación de los estatutos docentes de cada jurisdicción. En definitiva, la Convención Interamericana contra la Corrupción establece como práctica corrupta "La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero." Está claro, entonces, que vulnerar normas escolares y de ética pública, utilizando la escuela estatal para favorecer a un sector de la política es, en sí mismo, un hecho de corrupción; un desvío de las finalidades lícitas de la educación pública, bancado con los impuestos de todos.