En su libro "El negocio de los derechos humanos", el periodista Luis Gasulla devela de manera impecable el modo en que los Derechos Humanos pasaron del idealismo impoluto al barro de la corrupción y los negociados y como Néstor Kirchner, líder de una administración -que jamás recibió a estos organismos durante años y años- de intendencias y gobernaciones patagónicas, terminó embanderado como caudillo en la defensa de esos mismo Derechos Humanos que siempre despreció.

Los Derechos Humanos fueron, ni más ni menos, la matriz de lo que hoy conocemos como "El relato", una bandera que pasó a ser fundamento de la hegemonía política de los Kirchner.

Una parte de los Derechos Humanos del kirchnerismo estuvo conformada por encarcelar a miembros de las Fuerzas de Seguridad que actuaron durante la época del proceso, pero con una particularidad: muchas de las acusaciones —no todas, pero muchas— a miembros de esas fuerzas, especialmente del ejército y de distintas policías provinciales, fueron inventadas.

Los fines eran dos: El primero, lógicamente, político, y el segundo otorgar indemnizaciones y subsidios a personas que, en muchísimos casos, jamás fueron víctimas de persecuciones políticas.

Tribuna de Periodistas entrevistó a uno de los abogados defensores de algunos miembros de una de las Fuerzas de Seguridad involucradas, hoy encarcelados por estos juicios.

Debemos aclarar que la persona entrevistada prefiere mantener en reserva su identidad para evitar involucrar a sus defendidos.

-¿Cómo comienza la trama para generar causas que son inventadas para encarcelar a miembros de distintas fuerzas de seguridad?

-Debemos comenzar diciendo que todo obedece a un interés económico, por un lado, pero fundamentalmente a una cuestión política. Esto es una especie de revanchismo que tienen los viejos dinosaurios militantes de izquierda de los 70.

No por casualidad esta movida comienza en las provincias del Norte, ya que allí era mucho más fácil. Fíjese que en su mayoría se trata de gobiernos provinciales que han estado muy identificados con el kirchnerismo, donde casualmente la inmensa mayoría de jueces y fiscales fueron puestos a dedo por los gobernadores.

Apenas asumió Néstor Kirchner la presidencia de la nación, los miembros de La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) comienzan a ser anoticiados de manera extra oficial de que comenzarían los juicios de "lesa humanidad".

A partir de ahí comienzan a recolectar datos y denuncias. Las denuncias fueron miles, de las cuales muchas se filtraron de tan burdas que eran. Luego, como todos sabemos, interviene la Secretaría de Derechos Humanos para comenzar a formalizar y presentar las que finalmente quedaron.

Incluso la misma secretaría de DDHH hacía propaganda en los medios de comunicación informando que si "usted estuvo detenido durante los años 1976 y 1983" podía presentarse para reclamar por una indemnización.

-¿Cómo se armaron las causas?

-De una manera increíble... primero se ubicaban a los funcionarios -principalmente policías- más conocidos en cada ciudad. Luego se buscaban personas que hayan estado detenidas en esa época, sin importar el motivo de esas detenciones, por supuesto, y que conocieran a los policías que ya habían sido seleccionados.

Lo más increíble es que los que iban a ser denunciantes eran adiestrados en las mismas fiscalías, donde les decían absolutamente todo lo que luego, en el juicio, debían declarar.

Muchas de estas personas que recibieron indemnizaciones por detenciones ilegales, la mayoría, le diría yo, son personas que realmente estuvieron presas o arrestadas en comisarías por cuestiones políticas, pero otros por delitos comunes.

-¿En qué consistía el adiestramiento que se les daba a los denunciantes?

-A todos se les decía que tenían que declarar más o menos lo mismo o por lo menos parecido, pero todos tenían un común denominador, hacer énfasis en que habían sido torturados. Eso lo puede ver cualquiera en cualquier declaración. Llama poderosamente la atención que todas las declaraciones de estas personas son muy parecidas, casi idénticas.

