“Había que despertar en el pueblo un sentimiento de vergüenza por los delitos que mancharon doce años de nuestra historia, y denuncié a quienes indirecta o directamente vindican ese espacio de infamia”. Jorge Luis Borges

En general, las necesidades electorales de algunos y la desesperación por la pérdida de la impunidad de otros generan situaciones repugnantes. Diario La Nación publicó una desagradable noticia que pasó desapercibida en medio de los planes para reducir los precios de los artículos de la canasta alimentaria, de las disputas políticas de baja estofa y de la detención de Julian Assange, que tanto ha dividido a la opinión mundial.

En ella, Lucrecia Bullrich listó quiénes asistieron a una cena en Palermo; entre otros, reunió a Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, Marcelo Tinelli, Miguel Pichetto, Daniel Vila, Rodolfo D’Onofrio y Facundo Manes. Hasta allí, una cita más de los electrones libres que pululan en el peronismo alternativo, el radicalismo, la televisión, el fútbol y las empresas. Pero también estuvo presente Sebastián Eskenazi y, como dicen los jóvenes, allí se pudrió todo. Según trascendió, otro prócer de este país decadente faltó a la cita: el banquero Jorge Brito; de haber asistido, alguien hubiera gritado ¡bingo!

Porque don Sebastián y su padre, Enrique Eskenazi, fueron eslabones fundamentales de la siniestra cadena montada por Néstor Kirchner y su viuda para saquear, como nunca antes, a la Argentina: no solamente operaron desde su banco la fuga de los famosos “fondos de Santa Cruz” –los US$ 1.100 millones de la Provincia que desaparecieron en las cuentas extranjeras privadas de su entonces Gobernador- sino que actuaron como testaferros en la apropiación del 25% de YPF, un truco de ilusionismo que le costó al país el autoabastecimiento energético y le generó un gasto superior a los US$ 50.000 millones en importación –además, sobrefacturada- de gas licuado.

Pero no se agotó así la vocación ladrona de los cómplices, ya que aún pretenden robar otros US$ 5.000 millones con un juicio promovido en los Estados Unidos contra el Estado. ¿Somos conscientes de la magnitud de los montos involucrados? ¿Y de qué relación tienen con el 32% de pobreza y la pauperización de la educación y de la salud, la inflación y el endeudamiento?

Es sabido que aquí no existe la condena social a los corruptos y a los cleptómanos, que circulan libremente por la calle y son invitados a los más rumbosos eventos públicos, donde son fotografiados por la prensa amarilla y cholula. En cualquier sociedad civilizada y con férreas reglas morales, muchos de los asistentes no se hubieran siquiera sentado a esa mesa, ya que al hacerlo se convertían en inmorales cómplices de la impunidad, y los corruptos estarían escondidos en sus madrigueras para evitar el castigo que, sin duda, les impondrían sus tribunales; entre nosotros, hasta cenan con los jueces que deberían juzgarlos o duermen las causas que los complican. ¡Teléfono para los jueces Ariel Lijo y Claudio Bonadio!

Pero cuando la Argentina nació, ya la violación de la ley y el contrabando formaban parte de su ADN; nada ha cambiado desde entonces, como no sea el agravamiento de los hechos y el suicidio colectivo de un país que, hace cien años, era una verdadera potencia y la quinta o sexta economía mundial.

Me pregunto cuáles habrán sido, en la reunión en cuestión, amén de las viandas y los mostos, que imagino exquisitos, los favores prometidos e intercambiados entre los asistentes: ¿alguna forma de amnistía para los funcionarios, empresarios y banqueros ladrones?, ¿fondos frescos (y negros) para las campañas políticas, anoréxicas desde el estallido de los “cuadernos”?

Las agencias anticorrupción, con toda lógica, avanzaron esta semana ante la Justicia buscando el procesamiento por lavado de dinero de los protagonistas de esa causa. Y digo que es totalmente razonable que lo hicieran, ya que el producto de los sobreprecios que el Estado se vio obligado a pagar en todas, todas las obras públicas del kirchnerismo, terminó en cuentas del exterior de ex-funcionarios y hombres de empresa y luego fue objeto del blanqueo, pese a su origen ilícito.

Para completar el cuadro del fangal siniestro en que se mueve la Justicia, que describí la semana pasada, recomiendo una imprescindible nota de Andrea Palomas Alarcón.

Finalmente, aplaudo el tardío (llegó cuatro años después) decreto del Gobierno para autoimponer al Ejecutivo nacional un claro procedimiento que impida o, al menos, dificulte la continuación de la corrupción sistémica que tanto nos ha costado; sería deseable que los otros poderes, el Legislativo y el Judicial, hicieran suyas esas mismas normas, y que éstas se replicaran en las distintas administraciones provinciales. Como se ve, adoro las utopías.