Alberto Fernández siempre miró con recelo a la inteligencia argentina. Quizás porque en algún momento él mismo fue víctima de los sigilosos movimientos de los espías vernáculos. Corría el mes de agosto del 2009 cuando le advirtieron que un grupo de inteligencia seguía de cerca sus movimientos.

Alberto se puso en alerta y empezó a notar cosas extrañas a su alrededor. Caras que se repetían en los pasillos de la facultad, taxis que siempre rondaban las cercanías de su casa y misteriosos ecos que retumbaban y hacían difíciles sus comunicaciones telefónicas.

El ex jefe de gabinete llevaba casi un año afuera del gobierno y empezaba a experimentar el rigor kirchnerista.

Eran tiempos álgidos de la guerra con el campo y a Fernández se le había ocurrido intercambiar mensajes de texto con el vicepresidente Julio Cobos.

Cristina y Néstor Kirchner interpretaron con criterio conspirativo esos movimientos y actuaron en consecuencia. A los pocos días, algunos colaboradores cercanos al ex jefe de ministros, que aún resistían en sus cargos, empezaron a ser desplazados.

Fernández tuvo entonces la certeza de que lo estaban escuchando y decidió hacer una denuncia mediática que fue recogida con suma rapidez por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.

La magistrada, de estrechos vínculos con la inteligencia local, comenzó a investigar la presunta existencia del delito de violación de secretos de Estado.

“Me duele y me molesta. Me parece que es una mala práctica”, sostuvo por radio la misma mañana que Fernández se presentó en los tribunales para brindar su declaración testimonial.

No era la primera vez que el ex jefe de los ministros había sido blanco de maniobras de inteligencia. Fernández también había denunciado, en 2006, que sus cuentas de correo habían sido infiltradas, en plena polémica pública por la denuncia de un grupo de periodistas, legisladores y jueces de que estaban siendo espiados a través de “teléfonos pinchados” e intervenciones en las casillas de mails.

Por situaciones como éstas es que el candidato del Frente de Todos le reveló a varios de sus asesores más cercanos que si le toca gobernar a partir del 10 de diciembre “quiere desactivar la Agencia Federal de Inteligencia”.

Ya en su momento, Alberto había declarado (antes de ser candidato) que el funcionamiento de los servicios "es un problema que hemos vivido en todos los gobiernos de la democracia".

Una postura similar solía exponer en las famosas cenas con sus amigos de la política cuando alternaban entre los restaurantes Novecento y El Histórico, en la calle México, en el corazón de San Telmo. De algunos de esos encuentros participó el ex canciller Rafael Bielsa un comensal ideal para esas noches de acaloradas tertulias políticas.

Ahí, cuando ni siquiera existía el sueño presidencial y era todo rosca de cara a la unificación de peronismo, varios de los presentes lo escucharon repetir: “la AFI es un lugar que le hace mal al país y hay que detonarlo son generar un mal mayor”.

Fernández considera que “se necesita una estrategia de derrumbamiento ordenada” y no descarta el dictado de una nueva ley que reordene algunos de los principales conceptos que se desprenden de la ley 25.520 de inteligencia nacional.

“Hay una dicotomía en el entorno de Alberto, algunos creen que hay que implosionar a la ex SIDE y otros creen que eso no es tan sencillo porque rápidamente se te puede volver en tu contra”, explicó una fuente de inteligencia que suplicó no ser mencionada.

Es que el temor que genera el accionar de los espías locales hace que muchos analicen el tema bajo el condicionamiento del silencio más absoluto.

En su momento, el propio Fernández fue muy crítico de las decisiones que tomó Cristina Fernández de Kirchner en 2014 cuando pateó el hormiguero y corrió a la cúpula de la ex SIDE sacando del organismo a Héctor Icazuriaga, Francisco “Paco” Larcher y Jaime Stiusso y nombrando en su lugar a Oscar Parrilli y Juan Martín Mena.

Hoy a la distancia, el análisis es otro. Fernández considera que esa reforma quedó a mitad de camino y que se debiera encarar una actualización legislativa que regule el accionar de algunas empresas privadas de inteligencia que se dedican a la trabajar para el séctor corporativo.

“No puede ser que haya grupos privados de inteligencia que manejen más información que la propia AFI”, dicen cerca del candidato.

También en el entorno del ex jefe de gabinete ven con preocupación “la herencia” que pueden recibir en el organismo: “en la AFI sacaron a toda la gente de carrera con formación profesional en inteligencia para poner policías, militares o profesionales que nada saben de la materia”, se quejan y citan el caso de los comisarios bonaerense Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, actualmente detenidos por el escándalo de la causa D´Alessio.

También dan cuenta de una de las últimas polémicas designaciones en la inteligencia militar. Hace pocos meses, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, designó al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (Dniem) a la abogada Marianela Marzi, quien venía ejerciendo funciones en el Consejo de la Magistratura porteño como secretaria letrada aunque muchos reconocen en su vínculo con Daniel Angelici la clave de su llegada a un área tan sensible.

En los equipo técnico de Alberto Fernández, que coordina Nicolás Trotta, no hay ningún especialista directo en materia de inteligencia. El área más cercana es abordada por Germán Montenegro, especialista en temáticas de seguridad (militares y policías), con enfoque en narcotráfico.

La política de inteligencioa simboliza para el candidato un verdadero desafío político. Quizás por eso reserva el abordaje del tema a esporádicas conversaciones con dos de los dirigentes de su máxima confianza: el ex ministro de Justicia, Alberto Iribarne y el ex titular de la Oficina Anticorrupción, Julio Vitobello. Los tres coinciden en que el delicado mundo de los espías es un agujero negro tan peligroso como enigmático. A24