-¿Quién daba las instrucciones de cómo se debía manejar todo?

-Eso no lo sé, pero lo que sí le puedo decir es que quien bajaba línea y controlaba todo era el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, por orden de Néstor Kirchner, por supuesto.

-¿Cuándo y cómo comienzan las detenciones?

-No por casualidad durante la semana santa de 2004. Por ejemplo, en el las provincias del norte, entre martes y miércoles detienen unas cuarenta personas, o más. Se los incomunica y se les presenta, además de los cargos de estas causas inventadas, causas viejas, de los años 70 como para darle un mayor sustento a las detenciones. Lo grave de todo esto es que además de juzgar a estas personas con causas falsas, se les suman causas prescritas.

Lo descabellado es que argumentan que las causas viejas no prescribieron porque son caratuladas como delitos de lesa humanidad, pero los delitos de lesa humanidad no prescriben. Sin embargo, pasarían a ser de lesa humanidad cuando se derogan las leyes de obediencia debida y punto final, pero cualquier abogado sabe que a partir del nacimiento de una ley, esta no se puede aplicar de manera retroactiva. De hecho, la ley penal no puede ser retroactiva si perjudica al imputado.

Pero no solo eso. Tampoco, estos supuestos delitos que fueron inventados serían delitos de lesa humanidad, ya que para ser lesa humanidad deberían tener ciertas características, como por ejemplo genocidio. Partamos de la base que se inventó un número como el de los 30.000 desaparecidos porque necesitaban una cifra significativa precisamente para poder tener una excusa y así hablar de "genocidio".

-¿Cómo se acreditaban las indemnizaciones por detenciones?

-El juzgado le daba a cada denunciante un certificado acreditando que la denuncia estaba en trámite.

La certificación era enviada a la secretaria de DDHH y elevada al ejecutivo para decreto de pago. Luego se remitía al congreso donde bajo el lema de reparación diputados y senadores aprobaban las leyes, y ahí comenzaba el circuito de los pagos indebidos.

O sea que solo con eso la persona en cuestión se presentaba en la Secretaría de Derechos Humanos y al poco tiempo comenzaba a cobrar el subsidio y la indemnización, que son dos cosas distintas.

Las indemnizaciones, que en aquel momento eran de aproximadamente 250 mil dólares se les dieron a los familiares de los desaparecidos, y el subsidio, más una indemnización a personas que estuvieron detenidas.

-¿Cuantos son, o fueron los detenidos?

-Cuando comenzó la cacería, entre los años años 2003/4/5 se detuvieron aproximadamente unos 400/500 entre ex polícías, gendarmes, prefectos y militares.

Durante los 12 años del kirchnerismo fueron unos 2500, quizás más.

-¿Todas las personas que hicieron denuncias cobran o cobraron?

-No, no todas. Por ejemplo, hubo denuncias de personas que estuvieron presas por delitos comunes pero que no pudieron demostrar que estuvieron presos por cuestiones políticas. Sin embargo, todos esos denunciantes cobraron una especie de "propina", que no era poco por cierto, por haber participado.

¿Por qué cree usted que el estado no reconoce de la misma manera a las víctimas del terrorismo?

Porque si el estado reconoce a las víctimas del terrorismo estarían aceptando que hubo un bando armado paralelo, un ejército irregular. De ser así, entonces, si los crímenes de las fuerzas del estado son de lesa humanidad también lo serían los de los terroristas.

En este punto permítame decirle que de ninguna manera se desconoce que durante la época del proceso se produjeron muchos excesos, y excesos aberrantes. Ahora bien, la pregunta es: ¿por que inventar causas de delitos que no se cometieron? ¿por que inventar una cifra de 30.000 desaparecidos?

La cifra oficial de desaparecidos es de 6.348, que por supuesto es una barbaridad, pero el número de 30.000 es un invento, un invento que hoy no quieren reconocer tal vez por miedo a quedar expuestos, especialmente en el otorgamiento de estas indemnizaciones que son millonarias.