Los tribunales, que comenzaron a retomar su actividad habitual tras la feria judicial de enero, tienen por delante una agenda cargada de causas de alto impacto político, en la que sobresale claramente el inicio del primer juicio oral y público contra Cristina Fernández de Kirchner, en Comodoro Py.

El primer juicio oral contra la ex presidenta y actual senadora buscará determinar si, como se sospecha, existió direccionamiento de la obra pública durante su gobierno, en favor del empresario detenido Lázaro Báez. 

El juicio comenzará el 26 de febrero, a las 12, y también tendrá en el banquillo de los acusados al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, al ex secretario de Obra Pública José López y al empresario Báez, todos detenidos por distintas causas.

Las audiencias del juicio se llevarán a cabo los lunes y martes del todo el año y para el debate están citados más de cien testigos, entre los que se encuentran todos los ex jefes de gabinete que cumplieron funciones durante la década que gobernó el kirchnerismo.

El Tribunal Oral Federal 2 también aceptó escuchar el testimonio de empresarios de la obra pública, como los ahora imputados colaboradores del caso de los cuadernos, Carlos Wagner y Angelo Calcaterra, quienes fueron propuestos por la defensa de la ex presidenta.

La causa de los cuadernos de las coimas, en cambio, no supo de pausas durante la feria veraniega: el juez federal Claudio Bonadio aceptó nuevos arrepentidos, para poner bajo la lupa al entorno del fallecido Daniel Muñoz, quien fuera secretario del también extinto ex presidente, Néstor Kirchner.

Desde Comodoro Py, Bonadio investiga una supuesta asociación ilícita, con eje en el gobierno anterior, que recaudaba dinero ilícito de empresarios asociados a la obra pública.

Muñoz aparece en la causa de los Cuadernos como el hombre que llevaba los bolsos con la supuesta recaudación ilegal a la Quinta de Olivos y al edificio de las calles Juncal y Uruguay, donde tiene un departamento la ex mandataria.

Fuentes judiciales indicaron que se espera que en los próximos días Bonadio resuelva la situación de quienes habrían participado de las maniobras realizadas por Muñoz para ocultar dinero ilegal fuera del país: entre ellos se encuentran su arrepentida viuda Carolina Pochetti y el también arrepentido ex funcionario kirchnerista Juan Manuel Campillo, ambos detenidos.

Para el nuevo año judicial se espera, además, en los tribunales federales de Retiro, una decisión de la Cámara Federal de Casación Penal sobre la apelación de la excarcelación del ex vicepresidente Amado Boudou, con tobillera electrónica en la causa Ciccone.

El 13 de febrero, la Cámara Federal de Casación convocó a una audiencia para resolver si ratifica o revoca el beneficio de la excarcelación con tobillera electrónica concedido al ex vicepresidente en la causa Ciccone, por la que tiene una condena a 5 años y diez meses de prisión.

Por otra parte, el juez federal Ariel Lijo resolverá si ordena las medidas de prueba pedidas por un fiscal, Ramiro González, en la investigación por supuestos aportes irregulares a la campaña electoral 2015, de Cambiemos.

En cualquier caso, antes del inicio del juicio oral a Cristina Fernández, habrá definiciones judiciales en otras causas, una de ellas Hotesur, en la que la senadora aparece procesada junto a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner; el juez Julián Ercolini enviará próximamente el caso a sorteo de un Tribunal Oral.

En materia de juicio orales durante 2019, el Tribunal Oral Federal 3 debe resolver sobre los pedidos de prueba y poner fecha de inicio al debate que sentará en el banquillo a los detenidos empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, por la evasión multimillonaria en la empresa "Oil Combustibles".

Otro tribunal, el Federal 8, también tiene que proveer la prueba pedida por todas las partes, y poner fecha al juicio a la ex presidenta y los demás acusados por la firma del Memorando de Entendimiento entre Argentina e Irán por el atentado a la AMIA.

Respecto de la causa por los cuadernos de la corrupción, la sala uno de la Cámara Federal de Casación comenzará a revisar las apelaciones a la primera tanda de procesados del caso, entre ellos Cristina Fernández, como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho con prisión preventiva, aunque permanece libre por tener fueros como senadora nacional.

En cuanto a Bonadio, se espera también que ordene una nueva tanda de declaraciones indagatorias para empresarios, muchos del interior del país.