Los principales protagonistas de la vida pública se realinean y adoptan conductas preventivas frente a lo que, suponen, será un cambio de signo en el poder. La mayoría de la Corte no es el único. Políticos, gremialistas y empresarios intentan adaptarse al nuevo escenario ajustando sus internas. La sorpresa ante el resultado de las PASO obligó a cierto apresuramiento que desnuda la estrategia más sistemática de las élites: el oportunismo.

El fallo que eximió a 15 provincias peronistas de tener que compartir el esfuerzo fiscal que, en el marco de una emergencia social, implican la reducción del IVA y el aumento del mínimo no imponible de Ganancias es parte de esta dinámica. Es un pronunciamiento extraño por varios detalles. El más curioso es el parecido con la sentencia que el 24 de noviembre de 2015, en otro interregno, devolvió a tres provincias los recursos coparticipables que venían reclamando. ¿Dónde radica la similitud? En que, en un momento en que las relaciones de fuerza se están modificando, varios jueces del máximo tribunal se solidarizan con los gobernadores. Es decir, se solidarizan con quienes controlan el Senado, que es la Cámara de la que depende, frente a cualquier eventualidad desagradable, su propia estabilidad como magistrados.

El motivo que sirvió a Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda para ratificar esa alianza cobija inquietantes consecuencias potenciales. El Poder Ejecutivo preparaba ayer un pedido de aclaración de la sentencia de la Corte cuyo argumento más relevante es el siguiente: los jueces reconocieron a las provincias un derecho a recibir un monto de recaudación determinado. Esa pretensión, formulada por la provincia de Entre Ríos, fue desestimada por el ministro Carlos Rosenkrantz, quien, solitario, sostuvo: "...la relación jurídica derivada del régimen de coparticipación entre la Nación y las provincias no otorga a estas últimas derecho ni expectativa jurídicamente exigible respecto de un determinado nivel de recaudación por parte del Estado Nacional...".

La relativización de este criterio es riesgosa para la Casa Rosada quienquiera sea el presidente. En especial en la perspectiva de una negociación con el Fondo Monetario Internacional. Lorenzetti, Rosatti y Maqueda acaban de conceder a los gobernadores un blindaje inapreciable ante cualquier reforma tributaria que pretenda ajustar las finanzas provinciales. Y es bastante previsible que uno de los requisitos de una reprogramación de los vencimientos de la deuda con el Fondo sea una reforma tributaria.

Alberto Fernández sería el más afectado por la decisión de los magistrados, en la medida en que es el que más chances tiene de ganar las elecciones. Él, que conoce bien el Estado, no ignora ese perjuicio. Pero debe callar. O, peor aun, debe bendecir lo hecho por la Corte. La estabilidad de una presidencia de Fernández también dependería, como la de los jueces, de los gobernadores. Ellos son indispensables para conseguir una base parlamentaria capaz de proveerle cierta autonomía frente a los, más o menos, 71 diputados de La Cámpora. En el Senado el objetivo es más exigente. Cristina Kirchner controlará entre 25 y 30 bancas. Un factor crucial para el destino de comisiones como Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda y, sobre todo, Acuerdos, que es la responsable de designar a los magistrados.

Los jueces y fiscales de Comodoro Py están registrando esta nueva cartografía. Ya tomaron nota, por ejemplo, del malestar que causó en el entorno de la expresidenta la versión de que el juez Ariel Lijo acercó al fiscal Carlos Stornelli con el abogado José Manuel Ubeira, quien sería víctima del espionaje clandestino de Marcelo D'alessio. El juez Lijo deberá remontar también los malos recuerdos que provoca su hermano, el gestor Alfredo, en el círculo de Fernández. Uno de los amigos del candidato, Claudio Moroni, suele recordar una incómoda visita de Alfredo Lijo, que precedió al procesamiento que le dictaría Rodolfo Canicoba Corral, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Siempre se atribuyó a Fernández hacer una gestión para que Página 12 censurara, en 2004, una nota del fallecido Julio Nudler que informaba sobre presuntas irregularidades de Moroni. Tan estrecha es su amistad. Es posible que, si Fernández se convierte en presidente, Moroni vaya a conducir la AFIP.

Como en la Justicia, también hay reacomodamientos en los partidos. En la coalición Cambiemos ya se abrió una disputa por el liderazgo. Las declaraciones de Martín Lousteau en Mendoza, después del triunfo de Rodolfo Suarez, el candidato a gobernador respaldado por Alfredo Cornejo, dieron una pista. Lousteau dijo que esa victoria demuestra que la ciudadanía respalda a los que gobiernan bien. Un elogio a Cornejo que pretende profetizar el triunfo porteño de Horacio Rodríguez Larreta, a quien Lousteau está asociado.

Y una descalificación implícita de Macri. Cornejo y Lousteau integran un eje que, dentro del radicalismo, incluye a la dirigencia porteña, liderada por Enrique Nosiglia. Ese bloque aspira a la conducción nacional del partido para, desde allí, influir sobre toda la alianza. Estos radicales calculan que Pro perderá peso relativo, ya que no aportará dos de sus tres grandes activos: la Nación y la provincia de Buenos Aires. Comienza a perfilarse, entonces, una asociación entre Cornejo, la UCR porteña, Larreta y María Eugenia Vidal. Son los aspirantes a liderar la oposición a un eventual gobierno de Fernández. Este nuevo Cambiemos, con un mayor protagonismo radical, compite con otro, encabezado por Macri y sostenido por Elisa Carrió.

