El juez federal Claudio Bonadio está llevando a cabo el juzgamiento de la causa más polémica e importante en lo que a corrupción respecta, la de los cuadernos, y en ese sentido, no deja nada librado al azar.

Meticuloso y puntilloso, escucha a cada uno de los imputados y a quienes parecen tener cierta responsabilidad o información respecto de la causa, con decenas de detenciones y cientos de declaraciones avanza sin tener reparo alguno.

La última semana se dieron acontecimientos desmedidamente importantes para lograr avanzar eficientemente en la instrucción de la causa de marras: citación a indagatoria de una centena de empresarios, procesamiento de 92 intendentes y declaraciones en contra de un ex juez federal, Norberto Oyarbide, y de uno en ejercicio, Luis Rodríguez.

Tal parece que la herramienta mejor utilizada por Bonadio es la de la figura de imputado colaborador o “arrepentido” como es mayormente conocida.

Tal es así que la decisión del magistrado de volver a llamar a indagatoria a la senadora nacional Cristina Fernández, al otrora ministro de Planificación Julio De Vido y a 100 empresarios, se da luego de que el hombre detrás de las finanzas de los Kirchner, Ernesto Clarens, le brindara una extensísima lista para lograr quedar apadrinado bajo la figura de arrepentido.

Clarens apuntó a un grupo de empresarios que pagaban habitualmente sobornos con el propósito de quedarse con los contratos de las obras públicas, y entre esos empresarios se encuentra el primo del presidente Macri, Ángelo Calcaterra, complicado hasta los dientes en la causa, aunque apadrinado por el poder de turno.

El juez federal decidió indagar nuevamente a la ex presidenta ya que han aparecido nuevos hechos en la causa por los que aún no ha respondido. Falta que reviva sus dichos del año pasado: “Con el dólar a cuarenta me llaman a indagatoria” otra vez “¿Y si prueban con gobernar?”.

Respecto de los 92 intendentes procesados, Bonadio tomó la decisión argumentando un fraude contra la administración pública entre los años 2013 y 2015 que habría superado los 600 millones de pesos, aunque hay quienes aseguran que la cifra real de dicho ilícito supera holgadamente la mencionada.

Los intendentes y ex intendentes procesados gobernaron en ciudades de las provincias de Chaco, Santa Cruz, Chubut, Santa Fe, Tucumán, Rio Negro, Santiago del Estero, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes, Misiones, La Pampa y Buenos Aires. Pero ojo, para no despertar suspicacias es dable aclarar que solo 32 de estos funcionarios pertenecían a partidos peronistas, pero eso no libera de culpa y cargo al reinado del kirchnerato.

Sin embargo, lo más trascendido de la semana y que más celebridad cobró, fue un esquema de corrupción e irregularidad en el Poder Judicial, como para que digan que el Poder Ejecutivo no tiene ninguna incidencia en el trabajo de la Justicia. Como bien diría Cristinita “no nos quieran embaucar”.

El primero en quedar en el ojo de la tormenta fue Norberto Oyarbide, ya que durante los últimos meses del año pasado había sido cuestionado por sobreseer al matrimonio Kirchner por enriquecimiento ilícito, fundamentó que lo habían apretado hasta el “cogote”, aunque vale destacar es de poco fiar el doctor de la Ley.

Esta semana, esa sospecha tomó mayor impulso tras la extensa declaración de 11 horas de quien había sido contador de los Kirchner, aquel que manejaba todos sus números, Víctor Manzanares, una pieza más que clave en esta causa.

Claramente sus intenciones no son aparentar la buena voluntad, sino más bien lograr ser liberado de la prisión de Marcos Paz en donde se encuentra desde julio de 2017 bajo la figura de imputado colaborador.

