Este domingo, Jorge Lanata mostró un informe detallando quiénes son los candidatos con prontuario, cuyas afinidades político-partidarias abarcan todos los espectros (ver al pie).

Algunos están procesados, otros presos. Sin embargo, la Justicia les permite presentarse en las elecciones porque no tienen una condena firme.

En el Congreso se debate la posibilidad de modificar la normativa. De esta manera, no permitirán que se postulen si tienen una pena en segunda instancia. Algunos de ellos hasta ya fueron electos.

Por ejemplo, el intendente electo de la localidad tucumana de Tafí del Valle, Francisco Caliva, fue condenado a tres años de prisión en suspenso por atropellar y matar a Gustavo Álvarez, un adolescente de 15 años, en 2015. La Justicia lo inhabilitó a manejar por siete años.

El funcionario ganó las elecciones municipales en junio. La mamá de la víctima, María Astorga, denunció que el dirigente del oficialismo provincial conducía a 130 km/h cuando chocó a su hijo.

Carlos Flores fue reelecto como intendente de Candelaria, Misiones, en las elecciones provinciales. El dirigente está acusado de haber utilizado fondos del municipio para construir un hotel alojamiento. Además, tiene una denuncia por violencia de género de su expareja.

En esa misma línea, el intendente del pueblo Corral Quemado, ubicado al norte de la ruta 40 en Catamarca, Enrique Ayber, enfrenta dos causas penales por abuso sexual. El primer caso ocurrió cuando era director de la escuela municipal. La menor tenía 13 años. La madre contó que lo enfrentó públicamente, él la amenazó de muerte y de dejarla sin trabajo. Además, tiene otra causa de violación a una adolescente de 15 años en la capital de Catamarca. La joven lo denunció y toda su familia se quedó sin trabajo en la municipalidad porque habían salido a marchar por Justicia.

En diciembre de 2017, Mario Secco, intendente de Ensenada, irrumpió en la Legislatura acompañado por una patota de militantes. Está procesado por coacción agravada, perturbación de la función pública y desobediencia de la autoridad. Pero el funcionario se presentará en las elecciones para obtener la reelección.

En tanto, Alejandro Collia, exministro de Salud durante la gobernación de Daniel Scioli, es candidato por el Frente de Todos para mantener una banca en el Consejo Deliberante de Tres de Febrero.

Por su parte, Rubén Martínez está preso en Caleta Olivia, Santa Cruz. El candidato está acusado de haber violado a una nena de ocho años que convivía con él. Aunque el afirma que es inocente. Por eso, decidió postularse a intendente de la ciudad a través de una carta desde la cárcel. Además, tiene otra denuncia por haber entregado terrenos privados del Barrio de Dios a un grupo de familias como si fueran parcelas estatales.