Finalmente, Mohammed Bin Salman (35), heredero al trono saudí, aterrizó en Ezeiza junto a su comitiva para participar del encuentro del G20.
Su llegada se da en medio de la crisis diplomática desatada por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, cuya autoría intelectual se le adjudica (y de la cual la CIA no tiene dudas, aunque Donald Trump, sí), y luego de la denuncia en su contra por parte de la ONG Human Rights Watch por delitos de lesa humanidad.
En el comunicado, HRW señaló que presentó "una denuncia ante un fiscal federal argentino (y ante el juez Ariel Lijo) con un resumen de sus investigaciones sobre posibles violaciones del derecho internacional cometidas durante el conflicto armado en Yemen", de las cuales el príncipe sería penalmente responsable como ministro de Defensa de Arabia Saudita. La denuncia también incluye su "posible complicidad en graves denuncias de tortura y otros mal tratos de ciudadanos sauditas, incluyendo el asesinato del periodista Jamal Khashoggi".
El comunicado de la ONG agrega que la "Constitución argentina reconoce la jurisdicción universal por crímenes de guerra y torturas. Esto implica que las autoridades judiciales del país están facultadas a investigar y juzgar estos delitos, con independencia de dónde se cometan y de la nacionalidad de sus autores o las víctimas".
Inicialmente, Mohammed negó no solo el asesinato de Khashoggi, sino hasta la desaparición del periodista y dio versiones contradictorias de los hechos, más tarde, las autoridades sauditas reconocieron el asesinato del periodista en el marco de una "operación no autorizada".