El superávit primario que viene mostrando la mayoría de las provincias desde 2018 podría tener fijada su fecha de vencimiento en 2020, año en el que se completará el reintegro gradual de la masa de recursos de la Coparticipación Federal que se destinó durante un cuarto de siglo al financiamiento del sistema previsional.

La mejora en las cuentas públicas de las provincias no puede ser analizada sin tener en cuenta el aporte de recursos a sus arcas que representó el denominado “Acuerdo por el Nuevo Federalismo”, que a partir de 2016 estableció una devolución a los estados del interior del 15% de la masa coparticipable que se derivó entre 1992 y 2015 a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) para financiar la transición del régimen previsional de reparto al de capitalización.

Más allá de los progresos en materia de administración fiscal que pudieron haber realizado algunas gobernaciones, esa billonaria restitución de recursos marcó una divisoria de aguas en materia de distribución de recursos federales, mucho más si se toma en consideración que la participación de la recaudación propia es minoritaria en el grueso de las provincias.

El reintegro gradual, a razón de 3 puntos porcentuales por año entre 2016 y 2020, implicó en un aumento de la participación de las provincias en la distribución de la recaudación federal, que del 40,5% en 2015 se elevó a 43,3% en 2016, 44,5% en 2017 y 47,2% en 2018, en tanto se prevé que finalizará este año en el 49,5% y llegará en 2020 a contar por primera vez en décadas con más de la mitad de los recursos federales, con el 50,3%, de acuerdo con las proyecciones del mensaje adjunto al proyecto de ley de Presupuesto presentado el 16 de septiembre por el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza.

En valores absolutos, ese aumento en la participación de la recaudación federal se reflejó en un incremento de las transferencias de coparticipación de más de un billón de pesos entre 2015 ($ 659.074 millones) y 2018 ($ 1.737.873,8 millones)

A pesar de esa significativa mejora, el resultado consolidado de 2019 será de un superávit primario de solamente $ 34.735 millones, que se elevaría a $ 42.394 millones en 2020, con déficits financieros de $ 149.640 millones y $151.679 millones, respectivamente.

Por otra parte, el incremento de recursos no fue suficiente para que se incurra en el incumplimiento de las rebajas de alícuotas en algunos impuestos provinciales como Ingresos Brutos y Sellos comprometidas en el Consenso Fiscal de 2017.

Al respecto, la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP)  destacó que “ese comportamiento se ha repetido varias veces en la historia reciente, lo que demuestra la necesidad de contar con reglas fiscales que no sean excesivamente rígidas”.

En ese sentido, propuso la inclusión de las denominadas “cláusulas de escape”, que deben estar “bien especificadas y delimitadas, para poder enfrentar situaciones de caída de la actividad económica dentro de la misma regla y no suspendiéndola”.

El incremento de la proporción provincial en la recaudación nacional contrasta con lo ocurrido en años anteriores, caracterizados por una participación menor que iniciativas como el desaparecido Fondo Federal Solidario no alcanzaron a neutralizar.

Así, en los últimos cinco años de la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner la participación provincial promedió el 40,1%, diez puntos porcentuales menos de lo que se prevé obtendrán el año próximo.

Sin embargo, las buenas noticias para las provincias tienen fecha de vencimiento: el crecimiento de su participación, que fue el principal fundamento de la mejora global de sus cuentas públicas, concluirá en 2020 con la finalización del reintegro de los recursos de la masa coparticipable.

En la medida que no se sancione una nueva ley de Coparticipación o se apruebe algún acuerdo que implique una mayor cesión de recursos federales, las provincias deberán recurrir a un importante ajuste del gasto para mantener el superávit primario, incluso más profundo que el que realizaron en su mayoría en 2018.

La posibilidad de un eventual acuerdo de esa naturaleza es remota en el actual contexto de estrecheces fiscales del Estado nacional, más allá del color político del próximo gobierno.

La detracción del 15% de la masa coparticipable se aprobó en el Pacto Fiscal del 12 de agosto de 1992, firmado por el presidente Carlos Menem y los gobernadores provinciales, entre los que se contaban tres futuros presidentes: Adolfo Rodríguez Saa de San Luis, Eduardo Duhalde de Buenos Aires y Néstor Kirchner de Santa Cruz.

Posteriormente, con la reestatización del sistema previsional algunas administraciones provinciales entendieron que la derivación de fondos había perdido su razón de ser y en consecuencia plantearon sus reclamos por la devolución de los recursos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Esos planteos fueron llevados a cabo por Córdoba, San Luis y Santa Fe, que obtuvieron sentencias favorables de la Corte en noviembre de 2015, luego de conocerse el resultado del balotaje que proclamó presidente a Mauricio Macri.

A esas tres provincias se les restituyó el total de los fondos a partir de 2016, en tanto a los 21 distritos restantes se les aplicó la devolución gradual, que finalizará el año que viene.

Los 24 distritos comenzarán 2021 con una situación diferente a la de los cinco años precedentes: los incrementos en las transferencias por coparticipación ya dejarán de crecer, a menos que un improbable crecimiento sustancial de la economía se traduzca en una importante mejora de la recaudación en términos reales.