La posible preeminencia del radicalismo en un Cambiemos reseteado tiene un significado ambivalente para una hipotética presidencia de Fernández. Cornejo, que sería decisivo en ese nuevo esquema, tiene un vínculo antiguo con el candidato kirchnerista. Ambos negociaron, a fines de 2006, la formación de la Concertación Plural que consagró al radical Julio Cobos vicepresidente de la señora de Kirchner. Pero para muchos radicales Fernández remite a otras experiencias. Una, la falsa denuncia contra el honorable Enrique Olivera, por cuentas bancarias que jamás habían existido. La otra, el impulso a la denuncia del arrepentido radical Mario Pontaquarto, por lo que se conoció como el caso de las coimas del Senado.

La reminiscencia de aquel escándalo se proyecta sobre esta campaña electoral. En aquel momento, Pontaquarto reveló que había denunciado los sobornos ante la revista Txt a cambio de 18.000 dólares. La publicación pertenecía al poderoso empresario farmacéutico Hugo Sigman. Eran tiempos en que Fernández controlaba el PAMI, a través de Graciela Ocaña, y la Superintendencia de Salud, con Héctor Capaccioli.

Sigman ha adquirido una gran relevancia durante el actual proselitismo. Defiende muchas de las propuestas de Fernández con más sagacidad que el propio candidato. Su publicación Le Monde Diplomatique critica con dureza la gestión de Macri, al mismo tiempo que difunde el programa del exjefe de Gabinete. Y, lo que es más llamativo, acaba de auspiciar, desde las páginas de Perfil, la incorporación de Juan Manzur a un gobierno kirchnerista, por ahora conjetural. La recomendación es curiosa por dos razones. Primero, es un inusual homenaje a la transparencia que alguien que lidera la industria farmacéutica, gran contratista del Estado, auspicie a quien fue ministro de Salud. Y a quien dice a quien quiera escucharlo que volverá a manejar el área en un eventual gobierno de Fernández. Segundo, es una insistencia tenaz, porque Fernández aclaró ya en Tucumán que Manzur no se incorporaría a su gabinete. Manzur, igual, hace méritos: tres semanas atrás proclamó al candidato como el nuevo jefe del peronismo. Un adiós, acaso prematuro, a Cristina Kirchner.

Son pormenores marginales. Lo digno de atención es que la preeminencia de Sigman en el empresariado y el protagonismo de Manzur en el frente federal se completan con el ascenso de Héctor Daer en el control de la CGT. Este triángulo es un componente esencial de lo que trae detrás de sí Fernández. Daer conduce el Sindicato de Sanidad, cuyo vínculo principal con el empresariado es la industria farmacéutica. Hoy habrá un encuentro de un amplio sector del gremialismo en la sede de los municipales porteños para delinear esa futura conducción. Que Daer ocupe un rol decisivo es determinante para el sueño de Fernández, defendido por Sigman, de un acuerdo económico y social. Para muchos de los participantes Daer ofrece una ventaja inapreciable: es un antídoto a la incorporación de Hugo Moyano. El camionero mira la escena en silencio. Está fastidiado por el escasísimo lugar que le otorgaron en el armado de las listas.

El sector energético es otro de los campos en los que se está inaugurando un nuevo juego. La colina en disputa es, como narró Hugo Alconada Mon en La Nación, YPF. Como en los otros casos, el pasado determina los conflictos. El expresidente de la empresa Miguel Galuccio intentó una aproximación con Cristina Kirchner. La consiguió con esfuerzo: lo hicieron viajar hasta Cuba para exponer sus propuestas. Sin embargo, la expresidenta viene escuchando a gobernadores muy próximos a ella que, en coincidencia con los sindicatos del sector, alientan la continuidad de Miguel Gutiérrez al frente de la empresa.

Es comprensible que Galuccio, que hoy opera la empresa Vista, esté inquieto con el ascenso de Fernández. El 22 de abril de 2012, seis días después de su incorporación a YPF como presidente, trascendió un contrato por el cual los Eskenazi, que habían sido desplazados junto a los españoles de Repsol, remuneraban a Fernández con 25.000 pesos por mes por tareas de consultoría. Tal vez por eso la señora de Kirchner siempre repite: "Los Eskenazi son amigos de Alberto, no míos".

Esa familia, que fue desplazada por Galuccio, festeja el avance de viejos aliados. No solo de Fernández. También de Sergio Massa, padrino de la incorporación de Diego Bossio a la petrolera. YPF puede ser un festival de atracciones para quienes se quedaron con 25% de la petrolera casi sin poner una moneda. Pero hay una inmediato: el resultado del juicio que, por la estatización, se sigue en los tribunales neoyorquinos. Los Eskenazi están asociados con el fondo Bulford en el resultado de ese pleito.

El gobierno de Macri viene avanzando con éxito en la defensa de la República y de YPF. Es crucial quien continúe con esa misión si hay un cambio de gobierno. © Diario La Nación