Todo empezó este jueves cuando el juez federal Claudio Bonadio decidió procesar a 92 intendentes y ex intendentes como partícipes necesarios de un supuesto fraude en contra de la administración pública a través de un programa de gestión de residuos urbanos (PGRISU).

Se trata de una causa por la que ya estaban procesados los ex jefes del Gabinete kirchneristas Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina, dado que eran los responsables políticos del manejo del programa.

Los procesamientos de hoy fueron dirigidos a intendentes y ex intendentes de Ciudades ubicadas en las provincias de Chaco, Santa Cruz, Chubut, Santa Fe, Tucumán, Río Negro, Santiago del Estero, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes, Misiones, La Pampa y Buenos Aires.

Según el juez Bonadio, entre todos los acusados cometieron un fraude contra la administración pública entre los años 2013 y 2015 que habría superado los 600 millones de pesos.

"Requirieron sumas de dinero para llevar a cabo distintos proyectos, sin que, a la postre, haya sido cumplimentado", sostuvo Bonadio en el fallo de 347 páginas.

Frente a la decisión del magistrado, los dirigentes del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires decidieron emitir un comunicado (ver al pie) en el que acusan al juez de ser parte de "una extorsión como parte de una presunta estrategia electoral de Cambiemos".

El documento advierte que "los carpetazos y las falsas denuncias públicas que carecen de sustento jurídico son un mecanismo que atenta contra la democracia y que está muy lejos de la premisa que prometió el propio Gobierno: consolidar una Justicia libre e independiente".

Y añade: "Si Durán Barba ve que a Cambiemos no le dan los números, tendría que hacer una autocrítica y no apelar al engaño, como ya hizo en 2015 y 2017, para sostener un modelo que es, justamente, insostenible".

Finalmente, el comunicado le pide a los funcionarios de Cambiemos que "construyan gobernabilidad ocupándose de lo que realmente le duele y le preocupa a la gente de la provincia y de toda la Argentina. Dejen de intentar hacer daño con mentiras a intendentes que junto a las organizaciones sociales hoy son quienes ponen la cara todos los días y contienen los efectos de la crisis para que no sea aún peor".

Vale mencionar que entre los 92 procesados por Bonadio se encuentra el intendente de San Antonio de Areco, Francisco "Paco" Durañona, el ex intendente de Campo Largo y actual vicegobernador de Chaco, Daniel Capitanich, y el ex intendente de Quilmes, Francisco "Barba" Gutiérrez.

"Cada intendente con su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado, de una suma aproximada de seiscientos cuatro millones quinientos veintinueve mil seiscientos setenta pesos", sostuvo el juez.

"Cada uno de los intendentes involucrados, al momento de ejercer su descargo, no pudieron justificar ni mínimamente el incumplimiento de los pasos del PGIRSU al que se habían obligado", remarcó.

El magistrado agregó que tampoco pudieron "explicar porque en vez de cumplir las tareas por las que solicitaron el acogimiento al programa, las mismas derivaron en otras labores o cuestiones".

Se trata de un expediente iniciado en 2016 a partir de una serie de irregularidades observadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en los programas para el tratamiento de residuos -entre 2013 y 2015- de la ex Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente de la Jefatura de Gabinete.

En esta causa, la Cámara Federal ya analizó el accionar de los ex jefes de Gabinete procesados y sostuvo que "quienes ostentaban el control de los PMGIRSU incurrieron en un reparto discrecional de los caudales cuya custodia tenían a su cargo, al amparo de una estructura administrativa en donde la desorganización era funcional a tales fines".

En total son 10 los ex funcionarios nacionales que están procesados por la implementación irregularidad del programa que tenía como finalidad lograr una mejora en la gestión sustentable de residuos sólidos urbanos, a través de la financiación de proyectos municipales de todo el país.

Los fondos provenientes del Estado nacional se giraron a los municipios que lo solicitaron mediante un proyecto que debían presentar los intendentes, previa firma del convenio.