Este miércoles, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial dispuso elevar a la Corte Suprema la causa en la que se investigan supuestas anomalías en el acuerdo de pago de deudas de la empresa Correo Argentino SA al Estado nacional, en el marco de un concurso de acreedores.

En la resolución, que hizo lugar a un recurso de la Procuración del Tesoro y lleva las firmas de las juezas María Gómez Alonso y Matilde Ballerini, se consideró que aunque la jurisprudencia del máximo tribunal "reiteradamente ha expresado que pese a que el remedio extraordinario federal resulta inadmisible cuando se halla en juego la interpretación de normas de carácter procesal, cabe realizar una excepción a dicha regla cuando lo decidido podría comprometer las instituciones básicas de la Nación y su patrimonio".

Es que el organismo que agrupa a los abogados del Estado mencionó en su recurso extraordinario que habría una situación de "gravedad institucional".

La Cámara sostuvo que "habida cuenta de que la decisión atacada es recurrida por el Estado nacional invocando estar en juego principios esenciales de orden social -cuyas consecuencias podrían proyectarse sobre instituciones básicas del sistema republicano de gobierno-, júzgase que, ante la duda y el carácter del recurrente, pudiendo entenderse que están en juego la defensa del interés de la sociedad nacional como un todo, corresponde eventualmente acceder favorablemente a lo pretendido".

El Correo había hecho una propuesta de pago pero la Procuración solicitó a la Justicia un plazo no menor a 120 días para pronunciarse al respecto. La Cámara rechazó esa pretensión y el cuerpo de abogados insistió alegando la "gravedad institucional", por lo cual el tribunal de alzada concedió el recurso.

En paralelo, se supo de fuentes judiciales que la jueza de primera instancia Marta Cirulli resolvió designar a un coadministrador del Correo Argentino SA, que ya está a cargo de síndicos porque se encuentra en concurso de acreedores.

A fines de agosto, la Cámara Federal porteña había avalado la investigación del juez Ariel Lijo en la causa, al confirmar los rechazos dispuestos del magistrado a los planteos de nulidad y de excepción por falta de acción formulados por las defensas de los acusados, entre los que se encuentra el ministro de Defensa y ex ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad.

Además de Aguad, la causa tiene imputados al ex director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones Juan Manuel Mocoroa; el presidente del Correo Argentino SA, Jaime Cibils Robirosa, y al abogado de la compañía Jaime Leonardo Kleidermacher.

Los imputados habían cuestionado el dictamen de la fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, quien se opuso a la aprobación del acuerdo entre la empresa y el Estado al advertir que era supuestamente desventajoso para las arcas públicas, hecho que luego generó la denuncia penal que cayó en el juzgado de Lijo.