“Muchos jueces son absolutamente incorruptibles; nadie puede inducirles a hacer justicia”. Bertolt Brecht

En medio de la reactivación de las causas judiciales por corrupción, que amenazan con llevar a la cárcel a encumbrados empresarios y funcionarios de relevancia, todos los cuales dicen haber padecido cegueras direccionadas que les impidieron ver los cuantiosos y estrafalarios movimientos de dineros non sanctos que realizaban sus subordinados y pasaban por delante de sus narices en bolsos de todo tipo, una dolencia que al parecer resultó epidémica y común entre los jefes de Gabinete de los Kirchner, me siguen haciendo ruido algunas escandalosas ausencias en la larga lista de quienes han sido llamados a contar sus historias por el Juez Claudio Bonadio.

Me refiero, claro, al camaleónico Alberto Fernández, al inefable “Anímal” Fernández y al siempre resbaloso Sergio Massa, tres espléndidas muestras de cuántas volteretas se pueden dar dentro de la sopa del famoso movimiento sin caerse nunca del plato, tan hondo él. Pero en la planilla de esa generala me falta tachar también a dos empresarios, cómplices del peor y más grande desfalco que sufrimos los argentinos durante el kirchnerismo, a los cuales nadie parece haberles preguntado nada, pese a las obvias respuestas que pudieran dar para esclarecerlo: Enrique y Sebastián Eskenazi.

He escrito mucho sobre ambos, desde la época en que “compraron” el 25% de YPF para su mandante don Néstor (qepd) y, desde entonces, me ha llamado la atención que nadie investigara a Petersen Energía (de Australia) ni a sus homónimas españolas para descubrir quiénes son sus verdaderos y ocultos dueños. La más reciente, cuando un fondo especulativo inició una demanda contra nuestro país ante los tribunales de Nueva York por una suma que podría alcanzar una cifra sideral; puse por título “Cristinita, ¿otros US$ 5.000 MM?” a esa nota.

A comienzos de la semana pasada, en la vorágine desatada por la finalmente exitosa reunión del G-20, pasó desapercibida una noticia penal económica. El Banco de San Juan –también propiedad de esta próspera familia, al igual que el de Santa Cruz (¡oh, casualidad!)- y sus directivos fueron condenados por la Justicia federal a pagar una multa de US$ 17 MM por simular operaciones cambiarias, mediante la falsificación de documentos y firmas de sus clientes, para derivar los fondos al mercado negro en beneficio propio.

Como se ve, el saqueo continúa, pero quienes lo encabezan -¿dónde está Jorge Brito, eterno operador de la corrupción?- siguen gozando de una pasmosa tranquilidad en sus mansiones, al igual de aquéllos para los que actuaron como testaferros.

Pero el epígrafe de esta columna hoy va dirigido, con todo cariño, a dos ministros de la Corte Suprema de Justicia: Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti. Ambos cambiaron el voto con que habían resuelto el caso “Muiña” a favor del condenado por aplicación de la ley más benigna, y ahora decidieron que a los militares y civiles que combatieron y triunfaron en el campo de batalla contra la subversión y el terrorismo no les corresponde ninguno de los derechos que la Constitución, teóricamente, garantiza para todos los habitantes de la Argentina.

Para dar razón a esa injustificable pirueta se ampararon dando constitucionalidad a una “ley interpretativa” de este año que, haciendo verdaderos malabares idiomáticos, nos explicó, retroactivamente, qué habían querido decir los legisladores de entonces cuando sancionaron la ley del 2x1 (cada día en exceso del máximo de prisión preventiva se computa doble). Se sumaron así a Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, que ya habían votado así en la discusión anterior, para constituir una nueva e indigna mayoría.

Los pendones del honor quedaron, a partir de ese fallo, sólo en manos de Carlos Rosenkrantz, el Presidente de la Corte que, a contrapelo de su propia ideología, votó en disidencia por respeto a la ley y a la Constitución, que debieran ser la única razón de los jueces.

Los dos mil ancianos, vergonzosos presos de esta rara y deficitaria democracia seguirán, entonces, muriendo en las inmundas cárceles donde los mantiene la cobarde y pusilánime actitud de todo el arco político y de todos los poderes del Estado, que inexplicablemente tiemblan de miedo frente a una izquierda violenta pero insignificante a la hora de contar los votos.

Ese mismo pavor, y la estupidez congénita de algunos, se expresa hoy a gritos contra el protocolo de seguridad establecido por la Ministra del área, Patricia Bullrich, para defender la vida de los ciudadanos y de los propios policías contra los delincuentes que, arropados en la impunidad que les garantizan los jueces de la puerta giratoria, pululan en nuestras ciudades.

Mauricio Macri, finalmente, ha descubierto que sus actitudes pseudo-progresistas están atentando contra la base electoral del PRO y, ante el giro copernicano que está sufriendo la política en el mundo entero, ha decidido capitalizar al menos una parte del “efecto Bolsonaro”, que está cambiando el perfil de muchas sociedades, incluyendo curiosamente a la andaluza. Sobre todo, ha percibido que cualquier figura, por muy desconocida que sea, puede transformarse, en muy poco tiempo, en un fenomenal competidor si monopolizara esas banderas en la Argentina.