Aunque a él le va a costar el doble que al resto, ya que, si bien el fiscal federal Carlos Stornelli le permitió quedar en la órbita de dicha figura legal, ello debe ser homologado por el juez Bonadio. Pero allí no quedan las cosas: Manzanares se encuentra detenido por la causa “Los Sauces”, no por la de los cuadernos que claramente ni se avecinaba en aquel frio invierno del 2017, así que la petición, antes de quedar firme, deberá ser elevada a los funcionarios judiciales que llevan adelante la última causa aquí mencionada.

No fueron casuales los dichos respecto de que Oyarbide estuvo al frente de la operación para desvincular jurídicamente a Néstor y Cristina por el desmesurado enriquecimiento Ilícito, según fuentes judiciales, Manzanares dijo que participó como perito contable en la causa siguiendo instrucciones del polémico ex juez federal.

Don Víctor quedó bajo la lupa en la causa de los cuadernos luego de ser señalado por un supuesto testaferro del ex secretario presidencial Daniel Muñoz, Sergio Todisco y por el otrora ministro de Economía de la provincia de Santa Cruz Juan Manuel Campillo a fines del 2018.

Los dichos del cuestionado contador pueden lograr un avance más allá de la causa de los cuadernos, ya que sería la ventana que lograría abrir nuevamente la causa que había cerrado Oyarbide gracias a la doctrina de la cosa juzgada irrita.

Una gran coincidencia: cuando el juez Norbertito dijo que lo habían apretado mencionó a dos personas, el ex peso pesado de la exSide Jaime Stiuso y Javier Fernández que, no casualmente son cercanos al juez Luis Rodríguez, otro que quedó expuesto esta semana tras las declaraciones de quien fuera la ex mujer del fallecido ex secretario de los Kirchner Daniel Muñoz, Carolina Pochetti.

Rodríguez estaba al frente de la instrucción de una causa por compras de bienes por parte de Muñoz y Pochetti en Estados Unidos, sobre todo en Miami, pero, según declaró la viuda del otrora presunto testaferro de los Kirchner, le pagaron una suma millonaria al juez para ser favorecidos.

Luis Rodríguez es un magistrado polémico desde su debut, ya que, hace siete años, cuando fue designado a su cargo, se empezó a correr un rumor hoy esclarecido: se habría copiado el examen, no obstante fue designado a dedo por el antes mencionado auditor general de la Nación Javier Fernández.

Ya de por sí el año pasado había quedado en la mira del Consejo de la Magistratura por mal desempeño en el ejercicio en su cargo como funcionario público al ser acusado por beneficiar a Muñoz y Pochetti lo que le costó el apartamiento en octubre último.

Pero ello no es todo, diputados pertenecientes a la Coalición Cívica que lidera Elisa “Lilita” Carrió, enviaron una denuncia aún más pormenorizada que la que habían mandado en noviembre pasado al organismo que se encarga de evaluar el accionar y rendimiento de los jueces.

Ellos son los diputados Paula Oliveto, Juan López y Mariana Zuvic, quienes buscan que Rodríguez sea desplazado de su cargo mediante juicio político.

La que no quiso quedar afuera fue la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, al mencionar en su cuenta oficial de Twitter que “la confesión de Pochetti abona lo que muchos marcamos hace tiempo”.

Además rememoró que “La OA impidió que el Juez Luis Rodríguez sobreseyera irregularmente al segundo de Zannini, Carlos Liuzzi, y tuvimos que pedir su apartamiento de la Causa Yacimientos Carboníferos de Rio Turbio (YCRT)”.

En la actualidad, Rodríguez está siendo puesto en tela de juicio por el Consejo de la Magistratura, no en uno, sino que en dos expedientes abiertos como consecuencias: una de la denuncia de la Coalición Cívica, y la otra por parte del abogado Ricardo Monner Sans.

Quizá sin darnos cuenta nos encontramos viviendo en el reino del revés, ya que, tal como dice María Elena Walsh en la canción homónima: “Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez y que dos y dos son tres”, nunca una definición fue tan acertada.