“Más que la civilización, la Justicia es la necesidad del pueblo”. Pietro Colletta

Esa sensación me embarga, como le sucede a muchos, desde que nada menos que Amado Boudou, el ex Vicepresidente que se convirtió en tal cuando sugirió a Cristina Elisabet Fernández apoderarse de los ahorros de quienes habían optado por el sistema de capitalización previsional, fue excarcelado mediante el pago de una multa insignificante, sólo cuatro meses después de haber sido condenado a cinco años de prisión por corrupción, pese a tener otros cuatro procesos pendientes. Sólo veinticuatro horas después, su cómplice en el robo de la máquina de fabricar nuestro dinero, José María Núñez Carmona, recibió el mismo privilegio.

Así, una vez más, la Justicia se cubrió de mugre, dando la razón a quienes tan poco confían aquí en ella, que debiera ser garantía de igualdad y de inexistencia de privilegios de todos los ciudadanos. La mayoritaria indignación social provocada por el fallo, sin embargo, no generó una masiva manifestación de rechazo, tal como nos tienen acostumbrados la izquierda vernácula y sus circunstanciales aliados para imponer a autoridades y legisladores sus deseos por los métodos más violentos, pese a lo menguado de su caudal en las elecciones; evidentemente, nada nos conmueve lo suficiente a los demás como para salir a la calle a reclamar que se cumpla con la Constitución.

Recuerdo que, en las competencia electoral de 1983, Raúl Alfonsín e Italo Luder lograron, sucesivamente, concurrencias que superaron largamente el millón de personas en la Avda. 9 de Julio y que, cuando Carlos Menem quiso privatizar las empresas del Estado, quienes se oponían a esa política llenaron la Plaza de Mayo; pero espontáneamente también, otros argentinos, se movilizaron para manifestar su vocación por achicar el gasto público, superando ampliamente a aquéllos.

Es evidente que, como diría Leopoldo Lugones, nos hemos empequeñecido de corazón y, en cambio, desarrollado un cómodo tejido adiposo, que nos impide actuar a favor de nuestros intereses sociales, si ello implica asumir graves riesgos como, por ejemplo, perdernos un partido de fútbol por televisión.

Es cierto que el fallo que condenó a parte de la banda (los verdaderos responsables aún no se han sentado frente a los jueces) todavía no está firme, ya que puede ser apelado ante Casación y, muy probablemente, llegue a la Corte Suprema, pero estos tránsfugas estaban ya en prisión porque, claramente, podían interferir en la investigación –una de las razones que justifican la privación de la libertad; la otra, el riesgo de fuga- de la conducta de otros importantes miembros de esa asociación ilícita: vgr. Jorge Brito y Gildo Insfrán.

Si bien Boudou ya no es funcionario, la administración pública y hasta el Poder Judicial están llenos de quintacolumnistas enterrados por el kirchnerismo como minas antipersonales, y todos ellos están dispuestos a pagar los favores recibidos con acciones que favorezcan política y judicialmente a los saqueadores o con omisiones que traben el desempeño del Gobierno.

Pero lo que más sorprende de este período, en el cual muchos cifrábamos esperanzas con relación a la situación de los únicos presos políticos de esta democracia falluta, es la cotidiana doble vara que aplican todos, desde los jueces prevaricadores hasta los funcionarios encaramados en cargos relacionados con el tema, como el Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. Éste continúa no sólo protegiendo el negocio de quienes tanto han lucrado sino, mucho peor aún, impulsando estas inicuas persecuciones a través de los fiscales que le son adictos.

Porque nadie puede sostener hoy que, a más de cuarenta años de los hechos, los militares detenidos en inmundas mazmorras puedan tener alguna influencia sobre las presuntas pesquisas y, menos aún, evadir la acción persecutoria fugándose. A pesar de eso, y como lo demostró la Corte hace una semana, para ellos no rige ningún derecho constitucional, como la irretroactividad de la ley penal o el principio de inocencia, así como tampoco los máximos plazos legales en materia de prisiones preventivas, en todos sus casos vencidos hace años.

Pero no es sólo culpa de jueces o funcionarios: la sociedad entera convalidó con su silencio la represión de las organizaciones terroristas hasta su aniquilamiento, ordenada por el gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón, ya que estaba harta de la violencia de los asesinatos del ERP y Montoneros, llamó unánimemente –peronistas incluidos- a los militares para que, en marzo de 1976, la desalojaran de la Casa Rosada por la inoperancia de su gobierno, el caos administrativo y el clima de guerra civil que las acciones de la Triple A habían generado.

Hoy, esa misma sociedad mira para otro lado e ignora el tema, porque ha elegido a estos dos mil veteranos para que carguen solos con la pretendida culpa de todos, tal como sucedió tantas veces en la historia de la humanidad. Sobre esas dos mil cabezas, el conjunto depositó sus presuntos pecados colectivos y, si purgarlos requiere hasta de sus vidas, lo considera un precio razonable que, pagado, impida que nadie más pueda culpar al resto de los argentinos. ¡Qué actitud hipócrita, miserable y cobarde!