“Señora de ojos vendados, con la espada y la balanza a los justos humillados no les robes la esperanza. Dales la razón y llora porque ya es hora”. María Elena Walsh

Debo confesar, sin ambages, que la principal sensación que hoy me embarga es el asco; es tan fuerte que he asumido el compromiso íntimo de dejar de ejercer mi profesión de abogado, después de más de cincuenta años, tan pronto concluya el último juicio que atiendo.

En la Argentina, la Justicia ha dejado de existir hace tiempo, pero las manifestaciones actuales de esa muerte son tan graves que no podría aceptar nuevos clientes a los cuales prometerles proteger sus legítimos derechos. Porque ya no sé si serán juzgados con apego a la ley o si, por el contrario, serán víctimas de la arbitrariedad y de la ignorancia de los jueces o de los inmundos intereses políticos o monetarios de los poderosos.

Estamos asistiendo a un trágico sainete: los tribunales orales federales que habitan en Comodoro Py se han dedicado los últimos días a jugar a la “mancha venenosa” con las causas en las que se investigó -y se deberían juzgar- los hechos que jalonaron el período en que se produjo el mayor saqueo que pueda recordar nuestra historia. Ningún juez quiere asumir esa tarea porque los duros vientos de la política están impactando en las veletas que coronan sus testas, que son las que siempre determinan los procederes de los magistrados, que especulan con los plazos procesales para evitar asumir las obligaciones que el ejercicio de sus cargos implica.

Traduzco: ante la probabilidad de un regreso del kirchnerismo al poder, y sabiendo de la espada vengadora que trae en la mochila, el terror cunde en los despachos y los pasillos del emblemático edificio. Los tribunales recurren a triviales argumentos para apartarse de las causas más resonantes –Los Sauces, Hotesur, etc.- y enviarlas nuevamente a sorteo para que otros colegas se hagan cargo; éstos, a su vez, repiten el procedimiento y la calesita sigue girando al ritmo del tango “Las cuarenta”.

Todo eso implica que Cristina llegará a las distintas etapas electorales sin haberse sentado en ninguno de los juicios orales que la afectan. En ese objetivo coinciden su preocupación por la suerte de su hija, la cobardía de los jueces y la intención del Gobierno de tenerla como único sparring en las elecciones de octubre. ¿Terminará todo esto en impunidad generalizada que garantizará el peronismo, como siempre ha hecho a lo largo de la historia?

Esta situación no es nueva, ya que viene repitiéndose ininterrumpidamente desde que el menemismo prostituyó a la Justicia federal con sobres de dinero que repartía, comprándole impunidad, la Secretaría de Inteligencia del Estado con sus fondos reservados.

Pero el episodio de la ya innegable fuga de Florencia Kirchner a Cuba, inexplicablemente autorizada por quienes debían impedirla, es la frutilla que coronó el indigesto postre. Y su sabor se hace más desagradable aún con la condescendencia y tolerancia que muestran los jueces ante su notoria desobediencia a las órdenes de presentar su historia clínica y regresar al país. ¿Dónde está entonces la igualdad ante la ley?

Ahora están preocupados por el vencimiento de la prisión preventiva de Lázaro Báez, ya que ha pasado en prisión tres años, y sólo la extendieron por ocho meses más. ¿Y qué hay de los presos políticos del kirchnerismo, 500 de los cuales llevan más de diez años en esas condiciones, mientras Cambiemos mira para otro lado?

Y qué decir del escándalo que constituye la causa instruida por el Juez Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, donde ruedan en el fango vociferantes y arrepentidos espías, falsos abogados, extorsionados y extorsionadores, ofreciendo un espectáculo indigno por donde se lo mire.

Pero, ¿qué se puede esperar de los tribunales inferiores si la propia cabeza del Poder Judicial, la Corte Suprema, se ha convertido en una bolsa de gatos, que exhibe impúdicamente sus bastardos “sensualismos de camastros”, como diría Leopoldo Lugones?

¿No fue su ex Presidente, Ricardo Lorenzetti, quien se dio el lujo de decir públicamente que la persecución a los militares que derrotaron a la subversión, desatada arteramente por Néstor Kirchner, era una “decisión consensuada” con los demás poderes como política de Estado?, ¿no ha ratificado ahora esta Corte que para ellos no rigen los esenciales principios de inocencia y de ley más benigna?

Es la primera obligación de todos los ciudadanos luchar para recuperar la Justicia, porque ella debe ser la verdadera defensora de nuestros derechos frente al Estado y la custodia del cumplimiento de nuestras obligaciones para con él, tal como lo establece la Constitución Nacional, ese contrato que nos permite vivir en sociedad, que firmamos y hemos dejado de cumplir hace muchas décadas. Con una Justicia preparada, imparcial y rápida, todo será posible; sin ella, nada lo será.